Cuestión de intereses

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A pesar de que nuestro Banco Central ha bajado sustancialmente su tasa de referencia en el último año, las tasas de interés para los consumidores de crédito no se han visto beneficiadas de dicha disminución.

En febrero de 2017, la tasa de interés a la que el Banco de la República le prestaba a los bancos comerciales vigilados por la Superintendencia Financiera era del 7,5% y, a pesar de haberse reducido un año después en un 40% al ponerlas en niveles de apenas el 4,5%, estos mismo bancos comerciales no han trasladado el menor costo al consumidor final de servicios crediticios.

En el último año, la tasa de interés bancario corriente para un crédito de consumo ordinario pasó del 22.34% al 20,68% actual, mientras que la tasa de interés de usura para esos mismos créditos pasó del 33.5% al 31.02% actual. En ese mismo periodo, las tasas de interés para el segmento del microcrédito aumentaron, pasando su tasa de interés corriente del 36,73% al 36,78% actual y su tasa máxima o de usura desde el 55,1% hace un año al 55,17% actual.

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Al mismo tiempo, la cartera morosa de los bancos ya asciende a $20 billones, equivalente al 4,83% de los $414 billones que tiene prestados en total. Semejante siniestralidad ya es motivo de alarma para el sector y por ello, el año pasado la Superintendencia Financiera expidió la circular 026 que autorizó a sus entidades vigiladas hacer modificaciones en las condiciones del crédito a sus deudores ajustándola a su respectiva capacidad de pago, siempre y cuando estos últimos aún no estuvieran inmersos en mora.

En últimas, esta norma representa un salvavidas para reestructurar créditos sin marcarlos con una menor calificación que dispare las costosas provisiones bancarias que sigan afectando sus utilidades y solvencia patrimonial, ya debilitadas por el entorno económico de menor crecimiento y mayor desempleo.

Sobre el desarrollo y aplicación de la Circular 026, la Superintendencia reveló que hasta la fecha se han reestructurado 22.300 créditos por un valor de apenas $400.000 millones, aún muy por debajo del potencial estimado de $8 billones para que se acojan a la norma y donde se destacan $222.000 millones en cartera comercial, por encima de los $158.000 millones reestructurados en cartera de consumo y apenas $20.000 millones en cartera hipotecaria. ¿Será necesaria mayor difusión de esta alternativa para el consumidor financiero?

Y aunque la Circular 026 abre una puerta para la reestructuración de créditos por parte de empresas y hogares, los bancos se han limitado a aprobar extensiones del plazo contractual para los deudores, pero sin tocar el costo o tasas de interés, con lo que semejante salvavidas puede terminar en poco o nada a favor de un saneamiento de la cartera bancaria y por el contrario en una mayor explosión de la morosidad en el mediano plazo, cuando empresas y familias se den cuenta de que sin menores tasas de interés el valor presente de sus pasivos con el sector bancario siguen siendo igual de pesados.

Adicionalmente, al lado del deterioro de cartera, se tiene el mayor nivel de endeudamiento en la historia de la Nación, ya superando el observado antes de la crisis financiera del fatídico año de 1999. El año pasado, como porcentaje del Producto Interno Bruto, la cartera comercial llegó al 41,8% y la cartera de los hogares al 20,15%, mientras que esas mismas proporciones fueron en 1997 31,25% y 15,34%, respectivamente. Esta carga de deuda ya significa que en un hogar promedio, de cada peso disponible después de pagar impuestos, se destine 27 centavos para pagar créditos de consumo como son la cuota de vehículos y de tarjetas de crédito y 12 centavos los destine para pagar el crédito hipotecario o cuota de apartamento.

Así las cosas, si el costo del crédito no se disminuye para los deudores mediante reducciones sustanciales de las tasas de interés cobradas por los bancos, es muy difícil que la demanda agregada de la economía se reactive, ya golpeada gravemente por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde el 16% al 19% en la última reforma tributaria.

Por si fuera poco, la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda ha reconocido públicamente que nuestro sector financiero no cumple las exigencias de capital y solvencia establecidas en Basilea III y en una comparación internacional con Estados Unidos, Europa, Brasil, México, Argentina y Perú estamos en grave desventaja al no tener colchón de conservación ni tampoco el Capital Adicional de Nivel 1 (AT1). Ya en enero del año 2017 la calificadora de riesgos Fitch Rating advirtió sobre esta preocupante debilidad de nuestro sistema financiero llamando la atención sobre aquellos bancos con filiales en Centroamérica que computan en su patrimonio algo tan abstracto o etéreo como el “crédito comercial” o “good will”, difícil de materializar en efectivo ante una crisis de liquidez.

Las utilidades del sector financiero se redujeron el año pasado y aunque este año probablemente la actividad económica mejorará frente al lánguido crecimiento del 1,8% del año 2017, las expectativas no son tan positivas en razón a que el crecimiento de las ventas de los bancos, definidas por su colocación de créditos, serán poco dinámicas.

Ante lo anterior, sorprende que el Superintendente Financiero esté proponiendo eliminar el tope a la tasa de usura bancaria con el pretexto de aumentar el nivel de bancarización en Colombia, uno de los más bajos en el Continente. Muy audaz la propuesta para tan loable objetivo, pero en contravía con la necesidad de la economía. En lugar de eliminar los techos a unas tasas de interés que no favorecen al consumidor a pesar de las señales del Banco de la República, las entidades regulatorias deberían abrir a mayor competencia nuestro sector financiero, caracterizado por una estructura oligopólica, concentrada en pocos oferentes de servicios financieros.

La Superintendencia Financiera debería revisar las barreras de entrada a más competidores, y promover más actores y oferentes de un servicio público tan esencial para reactivar nuestro débil crecimiento económico. También, debería inspeccionar por qué, a pesar del audaz abaratamiento de las tasas de interés del Banco de la República, los bancos comerciales no trasladan dicho beneficio a sus usuarios. Debería revisar si existe o no una formación trasparente y eficiente de precios en el mercado de crédito. Debería ser más exigente con los bancos que vigila y supervisa sobre el necesario cumplimiento de los parámetros de solvencia y capital propio exigidos por Basilea III.

Los actores de esta novela tienen claro su libreto, esperemos que actúen a la altura del momento.

Por: José Roberto Acosta
@jrobertoacosta1

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