Una mirada a las fintech y el futuro de su regulación

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Imagen: Flickr
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Cuando usted escucha la palabra Fintech, probablemente su mente la relaciona con los “últimos” avances en las aplicaciones móviles bancarias, las plataformas de pagos, de préstamos o una manera de financiar un emprendimiento a través de vías colaborativas. Sin embargo, el Fintech, aunque silencioso, ha estado presente en el sistema financiero desde hace casi 100 años, lo que genera una constante necesidad y preocupación de procurar que la legislación avance al mismo, o por lo menos al cercano ritmo de la tecnología y su innovación.

La existencia de estas herramientas (billeteras electrónicas, aplicaciones de pago, chatbots que asesoran clientes bancarios, asistentes virtuales basados en IA que ayudan a predecir tendencias del mercado y los usuarios) impone la urgencia de adaptación normativa, tal como ocurrió en 1970 en EE. UU. con el boom de las tarjetas de crédito y como seguirá ocurriendo como consecuencia del inagotable ingenio de la humanidad.

En Colombia, como primer acercamiento, se está discutiendo un proyecto de decreto por parte del Ministerio de Hacienda, cuyo propósito será regular las plataformas electrónicas de financiación colaborativa (crowdfunding), que se convierte en un buen comienzo del esfuerzo regulatorio.

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Sin embargo, el reto regulatorio es mayor. Las estadísticas evidencian que el nivel de bancarización en el país es relativamente bajo, y la penetración de internet es alta, lo que se convierte en un punto de partida lógico, teniendo en cuenta además la tendencia mundial a la bancarización alternativa, tal como ocurrió en México.

La Superintendencia Financiera acepta que el cambio demográfico y generacional del país ha obligado al sector a ofrecer soluciones innovadoras y que se adapten a la situación específica del mercado.

En ese contexto, las Fintech permiten desarrollar soluciones financieras para ciertos sectores de la economía, y en lugares geográficamente apartados del país donde el sistema bancario tradicional no hace presencia, actividad que requiere una regulación específica para garantizar los derechos de esos nuevos usuarios del sector. Ahora, el mencionado proyecto reconoce la existencia de las denominadas “operaciones de tecnología financiera”, lo que ha permitido el desarrollo de soluciones Fintech, aunque las limita al crowdfunding.

Otra de las críticas se centra en que prevé el trámite de autorización ante la Superintendencia para que empresas nacionales o extranjeras realicen el desarrollo, aplicación o puesta en marcha de tecnología financiera, lo que coartaría los pequeños desarrollos nacionales.

Además, padece de una falencia importante al no prever un estándar mínimo de ciberseguridad y protección de datos. El proyecto de decreto no hace ninguna referencia al tipo de seguridad al que deben estar sometidas las transacciones ni al manejo de los datos recibidos y generados en las operaciones.

Igual sucede con la privacidad, en la que la mayor parte de los datos generados a través de las herramientas de Fintech son “sensibles” a la luz de la Ley 1581 de 2012. En particular, los datos biométricos, actual innovación frente a la seguridad de las transacciones, como la autenticación mediante huella digital a través del sensor integrado en la terminal móvil o incluso a futuro, la implementación de biometría comportamental como factor de autenticación en las herramientas de Fintech.

Asimismo, creemos que la regulación debería contemplar el advenimiento de normas de protección de datos con alcance extraterritorial, como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), pues los negocios realizados en el ámbito digital son generadores, por excelencia, de datos sensibles o de manejo especial con naturaleza transnacional.

Finalmente, sería injusto no reconocer el gran esfuerzo que implica la regulación de una actividad tan dinámica como la tecnología, y en particular en un sector tan sensible como el financiero; sin embargo, a efectos de evitar una imposibilidad de aplicación de la norma, una limitación a la innovación o, aún peor, la posibilidad de no anticipar o generar riesgos a la seguridad financiera del usuario, la norma debe ser el resultado del equilibrio entre la regulación, la innovación y la seguridad, teniendo al usuario como principio y como fin.

Jorge Alejandro García Pérez
MONCADA ABOGADOS

Vea también: Fintech: la evolución de la banca tradicional

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