¿El decreto 1330 de 2019 garantizará la calidad de las instituciones de educación superior del país?

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Imagen: Pixabay
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Por: Styven Boyacá Calderón
Director Departamento Derecho Procesal
Moncada Abogados

La expedición del Decreto 1330 de 2019, el cual regula el registro calificado de programas académicos de la Instituciones de Educación Superior -IES-, es una deuda que apenas se comienza a saldar con los diferentes estamentos educativos. Tal como lo manifestó el Presidente en compañía de la Ministra de Educación, el pasado 27 de julio de 2019, esta nueva regulación ha sido construida entre más de 600 participantes en varios talleres, con el fin de expedir el mejor decreto mancomunado para la calidad de la educación superior.

Colombia está atravesando por la internacionalización de los programas académicos ofrecidos por las IES y, por tal razón, ya era hora de tener, o por lo menos empezar, con una regulación acorde esta nueva realidad social. Si bien, las disposiciones para tener un registro calificado de programas académicos se remontan de antaño a la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, es hasta tiempo reciente que se comienza a plantear una normatividad especifica que cumpliese con el concepto de calidad en protección al derecho a la educación del artículo 67 de la Constitución.

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En tal sentido, el Decreto 1330 de 2019 deroga al Decreto 1280 de 2018, y plasma nuevas disposiciones positivas que se puede resaltar en que: (i) unifica de los criterios para los programas ofrecidos por las diferentes Instituciones académicas; (ii) pone en línea con las nuevas tendencias tecnológicas de educación como los cursos virtuales llamados “Blended”, con el fin de llegar a municipios que no tienen oferta de programas de manera física; (iii) articula la cooperación entre las diferentes entidades del Estado del sector educación; (iv) invita a la formación en investigación e innovación; y en general (v) robustece el sistema de acreditación de los programas en aras de lograr la calidad de lo ofrecido.

No obstante, el progreso normativo del Decreto, la deuda con la calidad de la educación superior tiene muchos retos que cumplir. Tal vez, el principal de ellos, es la aplicación de lo ordenado en el nuevo Decreto ajustado con la realidad del país. Lo anterior, puesto que la normativa contiene varios problemas para su irrestricto cumplimiento, como por ejemplo, que la solicitud de registro calificado del programa académico cae en la cultura de la «tramitología» que padece la administración pública.

Esto obedece, a que en el proceso se debe hacer una etapa de preradicación de la solicitud que incluye radicación de documentación exigida, visita de verificación y concepto de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-, concepto del Ministerio de Educación sobre la visita de verificación, concepto del Ministerio sobre los documentos, nueva visita y verificación documental por parte del Ministerio, un informe de las condiciones institucionales por medio del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Nacional -SACES- y de la CONACES, además de la aprobación de todo lo anterior, con las subsanaciones por parte de la institución educativa que sean del caso.

De idéntica manera, la etapa de radicación de la solicitud de registro calificado implica la acreditación de otros documentos, visita previa del Ministerio y, de nuevo, concepto de verificación por partes de CONACES, registro al SACES, designación de pares académicos, nueva visita de verificación por parte del Ministerio, concepto con recomendaciones del CONACES.

Si a todo lo anterior se le suma que ya es recurrente que el Ministerio de Educación no cumpla con lo términos legales establecidos, como ha ocurrido por ejemplo con los procesos de convalidación del título extranjero en Colombia, este proceso se torna complejo.

Aunado a lo anterior, el Decreto 1330 de 2019 podría ser intrusivo en la autonomía universitaria que trata el artículo 69 constitucional, pues en los innumerables requerimientos para que se acredite la calidad de los programas académicos ofrecidos queda la sensación que la norma moldea y estila los programas ofrecidos por las Universidades. Ahora bien, como aspecto positivo, no cabe duda que el lenguaje normativo mejora con respecto a su Decreto antecesor, pues, intenta definir mas no ordenar los aspectos educativos de los programas.

De cualquier forma, a pesar de las dificultades que pudiese presentar su aplicación y otros tantos aspectos que implican retos para el mejoramiento de la calidad, es plausible que poco a poco se están expidiendo normas de carácter particular a temas tan relevantes como lo es la educación superior. Para no caer en la especulación se deberá esperar a que las IES comiencen los procesos de registro calificado de programas académicos para comenzar una real evaluación del Decreto en comento.

Contenido publicado en la edición «Universidades 2020», de La Nota Económica.

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