Lograr una transición energética global ordenada requerirá que todas las partes interesadas tomen medidas decisivas y coordinadas.
Con una economía mundial impactada por la pandemia del Covid-19 y por la creciente inflación, además del conflicto entre Rusia y Ucrania, el panorama de la transición energética para el inicio del año se resume en el aumento de los costos de la energía, cuya demanda creció un 14% entre 2011 y 2021, y el declive de la seguridad energética.
Debido al creciente impulso hacia las energías renovables, parece importante garantizar la resiliencia energética y la reducción de las emisiones alrededor del mundo. Sobre este reto, la consultora McKinsey & Company realizó un estudio denominado “La transición energética: Una agenda región por región para la acción a corto plazo” en el que se enfoca en la concreción y ejecución de acciones críticas, con el 2030 como horizonte temporal.
Proyecciones para América Latina
La economía en desarrollo de la región tiene potencial para impulsar la transición energética dada su alta disponibilidad de recursos naturales. Por ejemplo, la biomasa puede utilizarse como materia prima para combustibles avanzados, productos químicos y plásticos, y los biocombustibles son una fuente de energía limpia ya usada en países como Brasil y Colombia.
En la región, los combustibles fósiles representan el 70% del consumo total de energía primaria, frente al 82% de media mundial, debido sobre todo a la proporción de generación hidroeléctrica. Según las estimaciones de McKinsey, el transporte es la fuente más importante de emisiones de CO2, con un 45%, casi el doble de la media mundial (23%). La industria es el segundo sector, con el 28%, y el sector energético representa el 18% de las emisiones de CO2 en la región.
En la actualidad, la región es exportadora de combustibles fósiles, en particular de petróleo: en 2021 exportó 1.500 millones de barriles de petróleo; tiene un importante potencial renovable, tanto eólico como solar; y, aporta el 20% de la oferta mundial de créditos del mercado de carbono, además de la producción de hidrógeno verde especialmente en países como Uruguay, México y Colombia.
“América Latina puede consolidarse como una de las regiones líderes en la transición energética. Gracias a una matriz comparativamente más limpia que otras y la abundancia, variedad y calidad de sus recursos de energía renovable, América Latina puede ser una de las primeras en alcanzar net zero. Pero no sólo eso, también puede posicionarse como un exportador a gran escala de energía y productos sostenibles derivados de las energías renovables o biomasa – hidrógeno verde, e-fuels, materiales sustentables; así como créditos de carbono vinculados a soluciones basadas en la naturaleza – reforestación, conservación, agricultura sustentable” afirmó Xavier Costantini, socio senior y líder regional de Sostenibilidad en McKinsey.
Teniendo en cuenta el contexto y las cifras halladas sobre la región, McKinsey señala 6 medidas prioritarias en América Latina para avanzar hacia una transición energética más ordenada:
- Racionalizar, acelerar y aumentar la certidumbre en la concesión de permisos para proyectos y promover marcos más sencillos para la colaboración público-privada.
- Mejorar y estabilizar los esquemas de precios, los diseños de mercado y las garantías para reducir el riesgo de las inversiones en la transición energética y mejorar el acceso al capital nacional e internacional.
- Introducir medidas del lado de la demanda para promover el cambio de los combustibles fósiles a la electricidad y otras alternativas energéticas eficientes en el transporte.
- Desarrollar mecanismos y mercados regulados de seguimiento del carbono e impulsar incentivos ecológicos para descarbonizar la huella de la industria.
- Promover la fabricación local de piezas y equipos, y exportar materias primas y productos de energía limpia.
- Desarrollar una mano de obra regional cualificada para apoyar la transición y crear beneficios socioeconómicos.
Para la consultora, lograr una transición energética global ordenada requerirá que todas las partes interesadas tomen medidas decisivas y coordinadas como aplicar políticas centradas en este tema en colaboración público-privada, incentivar la inversión en proyectos de energía limpia, centrarse en el desarrollo de estrategias enfocadas en la emisión cero de gases contaminantes, priorizando el uso de la tecnología y asegurando una cadena de suministro sostenible, y contribuir desde lo individual tomando decisiones más informadas sobre la sostenibilidad.