La modernización del Estado colombiano y los desafíos para promover la inversión empresarial

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Por: Juan Carlos Moncada
Socio director de Moncada Abogados

Al momento de emprender y desarrollar sus negocios, los empresarios en Colombia se enfrentan a múltiples obstáculos que se ven reflejados en un sinnúmero de trámites, duplicidad de requisitos y costos excesivos que impactan negativamente en el adecuado desarrollo de las empresas. Con esto, se disminuye significativamente la competitividad del país con respecto a los mercados globales. Si bien se han registrado algunos avances, el gobierno colombiano está en mora por crear herramientas idóneas y por impulsar mecanismos que permitan una solución real y efectiva para superar estas barreras de acceso.

El Banco Mundial en su informe Doing Business (DB), correspondiente al año 2018-2019, consolida los resultados obtenidos de la evaluación efectuada a las normas regulatorias de 190 países, con el fin de determinar su incidencia en la actividad empresarial. En el informe se indica que nuestro país obtuvo una calificación de 69.24 puntos, ubicándose en el puesto 65 entre 190 economías evaluadas, perdiendo seis posiciones con respecto al año anterior. Se puede concluir que las dificultades para los empresarios se relacionan con permisos de construcción, comercio transfronterizo y pago de impuestos.

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Resulta importante destacar que el DB utiliza como metodología el denominado índice de facilidad para hacer negocios (IFN) y que se ha posicionado como un referente para el funcionamiento y el desarrollo del sector privado y de los gobiernos. En esta última entrega se analizaron diez áreas específicas: 1) apertura de una empresa, 2) manejo de permisos de construcción, 3) obtención de electricidad, 4) registro de propiedades, 5) obtención de crédito, 6) protección de los inversionistas minoritarios, 7) pago de impuestos, 8) comercio fronterizo, 9) cumplimiento de contratos y 10) resolución de insolvencia.

La ritualidad excesiva y el amplio número de trámites y procedimientos burocráticos desalientan la inversión y la presencia de empresas nacionales y extranjeras. Los organismos multilaterales conocen la importancia de estos asuntos. Un ejemplo de ello es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, a través de su publicación El fin del trámite eterno. Ciudadanos, burocracia y gobierno digital, explica la importancia de simplificar trámites, resaltando los errores comunes y proponiendo líneas de acción para orientar las acciones estatales en beneficio de los ciudadanos y los empresarios.

La publicación destaca que los expertos plantean el uso de los canales digitales como una solución efectiva a los inconvenientes que se presentan con los trámites presenciales pues, en términos generales, son más económicos, mucho más expeditos y reducen en gran medida las posibilidades de corrupción por parte de los actores que intervienen.

No obstante, en Latinoamérica las cifras son desalentadoras, solamente 4 % de las personas realizan los trámites y procedimientos por medios digitales. Según este informe, los motivos por los que los trámites son tan complicados y dispendiosos obedecen principalmente a las siguientes razones: a) el gobierno desconoce la experiencia con la que cuentan los ciudadanos y los empresarios, b) existe una alta complejidad regulatoria, c) insuficiencia en la coordinación interinstitucional y d) el Estado desconfía del ciudadano e impone requisitos para protegerse.

Como experiencias internacionales podemos resaltar que países como México, Chile, Uruguay y Estonia han trabajado durante años en consolidar una administración pública con un alto grado de digitalización, enfocando sus esfuerzos en acercar al Estado al servicio del ciudadano, con entidades públicas que funcionan de manera coordinada y sistematizada. Además, han contado con una entidad altamente especializada, encargada de la implementación y del monitoreo constante de estas estrategias.

En Colombia, la Ley 1955 de 2019 por medio de la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, confirió al presidente determinadas facultades extraordinarias para simplificar, suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Estas facultades son limitadas por un término de seis meses, es decir, solo se podrán ejercer hasta noviembre del año en curso.

En consecuencia, el gobierno nacional expidió la Directiva Presidencial No. 7 de junio de 2019, que tiene como objeto orientar a las entidades frente a las medidas y acciones que deben adoptar en aras de reducir aquellos trámites y procedimientos que resultan excesivos en la administración pública. De esta manera, se orientan las acciones y compromisos para simplificar las relaciones de las entidades y los organismos con los ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales.

El pasado 18 de julio, se conocieron los pormenores de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil que ha permitido, desde agosto de 2018 hasta la fecha, eliminar o automatizar 811 trámites, 86 barreras e intervenir 214 normas consideradas como obsoletas en 160 entidades.

De lo anterior se colige que el Estado tiene el desafío institucional de propender por la implementación de una política que genere resultados y avances contundentes y visibles en la reducción y automatización de trámites y procedimientos. La gran apuesta no solamente se encuentra en depurar y simplificar, también en consolidar un gobierno digital con plataformas tecnológicas, eficientes, adecuadas y de fácil acceso que fomenten, desde la perspectiva empresarial, la inversión, competitividad y la seguridad jurídica.

Como complemento a estas reflexiones, estaremos presentamos en los siguientes días el análisis de la problemática en diferentes áreas y sectores de la economía, lo que, desde nuestra perspectiva, representa una oportunidad para que el gobierno y sus instituciones respondan al desafío de modernizar la relación Estado ciudadano- empresa.

Especial publicado en la reciente edición «Vademécum» de La Nota Económica.

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