Los documentos tipo en la contratación estatal: el reto de estandarizar las buenas prácticas

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Imagen: Pixabay.
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Por: Jéssica Alejandra Mancipe González
Socia de Moncada Abogados

Los fines esenciales del Estado, la prestación de servicios públicos, así como los derechos y garantías de los administrados, se satisfacen a través de la contratación administrativa. El contrato estatal es uno de los instrumentos más trascendentales en la tarea de promover y concretar el interés general. Ahora bien, el contrato no solo es el resultado del proceso de estructuración de las necesidades que pretende satisfacer la administración, sino de los factores que determinan la selección de los oferentes.

Pese a lo anterior, la práctica ha puesto de presente un panorama que dista mucho del cumplimiento del principio de selección objetiva. Según los resultados del Observatorio de Contratación 2018 de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la adjudicación de contratos se realizó a únicos oferentes en un 81 % y 70 % para el caso de los municipios y departamentos, respectivamente. Estas cifras, sumadas a las quejas y denuncias sobre las restricciones injustificadas en las reglas de selección, que limitan y dificultan la participación de oferentes nacionales y extranjeros, llevaron a que la Ley 1882 de 2018, en su artículo 4, contemplara la adopción de documentos tipo que estandarizaran los pliegos de condiciones en ciertos segmentos relacionados con obras públicas, interventoría y consultoría de obra, estudios y diseños.

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Este mandato fue desarrollado parcialmente por el gobierno a través del Decreto 342 de 2019, que adoptó los documentos tipo para los pliegos de condiciones específicamente en materia de obra pública de infraestructura de transporte, modelos que se encuentran contenidos en la Resolución 1798 de 2019 de Colombia Compra Eficiente.

Consideramos que la estandarización documental tiene consecuencias positivas que han sido destacadas por gremios y organismos internacionales tales como la transparencia en las compras públicas, la promoción de la competencia, la disminución de costos administrativos y el aumento de la confianza ciudadana, entre otros.

No obstante, la creación de documentos y pliegos tipo no es suficiente. Es un paso importante en el camino para lograr mayor participación de oferentes en los procesos de selección y para alcanzar mejores estándares de calidad y transparencia, pero requiere acciones consecutivas que lleven a la administración pública a concentrar sus esfuerzos, recursos y personal en la adecuada estructuración técnica, financiera y jurídica de los servicios, obras y proyectos que pretenden satisfacer el interés general.

En otras palabras, los pliegos tipo representan un desafío: estandarizar la eficiencia y las buenas prácticas contractuales en la administración pública, pero la promoción de la oferta y la pluralidad requieren medidas simultáneas en pro de la buena gestión contractual.

Especial publicado en la reciente edición «Vademécum» de La Nota Económica.

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