Rehabilitación y reincorporación ocupacional en el contexto de las nuevas tendencias de salud laboral

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Por: Belisario Velásquez

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), derivados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ponen de manifiesto la importancia del trabajo decente para la humanidad. Así mismo, integran de modo imperativo a las personas con alguna discapacidad o limitación física, psicología o social en varios de sus indicadores y metas, puntualmente los relacionados con el empleo pleno, productivo y decente y con la reducción de las desigualdades.

Cabe señalar que los ODS son coherentes con el contexto mundial actual en relación al envejecimiento de la población, lo que inevitablemente generará patologías en las personas y, por ende, será inexorable el desarrollo de estrategias precisas para su atención e integración social y laboral.

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De acuerdo con las estadísticas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el 15 % de la población mundial presenta alguna limitación o discapacidad. Este es el postulado para encaminar políticas públicas, legislaciones y estrategias mundiales para garantizar la inclusión y adecuación de empleos a las condiciones de aquellas personas, que les permitan un desarrollo óptimo de sus habilidades y evitar ir en contravía de sus condiciones especiales.

Paralelamente, el Informe Sobre el Futuro del Trabajo, de la OIT, hace un llamado a revitalizar el contrato social, con el fin de darles a los trabajadores garantías universales frente a sus derechos laborales, apoyar la transición en el trabajo, garantizar la igualdad de género, invertir en la economía del cuidado e infraestructura y adaptar los sistemas de protección social a las nuevas formas de trabajo.

Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano, mediante legislación y jurisprudencia, ha reiterado su compromiso con los trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo, enfermedad laboral o común que, como derivado de ello, ven reducida su capacidad laboral, limitando la plena realización de sus funciones y afectándolos mentalmente por no ser productivos laboralmente. Además, genera un efecto negativo para el empleador, tanto económico como operacional, lo que repercute en el mundo laboral, social y familiar. Por esto, en Colombia, el sistema normativo y jurisprudencial otorga una estabilidad ocupacional reforzada.

Sin embargo, con la expedición de la Ley 361 de 1997 y la interpretación de los jueces de tutela, el intento por evitar la discriminación de la población con alguna discapacidad o limitación funcional conllevó a la sobreprotección de las mismas. Derivado de ello, se generó una real discriminación para estas personas, además de los abusos del derecho que se evidenciaron por parte de los titulares de tal protección, generándose materialmente una dificultad y aislamiento de los aparentemente beneficiarios de la norma.

Con respecto a la tendencia jurisprudencial de los últimos dos años, la honorable Corte Constitucional, en la Sentencia SU 049 de 2017, ha definido el arraigo constitucional directo que tiene el derecho fundamental de la estabilidad ocupacional reforzada de los trabajadores que presentan patologías que impiden la ejecución de sus labores normalmente.

Si bien existe una postura garantista frente a la estabilidad laboral reforzada, también es procedente indicar que esta no es de carácter absoluto. La Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL-1360 de 2018, manifestó que no se requiere de la autorización del Ministerio del Trabajo para terminar los contratos laborales de personas en condición de discapacidad, cuando exista justa causa comprobada. En esa misma línea, esta corporación, mediante la sentencia SU 040 de 2018, se pronunció con respecto a los casos de vinculaciones laborales en atención a una política pública de inclusión específica, en la que no es posible alegar discriminación en virtud de la situación de discapacidad y por ende no se configura una estabilidad laboral reforzada.

A su vez, el Ministerio del trabajo creó en el 2010 el Manual Guía de Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional, el cual es un documento científico que orienta en Colombia la canalización y el rumbo de los casos de trabajadores que por diferentes circunstancias demandan un proceso de rehabilitación funcional y un acompañamiento en el proceso de rehabilitación profesional y reintegro ocupacional.

Simultáneamente, la Resolución 0312 de 2019 define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. En el marco de la Fase ll del “hacer” se establece la obligación que tienen los empleadores de tomar las acciones necesarias en pro de asegurar condiciones óptimas de salud en el trabajo, a través de actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud, para lo cual deben generar mecanismos de notificación para el área médica de información atinente a profesiogramas y evaluar peligros y riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Para la realización de evaluaciones medicas ocupacionales y resultado de lo anterior, deben establecer programas de vigilancia epidemiológica, lo que se concatena con el seguimiento y observancia de las recomendaciones y restricciones emitidas por parte de la EPS y ARL.

Por otra parte, es claro que la rehabilitación y reincorporación ocupacional es un compromiso tripartito en donde Estado, empresarios y trabajadores deben obrar en conjunto para lograr las estrategias establecidas para su fin. Por esto, el Estado tiene el reto de ajustar la normatividad actual, así como la interpretación jurisprudencial vigente, para evitar que se genere discriminación inversa de las personas en condiciones de discapacidad y, en definitivo, deberá hacerse un llamado a los trabajadores para que exista un deber ineludible con su recuperación integral y la readaptación a sus actividades en aras de ser productivos laboralmente.

Teniendo en cuenta la problemática planteada, en concordancia con la legislación vigente y la jurisprudencia relacionada, las empresas deberán desarrollar estrategias técnicas, médicas y legales para definir las mejores alternativas de rehabilitación integral para la reincorporación ocupacional y social de aquellos trabajadores que presentan alguna patología o alteración funcional como consecuencia de un accidente de trabajo, enfermedad laboral o común; en donde se ha demostrado que gracias a la intervención temprana y eficiente, se logra la disminución de los tiempos de rehabilitación y reincorporación ocupacional, así como el impacto en el ausentismo laboral y la optimización en la productividad de la compañía.

Derivado de lo anterior y en trabajo conjunto con entidades de seguridad social y sus trabajadores, las empresas, a través del establecimiento de un Programa de Rehabilitación y Reincorporación Ocupacional, podrán identificar y efectuar el seguimiento a los trabajadores con respecto a sus deficiencias temporales, permanentes, progresivas, intermitentes o continuas. Esto, a través de la disposición de un equipo interdisciplinario, para lograr un proceso integral con cada uno de ellos, que abarque aspectos relacionados a su capacidad física, cognitiva, psicológica, ocupacional y social. Así, se logrará optimizar su capacidad residual, fortalecer sus conocimientos, habilidades y alinearlas a las necesidades de la compañía. Además de cumplir con las directrices de responsabilidad social empresariales y la legislación colombiana.

Conozca cómo ha evolucionado la legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en Colombia, en la edición «RSE y cultura organizacional» de La Nota Económica.

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