Sistema de pensiones pone en jaque el gasto público en Latinoamérica

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Imagen: Pixabay.
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La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones tiene contra las cuerdas a los gobiernos latinoamericanos por el descontento social que generan las reformas que se pretenden, que son inevitables ante la aceleración del envejecimiento y las tasas de informalidad que hacen insostenibles los sistemas actuales.

La preocupación central en el tema de las pensiones es que la población latinoamericana está envejeciendo a pasos agigantados y se estima que en las próximas décadas países como Nicaragua, México y Chile lo harán hasta tres veces más rápido que algunas naciones europeas.

Así que, mientras ahora hay cerca de 50 millones de personas de la región con 65 años o más, para 2065 se calcula que serán unos 200 millones, lo que situará los sistemas de jubilación entre los principales gastos del sector público.

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«El problema es que ningún sistema está pensando en ese envejecimiento acelerado. Se necesitan reformas y se están intentando ajustes, pero no se están haciendo lo suficientemente rápido», advierte Mariano Bosch, especialista principal de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Detonante de estallidos sociales

A las puertas del llamado «invierno demográfico» y con un estancamiento económico, las manifestaciones a favor y en contra de las reformas de los sistemas de pensiones se han extendido por la región e incluso en Nicaragua este tema fue el detonante de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.

La cuestionada reforma, que aumentó la cuota patronal y de los empleados nicaragüenses y redujo hasta un 30 % las mensualidades de las nuevas pensiones, fue relanzada a comienzos de este año pese a la crisis, lo que aumentó el rechazo de la población.

En el caso de Chile, el cambio del sistema instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet, con un esquema privatizado y basado en la capitalización individual, es una de las mayores demandas en las protestas que hacen tambalear el Gobierno de Sebastián Piñera.

La población critica que las administradoras de fondos de pensiones invierten en los mercados y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan pensiones dignas a los jubilados.

La misma oposición se vivió ante el «proyecto estrella» del presidente Jair Bolsonaro para reflotar la economía de Brasil.

La iniciativa, que acaba de ser aprobada, endureció las reglas, imponiendo una edad mínima de jubilación (62 años para las mujeres y 65 para los hombres), con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.

El drama de los jubilados

La situación más dramática se registra en países como Venezuela o Argentina, marcados por la recesión y con tasas de inflación que han hundido el poder adquisitivo.

En Venezuela, por ejemplo, existen 4,5 millones de pensionados y todos perciben mensualmente el equivalente del salario mínimo legal: 150.000 bolívares o 6,9 dólares.

En Argentina, los jubilados están entre los más golpeados por la crisis, con una pensión mínima en octubre de 13.437 pesos argentinos (unos 218 dólares), mientras que los precios de su canasta básica se cifran en más del doble, 37.815 pesos (595,5 dólares).

A esto se añade el descenso de las tasas de cobertura en Paraguay, pese a su importante bono demográfico, o en México (solo 1 de cada 4 mayores recibe una jubilación contributiva), hecho que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vinculado con la privatización de las pensiones.

Se estima, además, que 80.000 mexicanos alcanzarán la edad de jubilación en 2022, pero 7 de cada 10 no acumularán las 1.250 semanas de cotización necesarias. Una preocupación que se comparte en República Dominicana, donde se requiere una edad mínima de 60 años y haber cotizado prácticamente 30 años.

Bajo esas condiciones, la OIT calcula que más de la mitad de los mayores de América Latina no logra recibir una pensión de un sistema contributivo, por lo que se ven forzados a permanecer en el mercado laboral.

Para Bosch, es urgente un ajuste en ese sentido, dado que muchos trabajadores no logran cumplir el tiempo de cotización porque se quedan desempleados en algún momento o deben refugiarse en el trabajo informal, que realizan unos 140 millones de personas en la región.

Reformas sí o sí

Gran parte de la región implementa un sistema de reparto en el que los aportes de los trabajadores financian las pensiones de los jubilados, mientras otros adoptaron un esquema de capitalización individual administrado por el sector privado o uno mixto.

Pero, independientemente del modelo, todos necesitarán algún ajuste o, de lo contrario, las presiones demográficas «harán que los sistemas sean más costosos para el Estado», apunta el BID.

«Acá hay un llamado a la acción. Entre más se tarde, más duros serán los ajustes», subraya Bosch.

En el caso de El Salvador, donde se han recrudecido las peticiones para que una entidad pública se encargue de las pensiones, el Gobierno cayó en 2017 en impago con las administradoras privadas y tuvo que crear un «fondo solidario» e incrementar la cotización de los trabajadores.

También en Colombia, donde el sistema público es parte de un modelo paralelo, se está analizando una reforma, criticada por supuestamente plantear un aumento de la edad de jubilación y del porcentaje de aporte de los trabajadores.

Perú, con un modelo similar al colombiano, pasa también por una crisis que ha generado presión para que se hagan modificaciones.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como está el sistema peruano, quienes aporten en el sector privado recibirán una pensión equivalente a un tercio de su sueldo; mientras que en el público el 60 % no recibirá pensión por no haber acumulado 20 años de aportes.

Ecuador, que acaba de superar una grave crisis de protestas sociales, tiene su propio dilema por el temor de algunos sectores a que afecte la jubilación patronal, un derecho de los trabajadores con 25 años de servicio o más, o a nuevas formas de contratación que precaricen el empleo.

En tanto, el miedo en Honduras es que se ponga en riesgo lo que recibirán los trabajadores, al permitir que parte de las aportaciones se utilice para financiar los servicios de salud.

Mientras en Uruguay, donde funciona un sistema mixto (Estado y privado), el representante de Pasivos del estatal Banco de Previsión Social, Sixto Amaro, señala que es necesaria una reforma, pero dice que aumentar la edad de jubilación no tendrá un impacto real.

EFE

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