Legalidad y emprendimiento: los retos de la SIC

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La Superintendencia de Industria y Comercio ha ganado relevancia durante los últimos años. Su labor de inspección y vigilancia en casos de cartelización y corrupción, así como de protección industrial y de datos, ha sido clave para incrementar la confianza empresarial y garantizar la legalidad y transparencia.

En diálogo con La Nota Económica, Andrés Barreto habla sobre los retos que recibe como representante de la entidad para incentivar prácticas transparentes dentro de las organizaciones y fortalecer el emprendimiento en el país.

Ahora que está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ¿cuál es el panorama que recibe? ¿Qué retos saltan a la vista?

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La SIC es una entidad que funciona muy bien. Es robusta presupuestalmente y cuenta con seis delegaturas. Además, ha tenido un desarrollo importante en términos de estructura orgánica y capacidad institucional.

Algo muy importante es que la población identifica qué hacemos. La SIC ha hecho una labor pedagógica profunda en materia de protección al consumidor, propiedad industrial, competencia, metodología legal y reglamentos técnicos. Eso permite que nos destaquemos como una de las entidades del Estado que mejor funciona.

Al ser una entidad de inspección, control y vigilancia tiene procedimientos, competencias y funciones regladas en la Constitución y en la ley. Creo que el reto principal es fortalecer la protección del consumidor, de los datos y la competencia, desarticulando cualquier organización que atente contra ello.

Otro desafío es el de la propiedad industrial. Nada sacamos con tener modelos de invención, marcas y patentes registrados si eso no tiene ningún crédito o ninguna cristalización económica. Entonces, de la mano del Gobierno estamos mirando qué deficiencias hay en materia de emprendimiento y legalidad.

Por otra parte, queremos trabajar sobre el cumplimiento y compliance. Desde la Superintendencia buscamos elaborar las guías e invitar a los actores del mercado para que se acojan a esos programas y puedan implementar mejores prácticas, evitando conductas sancionables.

Finalmente, otro reto sería pensar en reformar la Ley 1340 en materia de multas, buscando que sean por un porcentaje de los activos de las compañías y no una suma fija. El marco actual no es malo, pero tiene una graduación que obliga a generar mejores estudios económicos.

¿Qué estrategias pondrá en marcha para garantizar la protección del consumidor?

Seguiremos fortaleciendo la Red Nacional de Protección al Consumidor. Tenemos 13 casas en Bogotá y 16 a nivel nacional. Además, contamos con cinco buses que rotan por todo el país haciendo capacitaciones, recibiendo denuncias y haciendo control.

La ley nos obliga a difundir, inspeccionar y controlar. Creo que en eso hay que seguir trabajando, pero también hay que llevarlo a otro nivel. Para ello contamos con la plataforma SIC Facilita, en la que registramos proveedores que usualmente reciben reclamaciones con el fin de implementar mejores medidas.

Contrarrestar el fenómeno de la cartelización es una de las apuestas que realizó el anterior superintendente. En su caso, ¿cómo piensa continuar con las investigaciones? ¿Propondría algún cambio para el sistema de sanción que actualmente rige?

Continuaremos atacando aquella práctica, ya que no solo vulnera la libertad de empresa y competencia, sino que es un mandato de ley que tenemos. Para ello tenemos herramientas que promueven la delación y permiten que los actores de los carteles confiesen su conducta.

Las investigaciones son procesos que pueden tomar entre 12 y 18 meses mientras se arman los casos, con el fin de que cuando se adelanten las visitas administrativas se tenga certeza de lo hay que recabar.

El mensaje que quisiera enviar a los empresarios y a los actores del mercado es que llevaremos el debido proceso con el mayor equilibrio. Esperamos tener, cada vez más, la aceptación de garantías y trabajar aún más en las guías para que sean reparatorias. No vamos a ser menos severos con la ley porque es una aplicación legal, algo que atentaría contra la competitividad del país.

Con respecto a las sanciones, estamos revisando la transformación de la Ley 1340. Dependiendo de la agenda legislativa, decidiremos si este cambio se amerita. Sin embargo, es una práctica internacional, recomendada por la OCDE, que no podríamos desaprovechar.

¿Qué papel jugará la SIC para fortalecer la legalidad, el emprendimiento y la transparencia durante este gobierno?

La SIC es un actor relevante y transversal a los tres ejes. En legalidad porque la promovemos desde el registro mercantil; y en equidad porque a través de las buenas prácticas comerciales y de libertad empresarial logramos recaudo tributario, formalización y emprendimiento.

Un tema importante es el registro de la propiedad industrial. Esto nos permite medir el índice de innovación nacional, mirando cuáles son las marcas y las creaciones que se registran. Como lo mencioné, queremos ir más allá. Para esto, hay que cruzar la información y determinar cuáles tienen un desarrollo económico efectivo y una ruta de emprendimiento y desarrollo para los colombianos.

Queremos tranquilizar a los empresarios e invitarlos a que se inscriban en esta agenda de legalidad y emprendimiento. Aquí obraremos con diligencia y garantía.

La economía naranja será una de las apuestas principales del Gobierno. ¿Cómo respaldará la SIC los proyectos encaminados a la promoción de la creatividad, la cultura y el intelecto? ¿De qué manera garantizará la propiedad intelectual?

Junto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Departamento Nacional de Planeación, trabajamos en la creación de la política naranja, que se implementará en el Plan Nacional de Desarrollo con el fin de impulsar diferentes competencias.

Una de nuestras propuestas es que dentro de este proceso podamos ser actores y participar en la medición de dos aspectos: el impacto de esta economía en el derecho a la competencia y el nivel de registro que están teniendo las nuevas creaciones.

En este proyecto también se destacan Procolombia y Bancóldex, que son importantes en la fase posterior al registro, revisando cómo aprovechar, por ejemplo, los tratados de libre comercio.

En este sentido, con el trabajo conjunto y al estar involucrada en el ecosistema de industria y comercio, la SIC va a ser un factor relevante durante estos cuatro años.

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