Riesgos para los establecimientos de crédito en 2019

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El nuevo entorno económico global, caracterizado por una volatilidad enfermiza en los mercados accionarios mundiales y una mayor vulnerabilidad a una crisis financiera y económica generalizada, toma con dificultades a nuestro sistema financiero local.

Recientemente, el Banco de la República publicó el informe Riesgo de Crédito de la serie Estabilidad Financiera1 en el que se tiene que, con corte a septiembre de 2018, el valor total de la cartera de préstamos por cobrar de los establecimientos de crédito (EC) ascendía a $ 445,4 billones, con un crecimiento casi nulo frente al registro del 2017. Es decir, las ventas de los bancos se mantienen estancadas, mientras que el nivel de endeudamiento de los hogares llega al 20 % del PIB, superando el 15 % visto antes de la crisis hipotecaria de 1999. De igual manera, el endeudamiento comercial bordea el 40 % del PIB, superando el 32 % visto antes de esa aterradora crisis.

Sin embargo, el valor de los créditos con más de treinta días en mora en su pago ascendió a $ 24.5 billones, manteniendo su incremento desde el año 2016 y superando el techo psicológico del 5 % en este preocupante indicador de calidad y salud del sistema crediticio.

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Con respecto al estancamiento del mercado crediticio, su afectación se refleja en la menor rentabilidad del sector, que requiere expandirse permanentemente para aprovechar las eficiencias de las economías de escala. El año pasado, la rentabilidad del activo de los EC apenas llegó al 1.45 % y la rentabilidad sobre su patrimonio al 10.70 %, muy por debajo del promedio observado en los últimos quince años (que fue de 2.1 % y 16.7 % respectivamente).

Para soportar un mayor deterioro de la cartera, en un ambiente económico en que las previsiones de crecimiento a nivel mundial y local se están ajustando a la baja, es importante la solvencia patrimonial de los EC, la cual se ha venido ajustando a los requerimientos estándar de Basilea III, que constituye el marco regulatorio internacional para evitar la acumulación de vulnerabilidades que desemboquen en una crisis sistémica que afecte a toda la economía en su conjunto, como sucedió en la crisis financiera del año 2008. Colombia, junto con Argentina, es de los países más atrasados con respecto al cumplimiento de los mínimos regulatorios exigidos, cuando la Superintendencia Financiera dio plazo hasta el año 2024 para cumplir con algunos requerimientos como los colchones de conservación y contra cíclico.

Lo anterior solo se corrige con mayor aporte de capital por parte de los dueños o accionistas de las entidades financieras. Pero, desafortunadamente, dadas las facilidades regulatorias, el mecanismo utilizado ha sido la emisión de bonos ordinarios, subordinados y hasta híbridos, que en últimas trasladan el riesgo a los suscriptores de los bonos, entre ellos a los afiliados a los fondos de pensiones y cesantías, paradójicamente administrados por los conglomerados financieros que necesitan esos dineros para fortalecerse patrimonialmente, como lo exigen las normas internacionales de Basilea III.

A lo anterior se suma el hecho de que nuestro sistema financiero está concentrado en muy pocas EC. En el informe especial de Concentración y Competencia en los Mercados de Depósitos y Crédito del Banco de la República2, se tiene que, con corte a septiembre de 2018, cinco EC concentran el 67.7 % del total de créditos vigentes y, aunque no se puede asociar los altos niveles de concentración con una materialización del riesgo crediticio en una economía de libre mercado, es más conveniente tener un gran número de participantes sin que ninguno tenga posición dominante en el sector, ya que puede abusar del temido riesgo moral: “ser muy grande para caer”.

En cuanto a los depósitos o dinero de usuarios bancarios, las cinco EC más representativas capturan el 66.1 % del total de captaciones, ya sean cuentas corrientes (77.7 %), cuentas de ahorro (66.5 %) o CDT (65.2 %).

Igualmente, en el informe llama la atención que únicamente cincuenta deudores principales de la cartera comercial del sistema crediticio vigilado concentren el 21.2 % de todos los préstamos, lo que evidencia el alto grado de concentración de la actividad empresarial y lo limitado del flujo de crédito para la pequeña y mediana empresa, lo que implica un mayor riesgo de no pago, obligando a potenciar el sistema de garantías mobiliarias o de cobertura para estimular las actividades de emprendimiento que tanto empleo generan.

Una mayor competencia implica una mayor eficiencia, esto favorece la estabilidad y sostenibilidad del sector financiero en momentos de turbulencia como el actual. De acuerdo con el informe del Banco de la República, “los resultados sugieren que los mercados de crédito tienen una estructura de competencia monopolística”, siendo las modalidades de vivienda y consumo “las que más se acercan a una estructura monopolística o colusiva”. Es grueso e imperioso el problema que debe abordar la Superintendencia Financiera para disminuir la vulnerabilidad al contagio sistémico ante problemas de cualquier de los conglomerados financieros que dominan el mercado de crédito en Colombia.

Sumado a lo anterior, sucede que el mercado de crédito que se realiza por fuera de la vigilancia y supervisión de la Superintendencia Financiera, también llamado Shadow Banking o banca en la sombra y cuyo tamaño se estimó en $ 137 billones en 2017, llama la atención de figuras como las libranzas extrabancarias que, como en el caso de Estraval, Elite o Suma Activos, terminaron estafando a sus incautos inversionistas, entre los que se incluyen entidades profesionales como el Banco Agrario, con irrecuperables pérdidas, y en las que tuvo que intervenir la Superintendencia de Sociedades pero no de manera preventiva sino terminal, dejando un antecedente de estudio para incluir en el análisis de riesgo sistémico para el sector financiero colombiano.

Lo anterior deja en evidencia los importantes retos en materia de regulación y supervisión sobre los establecimientos de crédito, en cuyos hombros se apoya la dinámica del sector productivo de la economía. Pues, sin un flujo de crédito adecuado y a costos eficientes, difícilmente se puede esperar un crecimiento económico.

Recordemos que el costo del capital se compone esencialmente de la tasa de interés y de los impuestos. Con la Ley de Financiamiento se hizo un importante recorte a la carga tributaria de la actividad empresarial agropecuaria de gran escala a las megainversiones y a las empresas de emprendimiento. Pero, a ello se le debe sumar un abaratamiento y democratización del mercado crediticio para muchas más actividades de tal suerte que el sesgo sectorial se abandone en aras de políticas transversales que favorezcan a todos por igual.

En conclusión, al tiempo en que entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ajustan sus previsiones de crecimiento económico global a la baja y que el nivel de endeudamiento de hogares y empresas en Colombia toca niveles récord, es poco factible que el sector crediticio se expanda lo necesario. Por lo tanto, es el momento de procurar que la calidad de la cartera no se siga deteriorando y de que la Superintendencia Financiera ajuste con mayor rigor los requerimientos de solvencia y respaldo patrimonial de los banqueros que, además de concentrar, inconvenientemente, el mercado de crédito bajo una estructura de poca competencia, trasladan peligrosamente sus riesgos a terceros, como lo son los afiliados a fondos de pensiones que sus matrices también administran.

Ojalá no empeore la coyuntura económica, para que las actuales debilidades y vulnerabilidades de nuestro sistema crediticio no pasen una factura costosa en la que después de socializar los riesgos, se socialicen también las pérdidas.

Por: José Roberto Acosta
Economista y abogado consultor

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