Está en las manos visibles del Estado

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Nada ha sido tan contundente como el coronavirus para hacernos entrar en paro y terminar de enfrentarnos a la cúspide de la triple emergencia: sanitaria, económica y social. No es como si antes no la hubiéramos estado padeciendo, como si hasta ahora nos diera más miedo el sistema de salud que las enfermedades, como si antes no viviéramos del rebusque diario, como si antes no tuviéramos que acudir a los créditos bancarios para poder estudiar, vivir e, incluso, comer. Sí, la crisis económica y laboral ya la estábamos padeciendo, solo que ahora el virus la hizo inocultable.

Ya teníamos millones de muertos, enfermos y asustados. Ya se les había pedido a todos los gobiernos que dejaran de endeudar al Estado y ponerlo a depender de los recursos minero-energéticos; ya se había hablado de los enormes líos que genera una política económica tan dependiente del comercio exterior y tan desconsiderada con lo propio como la de los últimos 30 años; ya habíamos visto morir a personas en las EPS por priorizar la intermediación financiera y no la vida; se había demostrado que la economía no iba a despegar con un crecimiento concentrado en sectores con alta informalidad, bajas remuneraciones, baja empleabilidad y volatilidad; se denunció que el sistema tributario no podía seguir dando beneficios injustificados a las grandes empresas y descargar en trabajadoras y ciudadanos impuestos regresivos; se demostró hasta la saciedad que debe ser el Estado y no el mercado el actor de la equidad, porque hasta hoy “en las manos invisibles del mercado” no se ha logrado satisfacer las necesidades de los ciudadanos ni en empleabilidad de calidad ni en ingresos, mucho menos, para asegurar la salud.

La realidad del virus en Colombia es que para la segunda semana de abril completaremos 37 días desde que se conoció el primer caso, y que hasta ahora tenemos un promedio de 209 pruebas aplicadas por millón de habitantes. La realidad de la otra tragedia latente, además de las cifras de contagiados y fallecidos, es la derivada de cuatros años consecutivos con aumento de la precariedad laboral y del desempleo que han dado como tendencia la reducción del número de ocupados y el aumento de la desocupación. Nadie tiene dudas de que esta situación amerita las más idóneas medidas a la mayor velocidad, y que, aunque la economía en general tendrá pérdidas, el foco debe estar en los más vulnerables del mercado laboral, así como en los sectores más afectados por las medidas de aislamiento, como las víctimas del conflicto y los desplazados.

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Los más vulnerables pertenecen a los segmentos de la población que sufre una mayor exclusión social y que en el mercado de trabajo se ubican especialmente en actividades con bajas remuneraciones, inestabilidad laboral, no cotización completa al sistema de seguridad social, condiciones de salud laboral deficientes y la imposibilidad de acceso a los derechos de asociación sindical. Estos grupos pueden rastrearse de acuerdo con sus fuentes de ingreso y los sectores económicos a los que pertenecen: 3.045.000 de desocupados, 10.587.715 personas en la informalidad, 10.969.000 de no asalariadas/os, 9.096.000 de trabajadoras/es por cuenta propia, 4.244.000 de personas con contrato verbal, 1.536.000 de personas que trabajan en la calle y puerta a puerta, 687.716 trabajadoras domésticas. Y por supuesto, aquellos segmentos con mayor desempleo, como las mujeres, cuya tasa de desempleo para febrero es del 16,5%, y los jóvenes con una tasa de desempleo de 18,7%.

Esto arroja una enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de transitoriedad, baja remuneración e informalidad (mucho más grave para aquellos que viven en la informalidad de subsistencia, que de acuerdo con Espitia y Garay (2020), son la mitad de la informalidad), que, debido a sus escasos ingresos, con los que apenas cubren el sustento diario de vida, no cuentan con ahorro para soportar el confinamiento, que hasta ahora se prevé se extenderá.

Contra el coronavirus solo puede funcionar la cooperación y la mano visible del Estado; países como Dinamarca, Australia e incluso Reino Unido han dado pasos en ese sentido. El Gobierno Nacional ha tomado tardía y lentamente algunas medidas económicas, así como de prevención y atención, a partir del uso de las facultades propias del Estado de Emergencia bajo los decretos 417 y 444 de 2020; no obstante, buscar la cooperación también parte de poder revisar la idoneidad de las medidas y sus enfoques. Hacer frente a la crisis de ninguna manera saldrá barato, requiere de la capacidad de maniobra del Gobierno Nacional en coordinación con las Entidades Territoriales.

Las medidas del gobierno aciertan en reconocer que la población vulnerable debe ser la de atención prioritaria; sin embargo, estas medidas carecen de una focalización basada en la caracterización de la población de acuerdo con la precariedad por sectores y fuentes de ingreso, así como medidas transitorias que desde el Gasto Público hagan inversión para sostener tanto a las pequeñas y medianas empresas como al empleo.

Colombia es un país donde el valor de ingreso por persona para superar la línea de pobreza es de $ 257.433 mensuales con una tasa de pobreza del 27 %. Las ayudas económicas están concentradas en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, pero siguen siendo insuficientes para garantizarles seguridad económica a la población vulnerable y a los sectores en riesgo por el confinamiento. Estas medidas prevén la entrega de $ 330.000 por el programa Familias en Acción, $ 356.000 mensuales por Jóvenes en Acción y $ 240.000 por Colombia Mayor, así como la devolución del IVA por un monto de $75.000 a 1 millón de familias cada dos meses.

Como lo barato sale caro, la actual crisis requiere que las medidas económicas, sanitarias y sociales mínimas combinen ideas y cooperación de distintos sectores que no funcionen bajo la lógica de la austeridad o del beneficio privado, especialmente de aquellos que durante largos años han obtenido jugosas rentas, como el sector financiero que tuvo utilidades por $ 98 billones en 2019 o el 10 % de  empresas que concentran el 95% del patrimonio de todas las empresas del país (Garay y Espitia, 2019). Las discusiones sobre el necesario cambio de modelo y las reformas estructurales vendrán después de que se logre salvar las vidas que hoy están en peligro. Por ahora, el Gobierno Nacional puede ampliar su capacidad de acción escuchando las distintas propuestas que académicos, técnicos y sectores sociales han hecho. Esto no se trata solo de palear la crisis actual; las medidas en el mediano y largo plazo serán fundamentales para los colombianos.

Por: Daniela Mora Saavedra

Politóloga especialista en Finanzas Públicas. Coordinadora de proyectos y encargada de asuntos de género de Cedetrabajo.

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