¡Nos llevó el que nos trajo!

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Por: Sneyder Rivera y Daniela Mora**

El desempleo venía en aumento desde hace más de cinco años, pero la pandemia exacerbó la incertidumbre económica, laboral y social que hasta el momento ha dejado una desastrosa tasa de desempleo de 19,8 % en el mes de abril,- mucho peor para las mujeres cuya tasa se ubica en 23, 5 %-, un número de nuevos desocupados de 1.559.000 personas, 4.313.000 de nuevos inactivos y que continúa generando enormes preocupaciones sobre la situación de las los más de 11 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad, y que nos lleva a hacernos nuevos cuestionamientos sobre la ineficacia de las medidas gubernamentales, en términos de la desatención de aquellos que son excluidos del mercado laboral y que no tienen cómo sobrevivir, las precarias condiciones de trabajo de quienes se encuentran en la ocupación, la falta de diversificación en la actividad productiva que se profundizó con la pandemia, pero aún más, sobre el peligro al que nos están condenando por decidir rescates incondicionales para favorecer a los grandes capitales sin exigir la protección al empleo que es, sin duda, el núcleo de desarrollo de cualquier país o “éxito empresarial”.

La cifra actual de desempleo así lo evidencia. Según el Gobierno Nacional se han creado distintos programas de apoyo para las empresas con el objetivo de preservar el empleo, pero la falta de exigencia de mantener a los trabajadores no se está cumpliendo. La pregunta sería, ¿quién se está llevando estas supuestas ayudas?, ¿si llegarán a quienes tienen que llegar? Cabe recordar que casi el 93 % de la estructura empresarial en Colombia son microempresas (Confecámaras) y existen 5.874.177 micronegocios en el país, según la más reciente encuesta del DANE.

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Parece que hasta ahora la orientación ha sido la misma, los derechos son tratados como mercancía y dejados a la disposición del libre mercado. Suben las cifras de contagiados pero el sistema sanitario sigue sin fortalecer su capacidad; sube escandalosamente la cifra de desocupados, inactivos y vulnerables, pero los recursos siguen en manos del sector financiero, al que se le ha inyectado liquidez en más de $ 12 billones, y del ínfimo 1,1 % de empresas que han logrado acceder a algún mecanismo de protección creado por el gobierno con el programa ‘Unidos por Colombia’ (cifra al 18 de mayo).

El principal problema de que las personas estén en el desempleo es la falta de ingresos. Hoy ya son más de 4 millones de personas en esta situación, falta de ingresos que, según cálculos de ANIF, asciende a $ 11 billones, lo que impacta los bolsillos de los hogares que no tendrán cómo consumir en la economía. Una lógica fácil de comprender pero que sigue sin resolverse, ¿acaso es miopía o se trata de otra jugada más de su peligrosa ideología basada en la ortodoxia económica y social? La desprotección del empleo que genera desocupación nos lleva a un gran fracaso colectivo, que se ha desencadenado desde antes de la crisis por el COVID-19 preservando sectores que no son generadores de puestos de trabajo y que concentran sus ganancias en el capital como el sector minero y financiero, y segundo, por desacelerar a los que sí podrían garantizar suficientes empleos, como la industria y el agro.

La inmunidad de rebaño, que recientemente escogió el Gobierno Nacional, responde al principio de búsqueda de rentabilidad por encima del cuidado de la vida, al individualismo por encima de la atención de las necesidades colectivas, y más grave aún, al abandono a su propia suerte de millones de ciudadanos. Nos queda claro que no quieren asumir la responsabilidad en la orientación de recursos públicos para salvar vidas del virus y del hambre. Cada puesto perdido es un hogar en riesgo y tal vez una microempresa quebrada, un ataque contra el derecho al trabajo, una muestra más de que lo único que les interesa es seguir dejando nuestro destino en manos de las leyes del mercado.

**Sneyder Rivera es economista especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo y subdirector de Cedetrabajo. Daniela Mora es politóloga especialista en finanzas públicas y coordinadora de proyectos de Cedetrabajo.

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