Por: Alejandro Cheyne, rector Universidad del Rosario.
Uno de los debates más sensibles en la coyuntura económica y social por la que atraviesa nuestro país, es el relacionado con la propuesta de una nueva reforma tributaria, denominada Ley de Solidaridad Sostenible, que el Gobierno Nacional ha puesto a consideración del Congreso de la República. Con el ánimo de contribuir a este debate, quiero presentar los que, a mi modo de ver, son los pros y contras de esta propuesta, desde una óptica de solidaridad, equidad y búsqueda del bien común.
Desde la academia, hemos comprendido que escuchar y dialogar con todos los actores de la sociedad es fundamental para construir soluciones a los desafíos de nuestro país.
Por eso, considero necesario parar el trámite en el Congreso y abrir más espacios para la reflexión y el análisis de las necesidades, realidades y percepciones de los ciudadanos. Una vez más, reafirmamos desde la Universidad del Rosario nuestro propósito de generar un Gran Debate frente a la reforma tributaria, mediante nuestro Centro de Diálogo Nacional.
En primer lugar, considero que vale la pena realizar un análisis técnico de las finanzas públicas de nuestro país, como lo ha afirmado la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. Lo anterior, ya que se considera que la actual estructura tributaria en Colombia es disfuncional por tres principales motivos:
- La base tributaria es pequeña, es decir, el porcentaje de personas que paga impuestos no es suficiente, lo cual está agravado por unos elevados niveles de evasión.
- Hay un claro desequilibrio entre ingresos y egresos en las finanzas públicas del país. El hueco fiscal llegó al 9% como resultado de la pandemia por el Covid-19, lo cual ha provocado un incremento en el gasto social y los programas de ayuda, al tiempo que el recaudo de impuestos se ha dificultado por el impacto sobre los ingresos de empresas y familias en medio de la más grave crisis económica de la historia del país.
- Los tributos son inequitativos, dada una importante serie de exenciones, descuentos y deducciones existentes, sistema en el que el costo puede ser en ocasiones mayor que el beneficio para la sociedad en conjunto, ya que puede estar dando un trato tributario preferencial a grupos específicos, reduciendo los montos recaudados y simultáneamente incrementando la alta desigualdad social.
Así las cosas, se requiere efectivamente de una reforma estructural del sistema tributario colombiano, que haga realmente eficientes las finanzas públicas, que tenga carácter progresivo y que lleve a una mayor equidad.
De lo contrario, no se logrará la necesaria sostenibilidad en el largo plazo, al tiempo que se pondrá en peligro la calificación de riesgo que con tanto esfuerzo se ha venido mejorando a través del tiempo, la cual es un indicador de la confianza en nuestro país.
Vale la pena comentar que desde que yo era estudiante de pregrado de Economía, hacia finales de la década de los 80, escuchaba los debates sobre la necesidad de un ajuste integral de las finanzas públicas, y cada nueva reforma prometía ser la definitiva.
Sin embargo, es muy preocupante ver cómo se somete a la sociedad a recurrentes reformas parciales, que hacen que las reglas de juego en materia de impuestos cambien permanentemente, estando todavía muy distantes del ideal en términos de equidad y justicia social.
Dicho lo anterior, a pesar de que hay argumentos técnicos que la sustentan, la respuesta de los ciudadanos a la propuesta del Gobierno debería ser “así no, por favor”.
De acuerdo con la encuesta Reactivar Colombia, realizada por la Universidad del Rosario, el 73 % de los encuestados afirmó una reducción en los ingresos de su hogar, fruto de la pandemia.
Cuando se analiza en detalle la propuesta, diversos puntos pueden resultar agresivos para el bolsillo y el bienestar de las familias colombianas, entre ellos el aumento del IVA a productos básicos, hecho que está resultando altamente preocupante a grandes segmentos de la población, principalmente a aquellos de ingresos medios y bajos.
Solo el 5 % de la población colombiana apoya el IVA, y el 5% el impuesto al salario de los trabajadores para financiar el gasto social, según la última encuesta polimétrica realizada por Cifras y Conceptos en abril del 2021.
Al mismo tiempo, pareciera que en esta propuesta el grado de sacrificio para las grandes industrias no fuera el mismo que para las familias, ya que la reforma termina afectando en mayor medida la capacidad de consumo de los hogares.
Ahora bien, un interrogante importante es si este es el momento adecuado para proponer una nueva reforma tributaria, cuando el país atraviesa uno de los momentos más delicados de la pandemia, que se traduce a su vez en una alta incertidumbre sobre la solidez del proceso de recuperación de la economía.
A pesar de que el presidente Iván Duque afirmó que esta reforma es el único camino para enfrentar los efectos del Covid-19 –pues recaudar 25 billones de pesos le permitiría al Gobierno atender las necesidades derivadas de la emergencia económica y de salud pública– la reacción de diversos sectores es de abierto rechazo, pues su percepción es que traerá consecuencias altamente negativas sobre su ya delicada e incierta situación, reduciendo su capacidad de compra y poniendo en peligro la sostenibilidad de sus negocios o de sus empleos.
Es claro que una gran cantidad de países se enfrenta a situaciones similares en sus finanzas públicas, pues la crisis actual ha requerido grandes e imprevistos incrementos en sus niveles de gasto público, pero llama la atención que mientras otros gobiernos siguen concentrados en generar mecanismos de apoyo económico, en Colombia el debate actual esté dando prioridad a cómo arreglar la situación fiscal del país.
Un argumento que algunas personas sostienen a favor de la reforma tributaria es que no es tan grave en el corto plazo, pues su impacto sobre las familias se vería hasta el año 2022 o incluso 2023, ya que se está debatiendo hoy, pero entraría en vigor más adelante. Sin embargo, hay que recordar que la recuperación económica después de una crisis no es algo automático, sino que es un proceso que toma tiempo, sobre todo cuando nos referimos a esta como la peor crisis económica de la historia, cuya recuperación tardará varios años, sin duda.
Finalmente, la propuesta en materia de ajustes tributarios debe analizarse en el marco de una reflexión más profunda sobre la economía y la sociedad colombianas, como afirmó la economista Mariana Mazzucato, invitada a la Conferencia Académica Anual de la Universidad del Rosario del 20 de abril. Hay que tener en cuenta que el Estado no ha de ser solamente un regulador, sino que juega un papel fundamental como cocreador de bienestar, junto con el sector privado.
De esta manera el bien común, el progreso, la competitividad, la equidad y la justicia social que tanto necesitamos se convierten en el resultado de una colaboración público-privada.
Los impuestos pueden generar o bien una carga pesada y un freno, o incentivos y motores para la generación de mejores condiciones de vida, innovación, inclusión, cuidado del medio ambiente y mayor bienestar para todos, principalmente para quienes más lo necesitan.
