¿La incertidumbre regulatoria en materia aduanera llegó a su fin?

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Imagen: Pxhere
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Por: Karen Macías Santos
Directora Departamento Derecho de la Empresa
Moncada Abogados

Este interrogante tiene como base la expedición del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, por medio del cual el ejecutivo expidió el “Régimen de Aduanas”, con el cual se pretende eliminar la diversidad e incertidumbre acerca de la normativa que había en torno a la regulación aduanera colombiana, que tuvo su génesis en la expedición del Decreto 390 de 2016 o “nuevo estatuto aduanero”.

Se suponía que la entrada en vigencia de este decreto iba a ser escalonada en un término no mayor a un año, bajo el argumento de que se ajustaría la estructura funcional y tecnológica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—.

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Sin embargo, ese proceso nunca terminó e implicó múltiples confusiones sobre las disposiciones aplicables para la autoridad aduanera, los agentes aduaneros, los importadores, los exportadores y demás actores, llevando a que el gobierno tuviera que aclarar cuál era la disposición normativa vigente para determinada operación aduanera. Lo anterior por medio de resoluciones y circulares de la DIAN que no son las disposiciones reglamentarias llamadas a precisar la vigencia de un decreto con rango de ley.

Lo cierto es que en el afán por cumplir con los requisitos de modernización de sistemas, la simplificación de trámites, la reducción de la evasión y el cohecho y por los tiempos en trámites aduaneros, requeridos por los comités de comercio y asuntos fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos —OCDE—, el renombrado Decreto 390 no resultaba ser un compendio real de las disposiciones en materia aduanera, lo cual se puede corroborar de manera indiscutible con el hecho de que ni siquiera se incluyeron temas tan medulares para el régimen aduanero como las zonas francas, los sistemas especiales de importación y exportación, las sociedades de comercialización internacional y las zonas especiales económicas de exportación.

Tal dispersión normativa puede evidenciarse de manera transparente en el régimen de zonas francas. En este, antes de la expedición del Decreto 1165, se encontraban disposiciones aplicables del Decreto 2685 de 1999, del Decreto 390 de 2016, del Decreto 2147 de 2016 —con vigencia escalonada— y de sus más de cinco decretos modificatorios con resoluciones que, además, pretendían aclarar su vigencia. Hoy, con la vigencia del Decreto 1165, únicamente se deben observar las disposiciones de este y del Decreto 2147 en lo que tiene que ver con las operaciones de comercio exterior en las que intervengan usuarios de zona franca y su respectivo control y fiscalización.

Para finalizar, resulta pertinente hacer referencia a las estadísticas oficiales del Banco Mundial. En su informe Doing Bussiness (2018-2019), el tiempo estimado para llevar a cabo una operación de exportación de mercancías en Colombia es de 112 horas y 630 dólares, frente a países como México y Chile, que cuentan con un tiempo estimado de 20.4 y 60 horas y un costo de 400 y 290 dólares, respectivamente.

En este contexto, tenemos un nuevo estatuto aduanero el cual se espera, ahora sí, sea un instrumento único aplicable frente a las operaciones aduaneras que resultan de vital importancia para la economía y el desarrollo del país.

Especial publicado en la reciente edición «Vademécum» de La Nota Económica.

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