La relevancia de la interpretación prejudicial en materia de telecomunicaciones

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Imagen: Pixabay
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En Colombia, el universo de las telecomunicaciones se ha visto revolucionado por la sanción impuesta por una autoridad judicial nacional a algunas empresas que prestan estos servicios, consistente en pagarle al Estado colombiano una suma superior a los $4 billones (US$1.720 millones) como compensación a la cláusula de reversión de los equipos, bienes e infraestructura utilizados en la ejecución de los contratos de concesión para la prestación del servicio de telefonía móvil al interior del país.

Este laudo se encuentra, desde noviembre del año 2017, ante el Consejo de Estado en análisis acerca de una posible nulidad. ¿La razón? Omitir la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN).

Pero, ¿cómo entender la interpretación prejudicial?

La Comunidad Andina (CAN) es una organización de carácter interestatal compuesta por cuatro países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que permite una integración económica subregional para la consecución de objetivos comunes de los Estados miembros. Tiene como objetivos, entre otros, los de reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países, disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar el nivel de vida de los habitantes.

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La CAN tiene la capacidad de crear normas supranacionales de obligatorio y directo cumplimiento entre sus países miembros, así como entre las autoridades judiciales y administrativas que conocen de sus conflictos. Es por ello, y con el fin de ejercer un seguimiento efectivo a la sujeción de las normas interestatales, que en el año 1978 se creó el TJCAN con la función, entre otras, de realizar interpretación prejudicial de los asuntos que conocen las mencionadas autoridades y que ocupen materias comprendidas en el derecho común, con el fin de que se implementen de manera uniforme las disposiciones andinas.

¿Y cuándo se debe solicitar la interpretación prejudicial?

Es obligatorio solicitar la interpretación prejudicial al TJCAN cuando los tribunales judiciales nacionales de los países miembros deban resolver un conflicto que ocupe aspectos regulados por el Derecho Andino, y frente a su decisión no proceda recurso alguno, siendo vinculante para el operador de justicia nacional el cumplimiento del contenido de la consulta efectuada por el Tribunal de Justicia; y es facultativa, en aquellos casos en los que las partes inmersas en el conflicto ostentan mecanismos de impugnación del fallo proferido por los jueces nacionales. (Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Art. 19).

Pero, ¿por qué importa al mundo de las telecomunicaciones?

Las telecomunicaciones son materia trascendental para la CAN, es por ello que se han expedido normas supranacionales de obligatorio cumplimiento para los países miembros, y entre otras se resalta: la Decisión 439 de 1998, que estableció el marco general y los principios de la denominada “liberalización del comercio de servicios”; la Decisión 462 de 1999, en la que se reguló el proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones y las condiciones generales para la prestación del servicio; y, la Resolución 432 de 2002, en la que se acordaron aspectos específicos para la interconexión de los servicios de telecomunicaciones y se estableció de forma taxativa que la normativa aplicable para dirimir los conflictos que de ella se derivan deben ser las del derecho comunitario, siendo entonces procedente elevar consulta al TJCA previo a resolver los litigios en última instancia.

¡La coyuntura!

A pesar de que el Tratado de Creación del TJCAN cuenta con más de cuatro décadas de vigencia, en los últimos años, en materia de telecomunicaciones, algunos tribunales de justicia nacionales han omitido solicitar la interpretación prejudicial obligatoria al TJCAN, circunstancia que ha derivado en la nulidad de los laudos arbitrales y los fallos judiciales.

Resulta relevante mencionar que en Colombia se cuenta con precedente de anulación de sentencias por omisión a las normas del derecho supranacional y, en particular, por omitir la solicitud de interpretación prejudicial ante el TJCAN en los aspectos regulados en el derecho comunitario.

Entre ellos se resalta que en el año 2011 el mencionado Tribunal de Justicia profirió sentencia del 26 de agosto, con auto aclaratorio de noviembre 15 del mismo año, en el que formuló cargos en contra de la República de Colombia por incumplimiento del derecho comunitario y de las decisiones expedidas en virtud de la interpretación judicial, suceso que derivó en la expedición, por parte del Consejo de Estado, de cuatro sentencias proferidas el día 9 de agosto del año 2012, en las que se anularon los fallos impugnados debido a que el operador judicial omitió la interpretación prejudicial, procedimiento que resultaba necesario por tratarse de temas de interconexión en materia de telecomunicaciones, regulados de forma específica en las normas supranacionales andinas.

Y, entonces, ¿todos los conflictos de telecomunicaciones deben ser interpretados prejudicialmente?

No. No todos los conflictos son susceptibles de ser interpretados por parte del TJCAN. Se reitera que procede en aquellos eventos en que están inmersas normas del derecho comunitario y el proceso carezca de recursos. Sin embargo, es posible que exista incertidumbre acerca de si el litigio ocupa materias reguladas por el derecho comunitario, por eso, en este escenario, resulta necesario solicitar la interpretación prejudicial del TJCAN, circunstancia que permite que prevalezcan las normas del derecho andino y su aplicación de forma uniforme a todos los países miembros de la CAN.

¿Qué hacer en los casos de duda acerca de su aplicación?

De lo aquí expuesto, las partes inmersas en conflictos que versen sobre telecomunicaciones deben tener presente la necesidad de solicitarle a las autoridades judiciales nacionales que conocen de su litigio, que eleven solicitud de interpretación prejudicial al TJCAN y evitar con esto una posible nulidad de los fallos y las sentencias nacionales, y, así mismo, se salvaguardan de las repercusiones económicas y de tiempo que se derivarían de la omisión.

Isabel Aldana Salazar
Moncada Abogados

Este contenido hace parte de la edición Universo TIC de La Nota Económica, en la que encontrará un análisis detallado sobre este sector en el país y otros contenidos de interés. ¡Suscríbase!

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