10 pronósticos legales para el 2019 que las empresas deben conocer

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Imagen: Pixabay
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Ni astros ni videntes ni revelaciones ni conjeturas: algo de experiencia y un mínimo de atención a lo que ocurrió en 2018 permite anticipar algunos sucesos legales que seguramente se concretarán este año.

Juan Carlos Moncada, socio director de Moncada Abogados, explica los 10 sucesos jurídicos que marcarán 2019.

¿Qué se viene en el sector minero-energético?

Hay expectativa por la subasta de contratos de largo plazo para proyectos de generación a partir de fuentes no convencionales, teniendo en cuenta su producción media a precios fijos.

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Después de la polémica suscitada por la mayor contingencia que se generó desde abril de 2018 en el caso de Hidroituango, el 2019 traerá un efecto dominó de acciones legales sobre los responsables de este proyecto.

Con seguridad algunas de las decisiones jurídicas relevantes serán: i) La Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) proferirá los fallos de nueve procesos sancionatorios que iniciaron en el 2018; ii) Tras la compulsa de copias efectuadas a la Fiscalía General de la Nación, la entidad determinará si existieron delitos que ameriten ser penalizados; iii) Se venderán activos y acciones de EPM en el segundo semestre de 2019 para obtener recursos y dar continuidad al proyecto; iv) La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tras iniciar las respectivas investigaciones, impondría sanciones a EPM en el inicio del 2019; v) La exigibilidad del pago de las cláusulas penales estipuladas en el contrato Boomt.

Con ocasión de la sentencia SU-095 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, se fijaron nuevos derroteros para el mapa de extracción y exploración de hidrocarburos. Por lo anterior, el Proceso Competitivo Permanente aprobado en el 2018 fue cancelado y a mediados de febrero regirá uno nuevo que permitirá la incorporación de nuevas áreas, una oferta periódica de áreas de explotación y la habilitación permanente para los solicitantes, entre otras novedades.

Ley de Financiamiento a prueba jurídica en el 2019

Dentro de las principales modificaciones al sistema tributario colombiano, introducidas por la Ley de Financiamiento, se destacan: el establecimiento de un régimen de responsabilidad de IVA, en reemplazo de los regímenes común y simplificado; se grava la enajenación de inmuebles con Impuesto al Consumo; se unificó en una cédula general las rentas de trabajo, capital y no laborales, quedando así solo tres cédulas para el cálculo del Impuesto sobre la Renta en cabeza de las personas naturales; se grava la posesión de un patrimonio superior a $5.000 millones de pesos a 1º de enero de 2019, 2020 y 2021; se vuelve a crear el Impuesto de Normalización Tributaria para el año 2019, con la inclusión de la figura de saneamiento de activos; se crea el impuesto unificado para el régimen SIMPLE aplicable para algunos contribuyentes y comprende los impuestos sobre las ventas, renta, al consumo e industria y comercio; se establece un régimen tributario diferenciado para las mega-inversiones; se aumenta la tarifa de retención en la fuente por algunos pagos al exterior al 20 %; se faculta al Gobierno para que establezca una retención en la Fuente de IVA de hasta el 50 % del valor del Impuesto; se establece el incentivo tributario de renta exenta por un periodo de siete años para empresas pertenecientes a la economía naranja; y se establece el principio de favorabilidad en los procesos de cobro adelantados por la Administración Tributaria; entre otros cambios.

Sin embargo, es previsible que en los primeros meses del año se presenten diferentes acciones públicas de inconstitucionalidad con el fin de atacar los vicios en los que incurrió su trámite.

Adicionalmente, al margen de la nueva regulación, resulta pertinente recordar la obligación de facturar electrónicamente por parte de los contribuyentes del impuesto sobre las ventas se llevará a cabo de manera progresiva, dependiendo de la actividad económica.

Los retos del arbitraje frente a las 4G

Todo indica que en el 2019 dos obras del programa de cuarta generación (4G) serán inauguradas. No obstante, esto no impide que se profieran los laudos arbitrales que diriman las controversias suscitadas en los grandes proyectos de infraestructura. En este contexto, se espera que para este año más de quince laudos arbitrales sean fallados por los tribunales. Estos fallos, sin duda alguna, delinearán la hoja de ruta para seguir de cerca el cumplimiento de las obras que rodean el proyecto de las 4G.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

De antaño es conocida y aceptada por la dogmática penal la imposibilidad de imputar una conducta punible a una persona jurídica. En efecto, en agosto de 2018, el presidente Iván Duque, junto con el procurador Fernando Carrillo, radicaron el proyecto de ley que pretende modificar el ordenamiento penal. Así, el Gobierno pretende abrir un camino jurídico que castigue las conductas de las empresas, conminando al sector privado a adoptar programas preventivos de delitos. Por ello, es vital que el sector empresarial continúe con la implementación de programa de buen gobierno corporativo y cumplimiento.

El futuro de las EPS

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) se verán sujetas a drásticos cambios normativos. Las EPS deberán estar alertas en dos niveles, pues se verán importantes decisiones regulatorias.

En primer lugar, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control, tiene la potestad de sancionar cerca de 16 EPS. La entidad tiene establecido un cronograma para 2019, mediante el cual cada EPS debe entregar informes sobre atención a pacientes y facturación, so pena de incurrir en cuantiosas multas. Por otro lado, la Ley pretende reformar legislativamente la habilitación de las IPS, los procesos de acreditación de calidad y los requisitos para recibir la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual se refiere a los recursos que el Estado entrega a estas entidades.

Los desafíos jurídicos del caso Huawei a nivel internacional

Tras el arresto de Meng Wanzhou, hija del fundador de Huawei y quien fungía como directora, cabe preguntarse: ¿qué es lo que legalmente esconden estos sucesos en el escenario empresarial internacional? Detrás del arresto solicitado por EE. UU., está la pugna jurídica por determinar las reglas del comercio internacional. Por ello, el 2019 traerá consigo profundas discusiones sobre el derecho de la competencia comercial. En efecto, de años atrás empresas de ambos países se han acusado de incurrir en conductas desleales. Por ejemplo, ciber-espionaje y el conocimiento de secretos industriales sin una autorización previa. Este año, Estados Unidos y otros países promulgarán leyes con el fin de obstaculizar la operatividad comercial de Huawei.

La búsqueda de seguridad jurídica de la minería colombiana en el 2019

La actividad minero-energética está rodeada de impedimentos sociales y políticos que dificultan su desarrollo en el país. Sin embargo, en el 2018, con ocasión de la sentencia de unificación SU-095 se determinó que las consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir las actividades extractivas.

Además, el Consejo de Estado es el encargado de proponer otra lectura jurídica de la participación ciudadana en estos proyectos económicos. Así, la sentencia del 4 de octubre de 2018, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, determinó que los consejos municipales sí pueden prohibir el desarrollo de actividades mineras en sus territorios. Como si fuera poco, También, el sector minero no solo tendrá que hacer frente a este oscilar de los péndulos de la minería en materia jurídica, sino también, tendrá que enfrentarse al mantenimiento de las respectivas licencias ambientales, las cuales han sido cuestionadas y hasta revocadas por sectores sociales y políticos. Los empresarios vinculados a este sector deberán lidiar con la incertidumbre jurídica.

Ley TIC: el reto jurídico de la tecnología en Colombia

La expedición de una ley acorde con las necesidades regulatorias de los empresarios se espera en marzo de 2019, cuando el Congreso de la República retome los debates sobre la ley que modernizará las TICS. Se espera aumentar el número de ciudadanos con acceso a internet y tener una entidad que remplace a la Autoridad Nacional de Televisión, encargada de regular junto al Ministerio de las Comunicaciones.

Comunicaciones, aunado a las innovaciones en materia fiscal introducidas al ordenamiento jurídico por medio de la Ley de Financiamiento, dentro de las que se destacan la renta exenta para algunos empresarios de este sector y el IVA que deberán pagar los prestadores de estos servicios por medio de declaración bimestral o retención en la fuente practicada por parte de las entidades financieras cuyas tarjetas débito o crédito sean utilizadas para efectuar el pago de este tipo de servicios.

El reto por legislar los criptoactivos en el 2019

Las criptomonedas y bitcoins, o criptocurrency, han sido las expresiones económicas más utilizadas en estos últimos años. Diversas instituciones han advertido sobre el peligro de invertir en este tipo de monedas, ya que no están respaldadas por el Banco de la República ni por entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. No obstante, en el país las actividades comerciales en este mercado no son ilegales.

Es necesario recordar que, de llegar a considerarse las monedas digitales como activos, serían aceptadas para efectos contables y tributarios de las empresas. En este escenario de incertidumbre, las monedas digitales como el Bitcoin, Namecoin, Ethereum, Stellar, Kik, entre otras, plantean cuestionamientos al mundo empresarial. Es pertinente que las empresas estén preparadas para la regulación jurídica y proliferación de este tipo de monedas en el 2019.

Nueva regulación en materia de regalías para el 2019

Si bien el presupuesto bienal de regalías quedó aprobado para los próximos dos años, el gobierno tiene pensado realizar una reforma integral. Mediante las ‘obras por regalías´ se pretende realizar proyectos a nivel local para generar bienestar a las comunidades, su trámite anticipado y la posibilidad de ser utilizadas para pagar deudas territoriales por concepto de pensiones, salud y fallos judiciales adversos.

Esto es lo que se puede sospechar de 2019 sobre la acción de autoridades administrativas y regulatorias; del Congreso, la justicia arbitral, la Corte Constitucional y las superintendencias; del Banco de la República, la DIAN, China y U.S.A. Variables ocultas definirán estos asuntos, pero es por aquello que: “hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro”.

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