Meta 2019: solución de mutuo acuerdo en controversias tributarias

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Imagen: Pixabay
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Durante el año 2019 y con ocasión de la Ley de Financiamiento, los empresarios podrán dar por terminadas las controversias en materia tributaria con la DIAN, los departamentos, municipios, la UGPP y las corporaciones autónomas regionales, con respecto a los impuestos y parafiscales, cuando las mismas se encuentren en sede judicial o administrativa.

Conciliaciones en procesos contenciosos administrativos:

Por medio de este mecanismo, el legislador facultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales1 para conciliar sanciones e intereses atinentes a impuestos nacionales –incluidos tributos aduaneros2 –, así como a las administraciones territoriales –de orden departamental, distrital y municipal–, a las corporaciones autónomas regionales y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), dependiendo de la instancia en la que se encuentre el proceso y bajo la condición que se pague el impuesto a cargo3 en su totalidad.

En eventos en los que no haya impuesto a cargo sino que se trate de acciones en contra de resoluciones, que impongan sanción de carácter tributario aduanero y cambiario, la conciliación versará sobre la mitad de la sanción actualizada.

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Para acceder a este mecanismo se requiere que a 29 de diciembre de 2018 estuviese presentado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no haberse proferido sentencia debidamente ejecutoriada. Así, al momento de presentar la solicitud de conciliación ante la administración, se deberá contar con la admisión de la demanda, acreditar el pago de las sumas que estarán a cargo y probar el cumplimiento de las obligaciones respectivas al tributo que está siendo objeto de conciliación –antes de 30 de septiembre de 2019–.

El acta de conciliación deberá ser suscrita antes del 31 de octubre de 2019 y presentada a la autoridad judicial que conozca del litigio para su aceptación.

Procedimiento de finalización por mutuo acuerdo de diferencias en sede administrativa:

Las autoridades tributarias del orden nacional y territorial podrán terminar de mutuo acuerdo, con efectos de transacción4, procesos administrativos respecto de impuestos nacionales –a excepción de ciertos tributos aduaneros5 –, facultad que también se extiende a las corporaciones autónomas regionales y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP–, para lo cual es necesario que el requerimiento especial, liquidación especial o resolución que decida acerca del recurso de reconsideración haya sido notificado antes de 29 de diciembre de 2018.

Cuando se trate de eventos en los cuales se esté discutiendo el monto del impuesto a cargo, el contribuyente deberá pagar la totalidad del impuesto a cargo propuesto o liquidado por la Administración Tributaria, adicionando el 20 % de la sanción e intereses.

En eventos en los que no haya impuesto a cargo sino que se trate de a. resoluciones que imponen una sanción dineraria de carácter tributario aduanero y cambiario o b. resoluciones que impongan sanciones por compensaciones o devoluciones improcedentes, se transará la mitad de la sanción actualizada, con el mecanismo de mutuo acuerdo. En este último evento se deberá devolver las sumas indebidamente compensadas o devueltas.
Con respecto a las resoluciones que imponen sanción por no declarar, el contribuyente, igualmente, deberá pagar la totalidad del tributo a cargo y el 30 % de las sanciones e intereses.

La administración proferirá un acta de terminación de mutuo acuerdo de la controversia que cursa en sede administrativa. Es de señalar que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo que eleve el contribuyente no suspende los procesos de determinación oficial del tributo que se encuentren en curso, sino que, una vez suscrita el acta, dejará sin efectos los actos administrativos que versen sobre los tributos o sanciones que fueron transados.

Los contribuyentes que hayan presentado acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de cualquiera de los actos administrativos mencionados podrán acceder a este mecanismo de terminación por mutuo acuerdo, siempre y cuando se acredite la presentación de la solicitud de retiro de la demanda correspondiente.

Principio de favorabilidad en el proceso de cobro coactivo:

Para finalizar, se encuentra la posibilidad que tienen los contribuyentes con obligaciones fiscales a cargo, y que presten mérito ejecutivo, de solicitar a las administraciones tributarias nacional y territoriales para que se lleve a cabo una reducción de intereses y de la sanción –la cual será reducida en menor medida cuando ha sido propuesta o determinada por la administración–, lo cual implica que los intereses causados y el impuesto a cargo deben pagarse en su totalidad.

Los mecanismos aquí expuestos serán objeto de reglamentación por parte de las autoridades tributarias, del orden nacional y territorial, pero ciñéndose a las condiciones de la Ley 1943, aquí explicados; los cuales, como se observa, son mecanismos que, si bien descongestionan la administración y generan liquidez al erario, también resultan de importancia y ganancia significativa para los contribuyentes, mediante la reducción de las sanciones e intereses a cargo.

Por: Karen Macías Santos
MONCADA ABOGADOS

1 Eventualmente, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la DIAN, las direcciones seccionales podrán llevar a cabo las conciliaciones, las cuales podrán ser solicitadas, además del deudor principal, por parte de deudores solidarios o garantes del deudor principal de la obligación tributaria objeto de discusión.

2 En materia aduanera, esta conciliación no procede con respecto a actos que definan la situación jurídica de las mercancías, tales como desaduanamiento, no levante y decomiso, entre otros.

3 De acuerdo con obligaciones de carácter tributario respecto de las cuales las entidades enunciadas sean sujetos activos.

4 Según la normativa en materia civil, la transacción es un modo de extinguir las obligaciones y consiste en un contrato en el cual las partes acuerdan terminar de manera extrajudicial un litigio pendiente o precaver un litigio eventual.

5 En materia aduanera, esta conciliación no procede con respecto a los actos que definan la situación jurídica de las mercancías, tales como desaduanamiento, no levante, decomiso, entre otros.

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