Tras el manto del fracking

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Imagen: Pixabay
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Con las reservas petroleras y gasíferas entrando en un periodo de agonía, el escenario de Colombia sin petróleo luce sombrío. Para evitarlo, la explotación de yacimientos no convencionales se puso sobre la mesa. Sin embargo, mientras se equilibran las cuentas a corto plazo, es indispensable proyectar el país que se necesita en el futuro.

Entre detractores y defensores del petróleo hay una verdad innegable: el mundo y la economía son absolutamente dependientes de él. El menor movimiento en el mercado del crudo se siente en todo el globo, de ahí que algunos de los indicadores que más ojos vigilantes tienen sean los precios internacionales del petróleo, sus inventarios y las variables geopolíticas asociadas a él.

Así las cosas, que un país tenga control sobre una ínfima parte de ese mercado global supone contar con una fuente importante de recursos. Este es el caso de Colombia que, si bien no es una nación petrolera –apenas representa el 0,9 % del total mundial–, tiene petróleo y su economía depende en gran medida de su comportamiento, como fue evidente en el periodo 2015-2016.

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Sin embargo, la dependencia de un recurso no renovable y cuyas reservas internas están extremadamente bajas -pues quedan alrededor de 6,2 años de crudo y menos de 10 años de gas-, ha prendido las alarmas, tanto de la industria petrolera, como del Gobierno Nacional. La primera, por el evidente impacto que la menor explotación implica para su negocio, y, el segundo, por sus cuentas fiscales, que no pasan por un buen momento.

En atención al apocalíptico escenario, dentro de las soluciones para incrementar las reservas surgió una alternativa que ha generado controversia, polarización y más de un insulto: el fracking. Argumentos de todo tipo se esgrimen de parte y parte, desde consideraciones ambientales hasta estabilidad macroeconómica. La falta de una respuesta definitiva deja planteada la duda de, realmente, ¿qué implica hacer o no fracking para el país?

La respuesta va mucho más allá del petróleo.

El oro negro en plata blanca

En la última década, la participación promedio del sector petrolero en el PIB colombiano fue del 5,6 % y aportó, en 2018, más de $36,7 billones. En la misma línea, en el primer semestre de 2019 el PIB sectorial llegó a $19,4 billones que, viéndolos en términos constantes, significa un incremento del 4,3 % frente al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, las cifras de derivados del petróleo y mezcla de combustibles muestran que su producción alcanzó los $13 billones en 2018 y $6,6 billones en los primeros dos trimestres de 2019. Esto, pese a representar apenas el 1,3 % del PIB, no es despreciable.

Paralelamente, no hay que olvidar que uno de los principales actores en el sector petrolero colombiano es Ecopetrol, de la cual el Estado tiene poco menos del 90 % de sus acciones. Entonces, cuando al sector le va bien, a la empresa también y, por lo tanto, la buena dinámica se traslada a las cuentas del Gobierno, debido al impuesto de renta y los dividendos de la compañía.

Al margen de las finanzas específicas de Ecopetrol, otra arista del sector tiene que ver con los mercados internacionales. En promedio, desde 2005 a la fecha, el 39,6 % de las exportaciones del país corresponde al sector y solo en 2018 superaron los USD 16.840 millones –algo así como $50 billones, a la TRM promedio de ese año–.

Complementando el panorama externo, la inversión extranjera directa (IED) asociada al sector constituye otra fuente de ingresos de divisas. Si bien en los últimos años los flujos de capitales extranjeros dirigidos a la industria petrolera estuvieron menguados, esto no esconde el hecho de que en 2018 hayan alcanzado USD 2.540 millones, lo que representó el 22 % de la IED total –sin mencionar que en las épocas del auge petrolero, el guarismo superó el 50 %–.

Ahora bien, una de las formas que tiene el Estado colombiano de irrigar en todo el país los ingresos provenientes del petróleo y demás recursos naturales no renovables (RNNR), es el Sistema General de Regalías (SGR). Sin entrar en mayor detalle, uno de los objetivos del SGR es fomentar el desarrollo y la inversión departamental gracias a los RNNR; es decir, llevar bienestar a los colombianos en todo el territorio nacional.

Como es de esperar, dada la preponderancia del petróleo en la economía nacional, este recurso tiene una amplia participación en el SGR. Para el bienio 2018-2019, dentro de los $18,56 billones que se establecieron como ingresos corrientes, el 82,3 % provenía de los hidrocarburos (petróleo y gas). Así, múltiples proyectos de inversión dependen de la salud del sector hidrocarburífero, particularmente, del petróleo.

Un crudo panorama

Estas cifras petroleras hacen que la disminución de las reservas de crudo en el país deba ser tomada con seriedad. La aproximación más cercana al comportamiento del país en un escenario con mínimo petróleo la dio la depresión de los precios de los commodities en el periodo 2014-2016, cuando cada barril de crudo pasó de estar sobre los USD 100 a menos de USD 40.

Al comparar las exportaciones petroleras de 2013, frente a las de 2017, la caída fue del 59 %, al pasar de casi USD 32.500 millones a poco más de USD 13.300 millones. Del mismo modo, la inversión extranjera directa en el sector, en el mismo lapso, pasó de USD 5.112 millones a USD 3.106 millones, lo que significó un descenso del 39,2 % –sin mencionar que en 2016 se alcanzó el punto más bajo, con solo USD 2.386 millones–.

El menor ingreso de divisas por cuenta de las menores exportaciones e IED, tuvo efectos sobre la tasa de cambio –aunque no es lo único que la determina–, pues debido a las fuerzas del mercado, hay una correlación negativa entre el dólar y el precio del petróleo. En este periodo en particular (2014-2016), la devaluación alcanzó niveles superiores al 70 % en algunos meses.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el desplome del sector petrolero menguó en más de un 90 % los ingresos petroleros del Gobierno –entre el impuesto de renta, el entonces CREE y su sobretasa, y los dividendos de Ecopetrol–. Además, por cuenta de la devaluación, todas las medidas en dólares se encarecieron, de manera que la deuda externa supuso mayores cargos tanto para el Gobierno como para los privados y se encarecieron las importaciones. Sin mencionar los efectos que esto tuvo sobre el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos del país.

Si bien todo esto puede parecer lejano para cualquier persona del común, los efectos indirectos sí fueron palpables. En primer lugar, el Gobierno, en el afán de cubrir los faltantes que le dejó esa coyuntura y mantener los subsidios y las ayudas sociales, tramitó cambios en el sistema tributario –aunque se redujo el gasto en inversión al pasar de 3,2 % del PIB a solo 2 %–. Dentro de las modificaciones más notorias, fue el incremento de la tasa general del IVA, al pasar de 16 % al 19 %, para recaudar cerca de $6 billones.

Otro de los efectos de ese pequeño periodo de “Colombia sin petróleo” fue la inflación, que se vio agravada por la devaluación, lo que golpeó directamente el bolsillo de los colombianos. En respuesta, el Banco de la República incrementó su tasa de intervención, de manera que se encareció el acceso al crédito y se redujo el crecimiento económico (se pasó de crecer al 4,7 % en 2014, a 1,4 % en 2017).

Así las cosas, un escenario de escasez petrolera como el que se está planteando para los próximos años, tendrá duros efectos sobre el país. Esto, sin mencionar la necesidad de importar gasolina y gas al doble del precio que actualmente se paga, lo que oscurece aún más el horizonte. Por supuesto, igualar el escenario proyectado con lo ocurrido en 2014, esperando que el comportamiento de uno sea la copia calcada del otro, no es sensato, pero sí da algunas ideas de lo que podría ocurrir. Si bien es claro que cada periodo tiene sus particularidades, también lo es que, sin la explotación de hidrocarburos, Colombia pasará una horrible noche.

Fruto de la discordia

En vista de las consecuencias que acarrearía la pérdida de autosuficiencia y dado que la producción actual de crudo se debe más a una explotación intensiva de los pozos existentes que de nuevos hallazgos, se han planteado alternativas para corregir el rumbo y darle algunos años más de vida al sector.

Como es evidente, la primera es fomentar la exploración de nuevos yacimientos tanto en tierra firme como off-shore, lo que eleva la probabilidad de éxito y de incrementar las reservas. En esto ya se viene trabajando, pero todavía los descubrimientos son insuficientes para cubrir las necesidades futuras.

Por otra parte, en la esquina menos ortodoxa (al menos en el plano local) y polémica, está la alternativa de la explotación de yacimientos no convencionales (YNC) mediante el fracking. Sin entrar en los tecnicismos del proceso, la idea detrás de ese proceso es inyectar agua, área y algunos químicos para fracturar capas de roca y obtener el petróleo y gas que están atrapadas en ellas.

Los detractores de esta práctica argumentan que tiene grandes impactos ambientales y que, por ende, no se justifica arriesgar los ecosistemas por cuenta de los posibles beneficios que traería la explotación de los YNC. Entre tanto, sus defensores indican que los daños ambientales pueden mitigarse y que, para añadir más de 23 años a las reservas actuales, generar más de $230 billones de recaudo tributario y más de $92 billones en regalías en las próximas tres décadas, vale la pena su ejecución.

Con el fin de zanjar la disputa, el Gobierno Nacional convocó una comisión independiente de expertos interdisciplinarios, para que, desde un punto de vista técnico, dieran recomendaciones sobre el camino a seguir.

En su informe final la Comisión reconoce que la explotación de YNC puede revertir la senda decreciente de las reservas petroleras. No obstante, también hace hincapié en que las estimaciones acerca del potencial de los YNC parten de numerosos e incomparables supuestos.

Dar una cifra exacta de las reservas resulta ambicioso, pero, partiendo de numerosos estudios, estos concluyen que las reservas de los YNC son significativas (superiores a los 2.400 millones de barriles de petróleo equivalente), de modo que sí ampliarían el horizonte de autosuficiencia a mediano plazo. Sin embargo, los expertos llaman la atención sobre los costos de explotación de estos yacimientos, pues son mayores a los convencionales, de manera que hay que tener cuidado al extrapolar resultados fiscales partiendo solo experiencias pasadas.

Dicho esto, los estudios analizados por la Comisión plantean escenarios que dejan efectos positivos significativos. Bajo condiciones conservadoras, los YNC podrían mejorar el déficit en cuenta corriente entre el 0,2 % y 0,6 % del PIB, lo cual no es nada despreciable. Por su parte, Ecopetrol calculó que el desarrollo de YNC en el Valle Medio del Magdalena podría generar flujos anuales de IED cercanos a los USD 5.200 millones –esto es el 45 % del total de IED en 2018–.

En el balance final, la Comisión recomendó adelantar los proyectos piloto de fracking con el fin de recabar mayor información y poner cifras concretas sobre la viabilidad de la explotación de los YNC en el país.

Ahora bien, tal declaración no es una carta blanca. Dentro de las conclusiones, los expertos declaran la necesidad de mejorar la capacidad de gestión financiera de las regalías obtenidas. La tarea debe incluir a todos los gobiernos subnacionales, no solo de las zonas productoras. Si bien hay evidencia de efectos positivos de las regalías en el desarrollo de las regiones –gracias al rediseño del SGR que ahora reparte recursos en todo el territorio nacional–, también se encontró que las ineficiencias gubernamentales morigeran dichos beneficios.

Sin extremismos

Antes de dejarse llevar por los cantos de sirena que pueden aparecer gracias a los recursos provenientes de los YNC –como ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90 con el hallazgo de Cusiana y Cupiagua– es necesario detenerse y reflexionar sobre lo que va a ocultar el fracking.

Detrás de la importancia que esta práctica tiene en materia macro y microeconómica, hay que reconocer que esta no es la solución estructural al déficit fiscal y externo del país y tampoco nos pone en camino de ser un país desarrollado. El fracking solo compra tiempo suficiente para que el país deje de tener una dependencia tan alta del crudo –aunque se ha reducido– y emprender una transformación energética seria con visión a largo plazo.

Mientras se recorre ese camino, el llamado sigue siendo hacia la diversificación exportadora, de tal suerte que la volatilidad del mercado petrolero tenga menos influencia en la economía local. Paradójicamente, para lograr esto serán necesarios los recursos que se obtienen de la industria petrolera.

Así mismo, tal como lo recomendó la comisión de expertos, la gestión de estos recursos públicos es fundamental para que se inviertan de manera eficiente y estratégica, en pro de desarrollo económico y social. De poco servirán las regalías si solo van a alimentar la corrupción, el clientelismo y van llenar al país de elefantes blancos.

Por ahora, todo indica que al país “lo salvó la campana”. Sin embargo, depende de las acciones que se tomen de aquí a 20 años, que Colombia no vuelva a tener este tipo de discusiones cuando se agoten los YNC.

Análisis publicado en la edición «Minas y energía», de La Nota Económica.

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