¿Qué tan conveniente es tener tres días sin IVA al año?

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Imagen: Pixabay
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La idea de contar con unos días al año sin IVA goza de popularidad entre la población de cualquier país, más aún de la colombiana. Los argumentos a favor de la medida van desde la dinamización de la economía, hasta la formalización empresarial. Sin embargo, todo apunta a que es más el discurso adornado y, hasta cierto punto, populista, que sus efectos reales. 

El presidente Iván Duque confirmó que en la ponencia de la reforma tributaria, que se radicaría esta semana, se incluyó la propuesta para que en el país haya tres días sin IVA al año. Esta correspondería a un proyecto de ley radicado en el Congreso a principios del mes de octubre por el Centro Democrático.

Según el texto mencionado, los días en los que no se cobraría este impuesto serían el segundo festivo de enero (día de reyes), el 20 de julio y el segundo sábado de diciembre.

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Sobre el papel, la idea es que esta exención ayude al consumo de los hogares en temporadas en las que tienen una mayor presión sobre sus ingresos, como las temporadas escolares y la navideña. Además, los promotores de la iniciativa argumentan que esto ayudaría a estimular la economía, con lo cual todo el país saldría ganando.

Como es apenas lógico, una medida que propenda por recortar tributos, así sea de manera temporal, tiene todo el apoyo popular, pues, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Sin embargo, en el imaginario utópico, el trabajo de los legisladores es el de propender por el bienestar de los colombianos, más allá de sus consideraciones personales y dividendos políticos.

Por esto, en momentos en los que el Gobierno dice que necesita más recursos (ya que la, hoy derogada, Ley de financiamiento no logró pasar con la meta de recaudo propuesta inicialmente) y que para ello consideraría enajenar algunos activos del Estado –aunque por ahora tiene la fe puesta en las utilidades del Banco de la República–, vale la pena preguntarse qué tan conveniente es el proyecto radicado.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, por lo que cuesta creer que una medida de este tipo no vaya a tener consecuencias significativas para el país. ¿Qué implican directrices de este tipo?, ¿son mayores sus beneficios que sus costos?

Un impuesto de peso y del común

Un aspecto que se debe tener en cuenta frente al IVA, es que este es uno de los tributos con los que más contacto tiene el ciudadano del común. Es el impuesto indirecto más relevante del país y son los consumidores finales los que terminan por pagarlo, por lo que buena parte del gasto de los hogares corresponde al IVA.

Los datos de la DIAN dejan ver que dentro del recaudo tributario este impuesto tiene una participación significativa. En 2018, llegó a $59,9 billones, con lo cual representó el 41,5 % del total recaudado por la DIAN durante ese año. Obviamente, cuando se habla de tocar un poco menos de la mitad del recaudo nacional, los debates no deben ser tomados a la ligera.

En gracia de discusión, hay que decir que ese monto recaudado por concepto de IVA, se divide entre el interno y el externo. Con el fin de centrarse en las propuestas del proyecto de ley, vale la pena destacar que el recaudo de IVA interno superó los $40,8 billones el año pasado y su participación promedio en el total alcanzó el 27,2 % en los últimos 14 años. Entonces, aun si se excluye del análisis el componente externo del recaudo, los efectos de una modificación sobre el tributo estarían apuntando a una buena tajada de los ingresos del Gobierno nacional.

La estructura del IVA no es sencilla. Si bien hay una tarifa general del 19 %, también hay otras dos (0 % y 5 %), que se cobran dependiendo del tipo de bien que se consuma. Los bienes y servicios de primera necesidad tienen una tasa inferior a la general, con lo cual se busca afectar lo menos posible la calidad de vida de los colombianos –particularmente de los menos favorecidos– al solo gravar aquello que no es indispensable para la subsistencia. De otro lado, aquellos artículos que podrían catalogarse como “no vitales”, se gravan a la tasa del 19 %.

Tal discriminación es de suma importancia para mitigar, en parte, los efectos nocivos que tiene un impuesto regresivo –como el IVA– en el bienestar de la población. Sin embargo, en el plano del estudio técnico, hace que las estimaciones sobre los efectos de las alteraciones de la dinámica del impuesto sean prácticamente imposibles de calcular con total precisión. No obstante, esto no impide determinar, en un sentido más amplio, el impacto que puede tener una medida como la planteada por algunos parlamentarios.

¿Tres días de fiesta?

Siguiendo los axiomas de la teoría económica, una exención tributaria de este tipo busca promover el consumo y, de esa manera, dinamizar la economía. La idea es que al suprimir del precio de los bienes el componente del IVA, estos se reduzcan y los hogares puedan comprar más unidades del mismo bien, utilizar el ahorro de este impuesto para la adquisición de otros artículos o, simple y llanamente, ahorrar el excedente –que en un futuro se traducirá en consumo–.

Según lo establecido en el proyecto de Ley, la reforma tributaria que incrementó la tasa general del IVA del 16 % al 19 % afectó duramente el ingreso disponible de los hogares colombianos. Incluso, el texto menciona un estudio de la Universidad de la Sabana, que concluye que en los hogares con menores ingresos la pérdida de poder adquisitivo alcanzó el 30 %. Del mismo modo, con base en lo expresado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la caída de casi 1 % en las ventas del comercio minorista en 2017, fue, en buena parte, a causa de esos tres puntos porcentuales adicionales de tributo.

Dicho esto, el objetivo de la propuesta de aliviar la carga para los hogares y fomentar el consumo, suenan lógicos y bienintencionados. Según los proponentes, los tres días sin IVA están encaminados en lograr tal fin.

En este sentido, vale la pena dar una mirada más detallada sobre qué significan esos días de exención. Asumiendo una distribución homogénea del IVA interno a lo largo de los 365 días del año, se obtiene que el recaudo diario por ese concepto es de $111.934 millones, tomando las cifras de 2018. Es decir, en los tres días, el total asciende a poco menos de $336.000 millones, lo que en términos relativos, corresponde al 0,82 % del recaudo total del tributo. Entonces, los hogares se terminarían ahorrando cerca de $0,33 billones al año.

Lo anterior, claro está, se basa en el hecho de que los consumidores no van a cambiar sus decisiones y tiempos de compra a la espera del día sin IVA. Del mismo modo, se asume que la exención aplicará para todos los bienes y servicios –algo que está limitado en el proyecto de Ley–.

Obviamente, ambos supuestos son demasiado fuertes como para obtener conclusiones. No hay que olvidar que en el articulado se contempla que los bienes cubiertos por la ley serán (según el valor de la UVT de 2019):

  • Complementos del vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $411.240
  • Electrodomésticos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $1.713.500
  • Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $411.240
  • Juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $205.620
  • Vestuario cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $411.240
  • Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $137.080
  • Útiles de aseo personal cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a $17.135
  • Elementos de aseo para el hogar cuyo valor de venta por unidad sea igual o inferior a $34.270.

Para ampliar este ejercicio, vale la pena destacar los cálculos realizados por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Según sus simulaciones, si los hogares decidieran comprar los bienes cubiertos solo en uno de los días sin IVA, el ahorro promedio anual en el pago del IVA, sería de 12 %, aunque para los deciles de ingreso más bajo llegaría a 20 %.

El problema con este supuesto, tal como lo plantean los investigadores del Observatorio, es que no es factible que los hogares de menores ingresos aplacen en gran medida sus decisiones de compra. Es decir, ese gran ahorro es utópico y se daría principalmente, en hogares de mayores ingresos. Esto, además, sin contar con las diferentes elasticidades precio de la demanda e ingreso de los bienes cubiertos por el proyecto.

Dicho esto, lo más probable es que la decisión de posponer las compras se dé cuanto más cerca se esté de la fecha de la exención. En este caso el escenario se parecería más al planteado al inicio de esta sección, con el detalle de que el ahorro sería menor, pues, en ese ejemplo se asumía que todos los bienes estaban exentos. De hecho, simulaciones de situaciones similares, que incluyen también los límites en el número de artículos libres de IVA que pueden ser comprados por cada persona, llevaron al Observatorio Fiscal a concluir que los ahorros para los hogares serían, cuando mucho, marginales.

Medidas paralelas y problemas a tratar

A la par del incentivo al consumo y a la dinamización de la economía, el proyecto de ley también busca apelar a la formalización y a la bancarización. Según el texto radicado, los primeros dos días sin IVA, las compras podrán realizarse tanto en efectivo como por medios electrónicos, pero, a partir del tercer día, el descuento solo aplicará a las compras realizadas con estos últimos. La idea, es desincentivar el uso de efectivo, tener una mayor trazabilidad de las transacciones, reducir la evasión del IVA –que, según la DIAN, puede alcanzar el 23 %–, y fomentar la formalización del comercio.

Todo esto parte de buenas intenciones, pero parece desconocer la realidad del país. En primer lugar, según lo menciona el mismo proyecto, Fedesarrollo calcula que el 60 % de las empresas son informales, lo cual justifica buscar medidas para incrementar la formalización.

Lo que parece desconocer la propuesta, es que el mismo centro de pensamiento considera que los beneficios de la formalización exceden a sus costos, solo en aquellas firmas de mayor productividad relativa. En este sentido, es muy poco probable que el poder ofrecer días sin IVA sea lo suficientemente atractivo como para que una empresa comercial se formalice.

En cuanto al desincentivo al uso del efectivo, esto va de la mano con la necesidad de bancarizar a más colombianos. Los datos de la Banca de las Oportunidades, muestran que hay más de 25,8 millones de cuentas de ahorro activas y 1,8 millones de cuentas corrientes. Con esto, más del 75 % de los adultos del país tiene un producto financiero de este tipo y la idea de incrementar ese porcentaje por medio de los incentivos a aprovechar los días sin IVA tienen lógica.

Sin embargo, hay algunos aspectos que no pueden ser dejados de lado. La misma Banca de las Oportunidades muestra que hay una gran disparidad entre la bancarización del sector urbano y del rural, así como una notable heterogeneidad entre los diferentes grupos etarios y el género de los tenedores de un producto financiero. Es decir, es más probable que un hogar urbano, de ingresos altos tenga productos financieros –incluidas las cuentas de ahorro o corriente–.

El problema con esto es que el proyecto de ley, estaría dejando por fuera del beneficio precisamente a los hogares a los que más trata de ayudar, aquellos en los deciles de ingresos más bajos. Tal como está el texto, y por poner solo un ejemplo, una madre cabeza de hogar, viviendo bajo la línea de pobreza en el área rural, tendrá poca probabilidad de aprovechar la exención del IVA; mientras que un hogar de altos ingresos sí lo hará.

Este ejemplo puede extrapolarse a otros escenarios, según edad, género y ubicación. En casi cualquiera de ellos, los más beneficiados con los días sin IVA serán, precisamente, aquellos que ya pagan menos de ese recaudo en proporción a su ingreso.

Si bien algunas de las medidas propuestas tienen fines loables, no parece que en un corto periodo se logre hacer la transformación que ella busca en materia de bancarización y formalidad. Además, tal como están planteados los beneficios, todo indica que los más beneficiados serían los hogares de mayores ingresos, algo que se sumaría al ya de por sí regresivo IVA.

De otro lado, queda la duda acerca del control que debería hacerse a los comercios que apliquen tales descuentos. Esto, toda vez que el proyecto crea el incentivo perverso para que algunos comerciantes inescrupulosos hagan pasar ventas previas o posteriores a los días de los descuentos como si efectivamente se hubieran hecho en ese momento. De tal manera que no girarían al Estado lo recaudado por IVA en los días no exentos.

Análisis publicado en la edición «Comercio y Turismo», de La Nota Económica.

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