La equidad de género en Colombia

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Si bien es cierto que la equidad de género no es un tema desconocido o que carezca de información, también lo es que a nivel mundial diferentes organizaciones internacionales, desde hace muchos años, vienen luchando para que cese la brecha de diferencias en el trato del hombre y la mujer.

Por esta razón, desde el año 1945, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de impulsar la equidad de género. Fue así como desde el preámbulo fundacional se postuló la necesidad de generar igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Además, esta misma intención se buscó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, con su igualdad de derechos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Culturales y Sociales del año 1966.

Sin embargo, dichas postulaciones y pronunciamientos no fueron suficientes en la época de su emisión para combatir la discriminación de la población femenina en diversos ámbitos, como el político, económico, social y cultural. Por tal motivo, en 1977 se emitió la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que fue adaptada por Colombia mediante la promulgación de la Ley 984 de 2005 y la Ley 1482 de 2011, con el fin de eliminar cualquier tipo de exclusión, especialmente contra las mujeres.

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No obstante, luego de varios años de adopción de las diferentes normas internacionales, es necesario preguntarnos ¿cómo va Colombia frente al cumplimiento de la no discriminación contra la mujer y garantizar la equidad de género? Este interrogante sería muy fácil de responder positivamente si revisamos las más de 35 normas que han promulgado en aras de proteger al género femenino o diversas postulaciones jurídicas establecidas en sentencias, las cuales se refieren específicamente a la protección de la igualdad, inclusión en la educación, salud y trabajo de las mujeres colombianas.

Ahora bien, estos avances resultan altamente contradictorios llevados a la práctica, si se tienen en cuenta los índices estadísticos que se manejan en el territorio nacional. Según las cifras emitidas por el Ministerio de Salud en Colombia, en 2018 estuvieron afiliados al sistema nacional de salud 22.150 mujeres y 22.786.283 hombres. Además, de acuerdo con estudios del DANE, para el año 2017, parte de la población femenina en el país realizó labores que no siempre fueron remuneradas. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reportó que los homicidios y delitos sexuales contra la mujer, entre 2016 y 2017, tuvieron variación de casos en aumento y no en disminución, como se esperaría.

Teniendo en cuenta este panorama, es necesario que el país empiece a desarrollar políticas públicas contundentes, para el cumplimiento de planes, programas y normas en pro de la protección e inclusión de la mujer, como forma de garantizar la equidad de género.

Algunas de las iniciativas en las que se deben trabajar son: fortalecer mecanismos y sistemas para garantizar la no discriminación; fomentar la autonomía en materia económica de las mujeres, con respecto al nivel de ingresos, acceso de bienes y servicios (mayor libertad de actuar y toma de decisiones); generar acciones para promover la participación, social, cultural y política de la población femenina; y propender por la elaboración y puesta en marcha de herramientas, programas y procesos para potenciar el enfoque diferencial en el sistema de salud, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, así como el fortalecimiento del enfoque diferencial.

Asimismo, es importante adelantar acciones que busquen disminuir barreras de permanencia de las mujeres en el sistema educativo y el fortalecimiento de espacios y mecanismos para la prevención y atención en violencia contra las mujeres.

Así las cosas, se hace necesario replantear muchas de las prácticas que las entidades y la sociedad llevan a cabo día a día en nuestro territorio nacional. Esto con el fin de no desconocer el valor integral con el que cuentan las mujeres, así como se reconocen a los hombres de nuestro país, en aras de cumplir con los fines puntuales de la equidad de género.

Por: Belisario Velásquez Pinilla 

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