Colombia pierde más de USD$ 647 millones en impuestos a causa del alcohol ilegal

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Imagen: Pixabay
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Combatir el mercado de alcohol ilegal es unos de los mayores retos que tiene Colombia por superar, pues este problema manifiesta una gran pérdida fiscal y riesgos para la salud de los consumidores.

En Colombia, 1 de cada 4 botellas de licor que se consumen es ilegal, según el estudio ‘Mercado ilegal de bebidas alcohólicas LatAm 2017’, realizado por Euromonitor International.

Esta cifra está en línea con la media regional. Sin embargo, el mercado colombiano es el más perjudicado desde la perspectiva fiscal. Colombia es el país que más recursos deja de recibir por cuenta del mercado de alcohol ilegal en 3 países de Latinoamérica, con un total de USD$ 647 millones anuales por los impuestos que no pagan las mafias que se adueñan del negocio.

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El alcohol adulterado y el contrabando continúan siendo las ilegalidades más significativas. El primero representa un 52% del volumen LAE y el segundo un 29%. La falta de controles sobre la oferta de etanol que permite a los delincuentes comprarlo libremente, acceso fácil a tapas y etiquetas, es lo que promueve la adulteración de bebidas alcohólicas, indicó la consultora en un comunicado.

Adicionalmente, el estudio sugiere que la devaluación del bolívar permite que los licores venezolanos sean muy económicos, los cuales se utilizan para re envasar botellas de marcas nacionales e importadas de mayor valor, especialmente el ron y whisky.

Para Lourdes Chavarría, Directora de bebidas ilícitas de la firma internacional Euromonitor, la limitada aplicación de la Ley Anti Contrabando en ciertas regiones de Colombia y preferencia del consumidor hacia los precios más bajos son unas de las principales causas que promueven el consumo de alcohol ilegal.

En este sentido, Euromonitor destaca que países como Perú y México cuentan con una normatividad muy completa frente al control del etanol a partir de tres disposiciones: 1) la obligación de desnaturalización del alcohol etílico no destinado al consumo humano; 2) la obligación de registro del importador, productor y comercializador de alcohol etílico; y 3) la prohibición de venta de alcohol etílico por parte del consumidor final.

Chavarría concluye que “la adulteración de bebidas alcohólicas debe ser prevenida desde su proceso primario de elaboración, mediante el control del alcohol etílico desnaturalizado y sin desnaturalizar, medida que se justifica plenamente, ya que tiende a proteger los intereses de la sociedad al prevenir que productos no aptos para el consumo humano, pongan en riesgo la salud”.

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