10 pronósticos legales: lo que las empresas deben conocer para el 2020

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Imagen: Freepik.
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Por: Juan Carlos Moncada Zapata
Socio director
Moncada Abogados

  1. Implementación de la Ley de Crecimiento Económico (l. 2010/ 2019)

Si bien su base es la extinta Ley de Financiamiento (declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-481/2019), su entrada en vigor trae cambios, dado que se incluyeron aspectos como la ampliación del catálogo de bienes que no causan Impuesto sobre las Ventas -IVA- y los que tienen tarifa preferencial del 5 %, promoviendo la utilización de medios de transporte amigables con el medio ambiente; también se adicionaron algunos productos farmacéuticos como exentos con derecho a compensación y devolución y se creó la exención de IVA de tres días al año para productos de consumo determinados; por último, pero no menos importante, se estableció la devolución del IVA pagado por la población más vulnerable por medio de transferencia, quedando pendiente su reglamentación por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Entre los asuntos importantes que se mantuvieron, se encuentran: el descuento tributario dado por el IVA en la adquisición de activos fijos reales productivos, que beneficia a los empresarios del sector real; la extinción gradual de la renta presuntiva; el régimen de Compañías Holdings Colombianas -CHC-, cuyo proyecto de decreto se espera sea expedido durante el primer trimestre de 2020; el régimen SIMPLE de tributación, que permite a los contribuyentes que cumplan con los requisitos optar por este sistema de tributación de determinación integral, toda vez que agrupa en una sola declaración los impuestos sobre la renta, las ventas, nacional al consumo y de industria y comercio.

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También se mantuvo la eliminación del impuesto a consumo de inmuebles, en observancia de la decisión de inexequibilidad del mismo tomada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-593/2019.

No faltan los que anuncian demanda contra la nueva ley, por “vicios” de trámite.

  1. Impulso a la industria de hidrocarburos

Se espera que el Gobierno impulse proyectos legislativos y reglamentarios para incentivar la industria de los hidrocarburos, con el objeto de incrementar las reservas con las que cuenta el país.

Por otra parte, también hay expectativa por la necesidad de que el Consejo de Estado resuelva de fondo el debate sobre la explotación de yacimientos no convencionales por medio de técnicas de fracturamiento hidráulico, más conocidas como fracking. A la fecha, la cuestionable medida cautelar de suspensión provisional del Decreto de 2013 y la Resolución de 2014 que habilitan esta técnica, se basa en el principio de precaución (eventual daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana).

Entre tanto, y en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo -L.1955 de 2019-, el Gobierno Nacional avanzará con el “Proyecto Piloto Integral de In Investigación (PPII) sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa mediante perforación horizontal”, mediante el proyecto de decreto que se encuentra actualmente publicado, para comentarios, en la página web del Ministerio de Minas.

  1. Legaltech

La importancia de la transformación digital, reconocida incluso legalmente, comenzará a verse materializada en los despachos de abogados. El uso cada vez más general de herramientas, como asistentes virtuales, bases de datos inteligentes y demás innovaciones legaltech, ya aplicables en otras latitudes, empezarán a ser una realidad en Colombia.

La implementación de programas piloto, basados en inteligencia artificial, para la ejecución de algunas actividades como el análisis y predicción de casos; así como el desarrollo de iniciativas como Prometea, para la escogencia de sentencias por la Corte Constitucional; y el uso de herramientas de análisis inteligente de contratos, comenzarán a hacer camino en las entidades públicas y privadas para el descongestionamiento judicial y el aumento de la productividad.

Las universidades estarán atentas al cambio, por lo que ofrecerán programas de educación en posgrados de legaltech y legal design. Además, los currículos de la carrera de derecho en pregrado incluirán materias, como programación y análisis de datos. No será atípico que se comiencen a generar programas de educación multidisciplinar para abogados.

  1. Asociaciones público privadas en el sector salud y carcelario

A finales de diciembre de 2019, la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud, adjudicaron el proyecto del nuevo Hospital de Bosa, primer proyecto bajo el esquema de Asociación Público Privada del sector salud. La nueva apuesta tiene como objetivo principal lograr una mayor eficiencia y protección de los recursos públicos, toda vez que transfiere los riesgos relacionados con el diseño, la construcción y la operación del hospital al privado, pagando el contrato una vez finalizadas las obras.

Los retos y la responsabilidad del contratista serán importantes y pioneros en este tipo de proyectos con proyección en sectores sociales (colegios, cárceles y centros culturales), ambientales y tecnológicos, superando el uso de las APP para la mera financiación de vías con peajes.

También anuncia el Gobierno una nueva generación de concesiones viales, conocida como vías 5G.

  1. El arbitraje de inversión que anuncia Uber

A raíz del reciente fallo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se condenó a la empresa Uber por conductas de competencia desleal en Colombia, todo parece apuntar a que el país se enfrentará a un tribunal arbitral de inversión ante la CIADI en el segundo semestre del 2020.

Dicha empresa, considera que en los últimos años ha realizado diferentes inversiones en el país que se encontrarían protegidas por el Tratado de Libre Comercio celebrado con los Estados Unidos. Sumado a esto, argumentaron que se encuentran frente a un trato discriminatorio frente a otras empresas que prestan un servicio similar y no fueron tratadas bajo los mismos parámetros.

Se espera que, durante el año, trasciendan decisiones frente a otras plataformas virtuales, así como la decisión que profiera el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia sobre el caso Uber.

  1. Cambios en las reglas del arbitraje nacional

Según las últimas estadísticas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el arbitraje viene presentado un importante crecimiento en los últimos años, como opción para resolver conflictos de una manera pronta y especializada. En los últimos tres años recibieron más de 450 solicitudes de procesos arbitrales, lo que da cuenta de la confianza del mecanismo en el ámbito empresarial.

Mediante el Proyecto de Ley No. 6 de 2019, el Gobierno Nacional pretende modificar el Estatuto Arbitral (Ley 1563 de 2012), incluyendo cambios, como, reforzar el arbitraje societario mediante la ampliación de la cobertura del pacto arbitral no solo a las diferencias que se presenten entre socios o accionistas, o con la sociedad o sus administradores, sino, adicionalmente, a las decisiones de sus máximos órganos sociales. En la misma línea, se busca imprimir mayor celeridad al trámite arbitral, limitando los números de suspensión de los procesos y estableciendo un término para realizar la instalación del tribunal arbitral, una vez acepten todos los árbitros su designación.

Un importante cambio, es la introducción del árbitro ad hoc para el decreto de medidas cautelares, en caso de que no se haya constituido el Tribunal, así como la regulación de la práctica y decreto de los dictámenes periciales. Finalmente, dentro de las propuestas más importantes, se busca ampliar el término del deber de información de los árbitros, respecto a posibles relaciones laborales o personales previas con las partes del proceso que puedan afectar su imparcialidad dentro del trámite.

De esta forma, durante este año será posible la introducción de nuevos cambios en búsqueda de transparencia, rapidez y ampliación de asuntos arbitrables.

  1. Progresos en materia laboral

El 2020 será un año de transformaciones en materia laboral. En primer lugar, se destaca la expedición del Decreto 2365 de 2019, cuyo objetivo principal es la inserción de los jóvenes, sin experiencia en las compañías, acompañada de la deducción especial que trajo la Ley de Crecimiento Económico, del 120 % de los pagos efectuados a favor de trabajadores menores de 28 años que estén desempeñándose en su primer empleo. Estas disposiciones permitirán mitigar la tasa de desempleo de la población juvenil, a través de mecanismos de inserción y orientación laboral, que no habían sido previstos anterior mente, como la inclusión obligatoria de los jóvenes en un 10 %, en las plantas de personal de las entidades públicas.

De otro lado, con la firma del “Pacto por el Trabajo Decente en Colombia” por parte de empresarios, gremios, trabajadores y el Gobierno Nacional, en el año anterior, se espera que en el 2020 se generen una serie de reformas encaminadas a la formalización del empleo, la solución de problemas estructurales dentro del Sistema de Seguridad Social Integral y apoyo a las micro, medianas y grandes empresas en su expansión en el territorio nacional, mediante la eliminación de ciertas cargas tributarias, como incentivo para la generación de empleo formal.

  1. Proyectos de infraestructura Tecnológica

Con la expedición de la Ley TIC en 2019 se logró la cobertura de internet en algunas de las zonas más apartadas del país. Este proyecto permite mejorar la calidad de vida de miles de colombianos que por primera vez pudieron acceder a este servicio de manera gratuita, gracias a la implementación de zonas digitales en todo el territorio nacional.

Para el 2020, se espera que Colombia inicie la ruta para el despliegue de tecnologías de red inalámbrica de última generación como la “red 5G”, que permitirá mayor velocidad, alta calidad de funcionamiento y una conexión mucho más estable. Para ello, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTic- diseñó el “Plan 5G” en el cual se establecieron los objetivos que se deben cumplir en el 2020 respecto a esta tecnología. En primer lugar, se pretende realizar pilotos en el espectro electromagnético que permitan identificar la regulación normativa a utilizar en un futuro para el uso de esta tecnología.

De otro lado, se realizará un estudio de las normas internacionales relacionadas con el tema, para establecer las prácticas que más le convengan al país. En conclusión, el 2020 será crucial en la creación del marco normativo legal que regulará la tecnología 5G en los próximos años.

  1. Nuevo sistema general de regalías -a.L 05 de 2019-

Con la aprobación de la reforma al Sistema General de Regalías, se intro dujeron novedosos cambios que potenciarán el desarrollo económico de todas las regiones del país. Los departamentos con mayor grado de pobreza se verán significativamente beneficiados, debido a que pasarán de recibir una asignación del 10,7 % a una del 15 % del total de las regalías. Igualmente, habrá un incremento de los recursos en las regiones en las cuales se dé la explotación de recursos naturales no renovables y en aquellas en donde haya puertos marítimos que faciliten la transportación de los mencionados recursos. De otro lado, la mencionada reforma cuenta con avances significativos en materia ambiental, teniendo en cuenta que, por primera vez, los recursos de las regalías podrán ser destinados a la protección de áreas ambientales estratégicas y a la lucha contra la deforestación.

El Gobierno Nacional tiene hasta el 30 de marzo del 2020 para presentar un proyecto de ley a fin de ajustar, regular y definir diversos aspectos atinentes a la operación del nuevo Sistema General de Regalías.

  1. Desarrollo legal del control fiscal preventivo y concomitante (acto legislativo 4/19)

En virtud de las facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo, se deberán expedir antes de marzo de 2020 los decretos con fuerza de ley que desarrollen los aspectos procedimentales del nuevo control fiscal.

Sin embargo, y de manera paralela, habrá que esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el acto legislativo, a propósito de lo que para algunos se considera una “co-administración” que transgrede el principio de separación de poderes, ante la posibilidad de que la Contraloría ejerza el control de manera preventiva y concomitante.

También hay que considerar en este escenario la eventual eliminación de las contralorías territoriales, una iniciativa legislativa en curso que tiene como propósito recortar costos de funcionamiento y evitar duplicidad de funciones entre las autoridades locales y nacionales.

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