Más claros que grises en visitas administrativas de la SIC y Supersociedades

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Imagen: Pixabay.
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Por: Luis Ignacio Merchán Rosero
Moncada Abogados

Habiéndose fortalecido en el ideario popular las fuertes competencias con las que cuentan las Superintendencias de Industria y Comercio y la de Sociedades en materia de investigaciones administrativas, la Corte Constitucional ha sido enfática en que el desarrollo de sus competencias no puede vulnerar los límites asociados a la injerencia indebida en derechos fundamentales.

Tan sonada por estos días, la sentencia de constitucionalidad C-165 de 2019 ha definido las reglas para la ejecución de las visitas administrativas, delimitando las facultades de las Superintendencias y pronunciándose sobre las garantías de los investigados.

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Así las cosas, será menester de la práctica empresarial y jurídica proponer perspectivas que permitan desarrollar conceptos sobre los procedimientos relacionados con la protección de derechos sobre los cuales se hizo énfasis en la providencia:

  1. Los medios de prueba practicables

La Corte se refirió en su providencia a las pruebas practicables en el marco de las visitas administrativas, las cuales debían relacionarse directamente con la actividad objeto de la investigación.

Al relacionar las facultades investigativas, el Tribunal Constitucional señala la obligación que tiene la entidad de reunir los requisitos intrínsecos de las pruebas en dos aspectos: el objeto (sobre lo que puede recaer) y el tema de prueba (lo que debe probarse). Dichas definiciones se relacionan, por un lado, a las funciones de inspección, vigilancia y control que ejercen las Superintendencias en investigaciones y, por otro lado, a las actividades ejecutadas por las empresas en el mercado.

Ya en el marco de las investigaciones, la Corte afirma que las visitas de inspección en cabeza de las Superintendencias no se encuentran sujetas a una reserva especial, ya que dicha restricción se encuentra referida a la protección de los derechos fundamentales (incluido el derecho al debido proceso), entendiendo que los procedimientos que realizan buscan proteger un fin igualmente protegido por la Constitución y desarrollado por las leyes (proteger el derecho del consumidor en el caso de la Ley 1480 y evitar la propagación del soborno transnacional en la Ley 1778) donde el procedimiento está plenamente definido y deben seguirse obligatoriamente los lineamientos del CPACA y el CGP1.

Como colofón de lo anterior, la Corte Constitucional afirma que las Superintendencias no pueden practicar pruebas que por sus características requieran una autorización judicial de conformidad a la Constitución. En tal sentido, se destacan los siguientes aspectos:

i) Considera las visitas ajustadas al artículo 15 de la Constitución, ya que las mismas no constituyen interceptación de comunicaciones privadas si la recolección de los elementos de prueba corresponde a una habilitación constitucional y legal que tiene conexidad con las facultades administrativas de investigación y sanción.

ii) La revisión, retención y búsqueda de documentos no constituye un registro o interceptación de comunicaciones, ya que no son interferencias objetivas en la intimidad2, pues si son enviados a través de computadores y correos institucionales, son catalogados como información empresarial (la Corte los asimila como documentos privados y papeles del comerciante) sobre la cual se pueden ejercer las facultades probatorias.

iii) El ingreso a los domicilios corporativos no es una vulneración a la inviolabilidad del domicilio del artículo 28 Constitucional, operando este únicamente sobre el domicilio personal.

Ante el incidente de imposición de multas, la misma será válida en supuestos de no colaboración3. Se justifica la oposición a la diligencia cuando la Superintendencia quiera practicar o recolectar pruebas que estén sujetas a reserva judicial o documentos que no puedan considerarse como documentos privados.

  1. La Corte Constitucional manifestó públicamente dos estrategias de defensa efectiva

Para identificar los documentos privados, la Corte Constitucional utilizó la interpretación de jurisprudencias para atribuirles a los mismos dos características específicas:

1) Son documentos que contienen información relacionada con la actividad mercantil que desarrolla el comerciante.

2) Son documentos que solo interesan al sujeto concernido4 y que, a su vez, se encuentran protegidos por la garantía de reserva comercial.

Dichos documentos pueden tener soporte en computadores y demás medios magnéticos que sean institucionales, es decir, de propiedad de la empresa. Consideramos que, conforme al pronunciamiento, se han habilitado varias opciones de defensa a los empresarios en los denominados dawn raids:

Todos aquellos documentos que estén contenidos en medios magnéticos y que no sean propiedad de la empresa no podrán ser recolectados por la entidad conforme los límites impuestos.

Se justifica oposición ante los dawn raids de las Superintendencias (y con ello la multa) cuando el investigado aduzca que la entidad busca recolectar documentos sometidos a reserva judicial o cuando la misma no corresponda a documentos privados.

La sentencia ha dado claridad con respecto a lo que deben esperar los empresarios al momento en que alguna de estas Superintendencias practique una visita y se desmiente la teoría de la limitación de sus funciones.

1 Esta línea se mantiene desde la Sentencia de Constitucionalidad C-910 de 2014.

2 Acorde con la sentencia de Constitucionalidad C-156 del 2016, son interferencias objetivas aquellas que exceden la noción civilista y comprenden, además de los lugares de habitación, todos aquellos espacios cerrados en donde las personas desarrollan de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad (…) En esta línea ver la sentencia C-024 de 1994.

3 Artículo 4, numeral 15 del decreto 2153 de 1992.

4 Acorde a la Sentencia de Constitucionalidad C-881 de 2014.

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