En cuidados intensivos, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) de programas académicos en el país

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La preocupación por la calidad del servicio público de la educación superior en el país condujo, mediante la Ley 30 de 1992, a la creación del Sistema Nacional de Acreditación orientado y gestionado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), organismo que ideó los mecanismos para adelantar el rendimiento de cuentas por parte de las instituciones con el fin de garantizar la buena fe de los usuarios del servicio educativo y de fomentar el incremento de la calidad de los programas académicos y de las instituciones como un todo.

Desde 1995, fecha en la que el CNA inició su trabajo, se han acreditado 2.106 programas de pregrado, sobre un total de 11.648. Sobre 292 instituciones de educación superior, 79 han alcanzado su acreditación de alta calidad. Es importante tener en cuenta que por una parte la Ley previó que la acreditación en el país fuera voluntaria y que el tamaño de la matrícula a 2016 era de 2.234.285 estudiantes.

Se cumplen 25 años de funcionamiento del CNA y durante este lapso el gobierno de Uribe creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) – distinto del CNA- agenciado por la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), encargada de otorgar el Registro Calificado que permite el funcionamiento de los programas académicos en todas las instituciones.

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Complementariamente, existe el Sistema Nacional de Información del Ministerio de Educación Nacional (SNIES), el Laboratorio Laboral y otros instrumentos como el MIDES o Sistema de Indicadores de Calidad de la Educación Superior y el soporte del ICFES que arroja información sobre resultado de pruebas de Estado y pruebas Pro, realizables al término de los estudios profesionales.

En total, toda una batería de instrumentos que con el tiempo se han ido convirtiendo en instrumentos de control, inspección y vigilancia, más que en dispositivos que procuren mejor calidad y pertinencia de las instituciones de educación superior. Entre estos organismos, poco o ninguna coordinación existe y en el caso de CONACES y CNA, sus tareas se traslapan y sus resultados e impacto en calidad aún no se pueden medir. La situación se agrava ante la imposibilidad de adelantar la sugerencia de la OCDE en 2012 de reestructurar estos instrumentos, de hacer un verdadero “Sistema de rendimiento de cuentas de programas e instituciones”, buscar entre ellos una coordinación y establecer una política en la materia a la altura de las exigencias y retos que en el nuevo escenario global tienen las instituciones.

No obstante, hay que reconocer que la labor inicial del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) se llevó a cabo con gran eficiencia, calidad, reconocimiento de las comunidades académicas y gran legitimidad ante el sector en virtud de haberse establecido con un enfoque conceptual y una metodología y herramientas sólidas, con autonomía respecto del gobierno, con capacidad reconocida por parte del Ministerio de Educación Nacional y el soporte del Departamento de Planeación Nacional para el manejo de sus recursos de presupuesto, conscientes del valor y la trascendencia de las tareas del CNA para el mejoramiento de la calidad de la educación superior en el país.

Esto explica que, en los primeros años de funcionamiento del Consejo, más que hoy, se haya generado en el país una cultura de la evaluación, un mejor conocimiento de la oferta educativa por parte de los padres de familia y estudiantes y que se disponga de un mínimo de estándares que orientan a las instituciones y al mercado acerca de las exigencias de un servicio público educativo de calidad y pertinente.

Estos atributos y posibilidades de operación del Consejo se han venido erosionando. Desde el 2002, el Ministerio ha querido subsumir bajo su estructura al Consejo, frente a él ha ido forjando un manto de sospecha sobra su efectividad, su independencia de juicio y como consecuencia estrechando cada vez su autonomía en el manejo de su personal de apoyo y en la ejecución de sus recursos. Pero, además, y al parecer, las instituciones de educación superior han perdido su interés y apoyo a las labores del Consejo y éste último ha tenido particular dificultad en la conformación de un grupo de pares académicos de primer nivel que adelanten los procesos de visita de evaluación externa a los programas e instituciones.

En consecuencia, es urgente recuperar el liderazgo del Consejo Nacional de Acreditación, el interés y apoyo al mismo por parte de las instituciones más consolidadas, la autonomía del Consejo frente al gobierno en materia de gestión y uso de sus recursos y el compromiso de la comunidad académica para que la calidad de sus tareas no desfallezca. Actualmente, el Consejo se halla en un proceso de reflexión crítica que debe fortalecerse, hacerse radical y procurar salidas apoyadas en el mejor conocimiento disponible.

Por: Luis Enrique Orozco
Profesor titular en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

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