¿Qué hace falta para impulsar el mercado energético en Colombia?

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Carlos Alberto Zarruk, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía. Imagen: cortesía.
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Pese a que Colombia ha mostrado importantes avances para transformar su matriz energética, aún tiene la tarea de diversificarla y complementarla con la producción de energías renovables, como la solar y la eólica. En diálogo con La Nota Económica, Carlos Alberto Zarruk Gómez, presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, hizo un balance sobre el potencial geográfico e institucional del país para sacar adelante este objetivo.

Los constantes cambios climáticos, que cada día son más impredecibles, han generado momentos de tensión para el sistema energético. ¿Cuál es hoy la situación del país en esta materia?, ¿cómo se está preparando para enfrentar estos riesgos?

Colombia tiene un sector energético altamente confiable y seguro por las condiciones estructurales de organización, tanto en el sector público como por la eficaz participación de los actores privados. El país hizo muy bien la transición en 1994 con la Ley de Servicios Públicos y la Ley Eléctrica (leyes 142 y 143 de 1994, respectivamente), pasando de ser un sector con un 100 % de operadores públicos, a uno con alta participación de privados y mixtos. En esta transición se garantizaron adecuadamente el acceso a los servicios energéticos, así como la calidad y la eficiencia en la prestación de los mismos.

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Actualmente, el sector tiene una estructura institucional eficiente que ha garantizado el desarrollo para proveer los servicios en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia de alto nivel. Además, el país cuenta con una alta concentración en generación de energía con recursos hídricos, toda vez que allí está concentrado el 70 % de la capacidad, lo que crea riesgos frente a los procesos de cambio climático que impactan la producción hídrica.

Aunque la nación ha podido sobrepasar adecuadamente las diferentes épocas de sequía y fenómenos de El Niño, uno de los retos que tiene es el de complementar la matriz hídrica con generación basada en fuentes no convencionales y energías renovables como la solar y la eólica, en las que Colombia posee un alto potencial. Este desarrollo ya se está incentivando de manera intensiva, ya que desde la política pública se han colocado metas ambiciosas para diversificar el desarrollo del sector.

¿Qué otros desafíos está enfrentando el mercado energético en Colombia actualmente?

Además del anterior, existen dos desafíos críticos que se deben resolver para no afectar la provisión del servicio de energía en el país. Uno es desde el ámbito público y de generación, como es el proceso de Hidroituango.

Es el proyecto más grande de generación de energía, ya que equivale a cerca del 14 % de la capacidad instalada actual en el país. Aunque ya se han tomado las medidas para que no haya faltantes de energía en el mediano plazo, aun si no entra en operación de este proyecto, por medio de las subastas de energía y la promoción de las fuentes alternativas, es muy importante que se despeje la situación y que Hidroituango opere para no afectar el proceso de crecimiento y de fortalecimiento del sector energético.

El otro desafío que está enfrentando el país es la provisión de energía con niveles de calidad en la región Caribe. Todas las cifras muestran el peor resultado en las ciudades de la Costa Atlántica pues si se revisan los indicadores de número de cortes y duración de los cortes de energía, las ciudades con peores resultados son Montería, Santa Marta, Valledupar y las ciudades a las que Electricaribe atiende.

El Ministerio de Minas y Energía se ha propuesto una agenda específica frente a las energías renovables no convencionales para enfrentar sucesos como el Fenómeno de El Niño, entre el periodo 2021-2023. Desde su perspectiva, ¿qué puntos debe tener en cuenta el país para hacer esta transición energética?

La diversificación de la matriz energética ya forma parte de la política pública de desarrollo del sector. Desde hace varios años se viene expidiendo la normatividad necesaria para impulsar el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Actualmente, la generación con fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) no llega al 1 % y ya se ha fijado la meta de llegar a cerca del 15 % en los próximos 10 o 15 años.

Desde la ley 1715 de 2014 se crearon incentivos fiscales, tributarios y arancelarios para impulsar el crecimiento de estas fuentes. En el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno se reforzaron algunos de estos incentivos, como la ampliación de cinco a 15 años del plazo para descontar de la renta gravable hasta el 50 % del valor de la inversión en esta clase de proyectos.

Asimismo, está programada la subasta de contratos de largo plazo con FNCER. Se estableció la obligación a los comercializadores de energía para que al menos entre el 8 % y el 10 % de sus compras de energía provengan de FNCER.

A la fecha ya existen en la Upme, en fase 2, alrededor de 150 proyectos de generación solar y eólica que conllevan una cifra ligeramente superior a 9.000 Mw de capacidad instalada de generación. El reto grande es que se haga rápidamente la tramitología y aprobación de estos proyectos en las diferentes instancias del Estado para que esta agilidad contribuya a su puesta en marcha, ya que deben ser aprobados desde el punto de vista técnico y ambiental y, en ocasiones, los largos tiempos de puesta en operación inviabilizan estas iniciativas.

¿Qué tanto potencial tiene Colombia en fuentes de energía renovables?

La posición geográfica de Colombia, así como las condiciones climáticas y ambientales de algunas regiones del país, le dan un potencial grande para generar energía con fuentes renovables no convencionales. Si se miran las dos más comunes, que son la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, cuyos potenciales se derivan de los niveles de radiación solar y de la velocidad del viento, se encuentran cifras favorables para el potencial de generación en Colombia.

En efecto, en el caso de la energía solar fotovoltaica podemos ver que Alemania, que ocupa el cuarto puesto a nivel mundial por su capacidad en este tipo de generación, tiene 3kw/m2 día en las zonas con mayor potencial; mientras La Guajira tiene de 4 a 5,5kw/m2 día como promedio de radiación solar.

En el caso de la eólica, Alemania y España, que son el tercer y quinto país con mayor capacidad instalada a nivel mundial, tienen un potencial derivado de la velocidad del viento de 7,8 metros/segundo y de 7,6 m/s, respectivamente; mientras que La Guajira tiene un indicador de 9 a 10 m/s. Pero ese nivel también se da en otras regiones del país como los Llanos Orientales, los Santanderes y algunos lugares de la Orinoquía y del Pacífico. Como se ve, es muy favorable el potencial de generación, que es uno de los principales impulsores al desarrollo y crecimiento de estos sistemas.

¿Cuál es su posición con respecto a la intención de enajenar activos del Estado?

Se ha hablado en recientes ocasiones de vender una porción importante de la propiedad estatal en empresas del sector energético. Allí, Colombia tiene enormes valores económicos, técnicos, sociales y reputacionales, que son impulsores y soportes fundamentales del desarrollo energético, como Ecopetrol e ISA.

Estas empresas son líderes en la región en los procesos que cada una ejecuta y son una punta de lanza de desarrollo del sector energético. Por esta razón no estamos de acuerdo con su enajenación, pues es muy alta la probabilidad de que los recursos provenientes de estas ventas se destinen a cubrir gastos de funcionamiento y operación.

La Costa Caribe no sale de un oscuro panorama, por cuenta de los problemas con Electricaribe. ¿Cuál es el llamado de la Cámara al Gobierno frente a esta problemática?

Desde hace varios meses el Gobierno viene trabajando seriamente en el reemplazo del operador de la distribución de energía en la región Caribe. Es un proceso de la mayor importancia económica y social desde todo punto de vista. En primer lugar, desde el derecho fundamental de más de 11 millones de habitantes a tener acceso en condiciones de seguridad y calidad a un servicio público de primera necesidad que, de acuerdo con la Constitución Nacional, es obligación del Estado suministrarlo. En segundo lugar, desde el punto de vista de la productividad empresarial y el desarrollo económico de la región, toda vez que la energía es un insumo fundamental en los procesos productivos.

Es un proceso complejo que debe ser tratado con la mayor atención, ya que se requieren grandes inversiones para mantenimiento y ampliación de la infraestructura eléctrica, por lo cual se debe escoger un operador con los más altos estándares de conocimiento, calidad y solvencia económica. El llamado es que no se vuelva a correr el plazo de la adjudicación de este contrato para que en diciembre de este año ya esté escogida la empresa que asuma esta operación.

Entrevista publicada en la edición «Minas y Energía», de La Nota Económica.

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