Hacia la caza de Aida Merlano

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Nadie se preguntó qué implica corromper al sufragante o por qué comprar votos es un delito siendo una práctica políticamente aceptada e, incluso, necesaria para el desarrollo político de una nación. Bueno, estas preguntas motivaron la escritura de la columna.

La compra de votos, en sus diferentes variantes y presentaciones, es, políticamente hablando, un método muy eficaz y practicado en casi todo los lugares del mundo donde los ciudadanos pueden sufragar. Por favor, no me malinterpreten, pues no estoy haciéndole una apología del delito, sino que estoy tratando de poner en debate político el tema de la compra de voluntades electorales.

Desde un punto de vista racional, la compra de voluntades políticas es un acto razonado que resulta del cálculo costo-beneficio hecho por el ciudadano votante. Bajo esta lógica, para un colombiano promedio que considera que la política per se es sinónimo de corrupción, votar por C o D no cambiaría el hecho de que la corrupción continúe y, por lo tanto, prefiere sufragar por aquel candidato que le ofrezca incentivos materiales o simbólicos inmediatos. Incluso, el mismo criterio aplica para aquellas personas de bajos recursos (pobres e indigentes) que deben salir todos los días a trabajar para llevar el pan a su casa. Emitiendo su voto a un candidato X pueden obtener el sustento necesario para uno o varios días. Es una cuestión racional o de supervivencia.

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Por otro lado, desde un punto de vista jurídico, la compra de votos es un delito tipificado en el Código Penal Colombiano bajo la rótula de Corrupción al Sufragante, uno de los delitos por los que fue condenada Merlano, y que supone que un candidato o partido político “prometa, pague o entregue” dinero o “dádivas” a un nacional o extranjero (que bajo ciertas condiciones pueda sufragar) a cambio de su voto, ya sea a favor de este, en contra de otro candidato o en blanco.

Por ejemplo, cuando en una campaña electoral el candidato ofrece como propuesta de gobierno el aumento del salario mínimo, se trata de una promesa de dinero a futuro, o cuando un político promete acabar con el acuerdo de paz, es una “dádiva” a cambio de tu  voto.

Ni hablar de los donantes de las campañas políticas que, a cambio de la aprobación o el favorecimiento de alguna norma, decide poner dinero en tu proyecto político. Bajo esta lógica, toda campaña electoral constituye un delito per se. Por lo tanto, todos los representantes del poder público nacional y local, legislativo y ejecutivo, habrían cometido el delito de Corrupción al Sufragante, ya sea de manera directa o indirecta, ahora o a futuro, porque todos prometieron algo a cambio de tu voto. Incluso, todas aquellas personas que ejercieron su derecho al voto también cometieron el mismo porque aceptaron el soborno electoral. Si tomamos como parámetro de medición la última elección presidencial, en Colombia hay unos 10’365.450 de sufragantes que aceptaron el soborno electoral del actual mandatario. Obviamente, es una metáfora en sentido figurativo, pero con solidez argumental.

En todo caso, Aida Merlano cometió el delito de tenencia ilegal de armas, pero el de compra de votos (corrupción al sufragante) no lo creo tanto porque así como está tipificado es un absurdo legal sin precedentes, ya que todos -absolutamente todos- los candidatos a elecciones populares lo cometieron antes, durante y después de los sufragios por el solo hecho de prometer cosas a cambio de continuar apoyando a su gobierno.

Es más, me atrevería a decir que una campaña política sin promesas de mejoramiento económico (más dinero) o social (dádivas) para sus votantes carecería de una razón de ser, pues todos los candidatos prometen algo a cambio de tu voto. ¿Por qué no tipifican a la política como un delito y ya? Al fin y al cabo, es el arte de la negociación en la cual las partes involucradas deben ceder algo para conseguir lo que quieren.

Si le sumamos que el otro delito imputado a Merlano fue el de concierto para delinquir agravado, producto de la existencia de un aparato organizado para la compra de votos (digamos que un bunker de campaña en donde se diagramó su candidatura al Senado de la República), tampoco se trataría de un delito debido a que todas las campañas políticas tienen un bunker en el que coordinan los esfuerzos electorales para comprar las voluntades de los votantes. Porque eso es lo que hacen los candidatos, incluso, es una acción que está en cualquier manual de marketing político. Para tal caso, los jefes de campaña serían los cerebros de semejantes organizaciones delincuenciales.

Así y todo, no existe otra explicación para la condena de Aida Merlano que una verdadera y auténtica caza de brujas. Ella, sin querer queriendo, representaba la suma de todos los males y, por ello, era la candidata perfecta para ser juzgada y condenada por la justicia. De esta manera, se solucionaban varios problemas juntos. Primero, el gobierno nacional daba cuenta, ante la opinión pública nacional, de su lucha contra la corrupción. Segundo, todo el sistema político colombiano, que también era penalmente responsable de corromper al sufragante, lavaba sus pecados. Tercero y último, la Corte Suprema de Justicia, órgano encargado de juzgar a los congresistas colombianos, seguía manteniendo su prestigio de entidad independiente de los otros dos poderes públicos. Por lo tanto, políticamente hablando a todos les convenía que Aida Merlano fuera juzgada y condenada.

No me cabe duda de que la exsenadora fue condenada justamente porque el delito existe y es seguro que lo cometió; sin embargo, es inmoral y sin sentido jurídico porque todos cometen la misma fechoría, pero están en libertad. Por eso, cuando amenazó con denunciar a todos aquellos políticos que implementaron las mismas tácticas electorales, permitieron que escapara de su reclusión y del país. Es más que obvio que iría a Venezuela y de allí no saldría ni aunque las autoridades venezolanas la recapturaran. Primero, porque no hay relaciones diplomáticas ni consulares entre ambos países y segundo, porque el gobierno colombiano reconoce a Guaidó como presidente interino del vecino país en lugar de a Maduro.

Y aquí viene el segundo elemento de este análisis: con Merlano refugiada en Venezuela, Duque justifica su no-reconocimiento al régimen castro-chavista que gobierna porque, independientemente de que haya sido capturada por las autoridades de allá, es claro que no la van a extraditar sino la van a utilizar políticamente para desprestigiar al gobierno colombiano. En la teoría de los juegos esta situación tiene un nombre: Win-Win, en el todos los participantes del juego ganan.

Por: Rodolfo Colalongo.

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