Ciudadanos digitales en época de pandemia

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Imagen: cortesía
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Por: Jéssica Alejandra Mancipe González
Socia de Moncada Abogados

El derecho al hábeas data como se encuentra en nuestra Constitución y como ha sido desarrollado en diversas leyes, parte del principio de custodiar la intimidad personal, lo cual implica, entre otras cosas, tener certeza del uso y la trazabilidad de la información que ha sido entregada tanto a particulares como a las autoridades públicas.

El surgimiento del comercio electrónico y la masificación de las redes sociales, han llevado a los consumidores a escenarios cada vez más digitalizados, generando con ello industrias que aprovechan los datos que circulan de manera libre en la red.

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No obstante, esta tendencia no ha sido acompañada de las herramientas suficientes para conocer y generar la protección adecuada de los datos personales. Por ejemplo, escándalos emblemáticos, como el de Cambridge Analytica (CA) en el año 2016, que reveló que los usuarios fueron perfilados en las redes con el objetivo de influenciar el sentido de su voto, a través de información y publicidad, dejan en evidencia las fallas de privacidad de las plataformas y su incidencia en los ámbitos políticos.

Como si lo anterior fuera poco, el escenario digital ha aumentado exponencialmente con la pandemia del COVID- 19. Nuestros perfiles digitales se han maximizado en el aislamiento, pues las redes sociales y las plataformas tecnológicas han sido la forma de relacionarnos en entornos laborales, académicos y sociales.

Los Estados, ante esta excepcional situación y con la finalidad de controlar la propagación de la pandemia, han desarrollado aplicaciones móviles que los ciudadanos instalan en sus dispositivos, con el fin de establecer mapas de contagio y conexiones epidemiológicas, brindar acompañamiento médico, asesoría y apoyo social, entre otros.

Colombia no ha sido ajena a estas medidas. Se destacan, por ejemplo, disposiciones como la proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la Circular 001 de 2020, mediante la cual los operadores de telefonía móvil deben entregar al Departamento Nacional de Planeación y otras autoridades, la información que éstas requieran para “atender, prevenir, tratar o controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos”.

A lo anterior se suma la iniciativa nacional CoronApp, que captura datos relativos a la salud de las personas, su posición geográfica, entre otros. En esta línea también tenemos aplicaciones desarrolladas por gobiernos locales como “Bogotá Cuidadora”, “Medellín me cuida – personas” “Medellín me cuida – empresas”, “CaliValleCorona”, entre otras.

Todas estas herramientas de captura de datos, si bien tienen como propósito el análisis en tiempo real de la situación médica y epidemiológica y la toma de decisiones administrativas, no dejan de generar debates y cuestionamientos sobre temas como la protección de la intimidad, la reserva de la información sensible, la custodia de los servidores de almacenamiento, la anonimización de los datos, el tratamiento posterior con herramientas de IA y los límites de las políticas públicas, entre otros.

La ciudadanía y las organizaciones han sentado sus voces de alerta. Por ejemplo, la Fundación Karisma señaló una “habilidad” no publicitada de CoronApp, relacionada con la posibilidad de generar redes ocultas entre teléfonos que permiten deducir, de manera certera, la cercanía de una persona con otra. Por su parte, en la ciudad de Medellín, se presentó una acción de tutela por el registro obligatorio en la app “Medellín me cuida – personas”. En este caso, un juez tuteló los derechos de la ciudadana a entregar únicamente la información personal y laboral requerida para el manejo de la pandemia, toda vez que, a juicio de la autoridad judicial, solo estos datos tienen la finalidad legítima de prevenir el contagio general de la población.

Bajo este panorama es válido preguntarse ¿cómo se concilia la digitalización de la sociedad con la seguridad, la intimidad y el ámbito reservado de los ciudadanos?

Este interrogante no tiene una respuesta correcta, sino acciones sucesivas desde los ámbitos público y privado. Una pauta que puede orientar estas acciones está dada por los programas de responsabilidad demostrada (Accountability), toda vez que, en virtud de los mismos: a) se aplican principios de las normas de protección de datos personales; b) se ponen en práctica políticas y programas de compliance relacionados con la protección de datos personales; y c) se crean mecanismos de respuesta y atención a ciudadanos y usuarios, que generen confianza en la seguridad y tratamiento de la información.

Sin duda, somos ciudadanos digitales, entregamos de manera permanente y exponemos en las redes sociales y otros ámbitos digitales nuestra información privada y social: datos de identificación, lugar de residencia, formación académica, vinculación laboral, preferencias, gustos literarios, convicciones religiosas, condiciones médicas, situación financiera, etc. Todos estos aspectos forman parte de los datos masivos que autoridades públicas y organizaciones privadas deben tratar de manera responsable, informada y bajo la premisa del respeto por la intimidad de los ciudadanos.

Es una labor conjunta: la ciudadanía tiene la responsabilidad de colaborar con las autoridades públicas e informarse sobre las políticas que rigen los datos que entregan en las plataformas. De igual manera, el gobierno y las autoridades como la Superintendencia de Industria y Comercio, así como las organizaciones privadas de todos los niveles, tienen la enorme responsabilidad de implementar y vigilar la correcta ejecución de las políticas de protección de datos.

Es un desafío al que no se puede escapar, somos ciudadanos digitales.

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