¿Más eficiencia para la administración y vigilancia de los recursos de la salud?

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Imagen: Pixabay
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Por: Diego Javier Muñoz Lancheros
Director del Departamento de Derecho Público
Moncada Abogados

A través de la recién expedida Ley 1966 del 2019, el legislador estableció diferentes herramientas con el fin de mejorar la gestión y transparencia de los recursos en el sistema de seguridad social en salud, servicio de suma relevancia para los colombianos y sobre el cual han existido reparos y críticas desde diferentes sectores de opinión, así como por entes de control y de los propios usuarios.

Usualmente se pasa por alto que, en la prestación del servicio, tiene plena relevancia el papel que desempeña el sector empresarial como actor que coadyuva con el Estado colombiano para la consecución de ese fin. Es el que legítimamente aspira a obtener una ganancia en una economía de mercado (así lo reconoce la Corte Constitucional en sentencia SU-480 de 1997) y con respecto a quien surgen varias inquietudes a propósito de los efectos de la nueva ley.

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En efecto, el Sistema Integrado de Control, Inspección y Vigilancia para el Sector Salud, en el cual participarán las Superintendencias de Industria y Comercio, Financiera y Salud, implica que varias entidades se pronuncien sobre la prestación del servicio, cuando es evidente que en el caso de estas entidades, cada una cuenta, según sus objetivos misionales y funciones, con distintas órbitas de acción y competencias definidas con respecto al sector en el que ejercen la función de ‘policía administrativa’.

Si bien la Constitución y la ley establecen principios de coordinación y colaboración por parte de las entidades de la administración pública, queda la sensación de que habrá un amplio marco de acción simultánea de algunas entidades que no son especialistas en materia de seguridad social, lo que da el mensaje a posibles interesados de invertir en el sector de una multiregulación sobre una misma materia.

La seguridad jurídica para la inversión no se traduce exclusivamente en el establecimiento y el respeto por un ordenamiento jurídico justo y estable, sino en que los diferentes servicios públicos sean controlados y regulados por autoridades claramente definidas y profesionales en las áreas respectivas. Es allí donde se deben enfocar los esfuerzos. No se trata solamente de asignar competencias o funciones, sino de fortalecer y profesionalizar las que ya existen, para que las autoridades sean más eficientes y oportunas en el ejercicio de sus funciones.

Especial publicado en la reciente edición «Vademécum», de La Nota Económica.

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