Recientemente el Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó el Informe Nacional de Competitividad (INC) 2023-2024, justo en un momento de profundas discusiones en el país en áreas tan importantes como educación, salud, empleo y pensiones. En este contexto de debate, el informe enfatiza en el factor de la confianza, como factor esencial para la vida productiva en sociedad, para la construcción de colaboraciones y el diseño de futuros promisorios.
Se resalta que Colombia se enfrenta a una coyuntura macroeconómica retadora. Con un pobre crecimiento en 2023 de tan solo 0,6 % (el cual sorprendió hasta a los más pesimistas), una deuda que ronda el 59 % y un déficit fiscal de 5,3 %, el panorama luce poco alentador.
El CPC enfatiza que el principal problema del país es lograr una mayor tasa de crecimiento potencial y de largo plazo. Para lograr esto en particular, se requiere poder confiar en las instituciones, en las herramientas de política y en la capacidad de compromiso con el futuro, aun si representa sacrificios en el presente.
Se encontró posibilidad de lograr mejoras importantes a partir de mejores capacidades gerenciales, digitalización de procesos, reorganización de flujos de toma de decisión, interoperabilidad de bases de datos o uso más eficiente de información para la toma de decisiones.
Procesos y protocolos
La mejora de procesos es entendida como un instrumento para reducir incertidumbre entre las partes involucradas en cada uno de estos pilares de competitividad. Estos pilares tienen además una intensidad de interacción entre el sector público, ciudadanos y empresas que hace particularmente importante la claridad de procesos en la construcción de confianza.
En particular, se muestran dos mecanismos por los cuales la confianza es central en el funcionamiento del sector público:
- La falta de confianza por parte de los ciudadanos hacia el Gobierno lleva a los ciudadanos a preferir la provisión privada de bienes públicos como seguridad, educación y salud, en lugar de pagar impuestos y demandar una provisión pública de calidad.
- La desconfianza del Estado hacia los ciudadanos reduce su capacidad para satisfacer las necesidades de estos y de las empresas, dificultando el desarrollo de un entorno propicio para el crecimiento y la inversión.
Entre otros datos que impiden la consolidación de estos dos mecanismos de confianza, están que, en 2022 el 56,1 % de las normas emitidas tuvieron un carácter no sustancial, es decir, atendían asuntos procedimentales o administrativos. Asimismo, se estima que el componente inflexible del gasto del Presupuesto General de la Nación alcanzó 90,9 % en 2021, dificultando la optimización de ese gasto.
También se resalta que los tiempos de acción de la justicia, la acción efectiva y eficiente de esta y la provisión de servicios de seguridad son claves. En Colombia hacer cumplir un contrato comercial tarda 1.288 días, un tiempo muy largo considerando que, en promedio, los países de la OCDE solo necesitan 609 días.
Confianza en el ámbito social
En cuanto al sector salud, se resalta que este se caracteriza por asimetrías de información e incertidumbres importantes entre todos los actores participantes. También que hay avances importantes en la ampliación de la cobertura, llegando a abarcar en julio de 2023 al 99 % de la población. Sin embargo, no se puede negar problemas con el mal servicio, la oportunidad de las citas y los excesivos trámites. En 2022, 1 de cada 4 tutelas interpuestas en el país invocó el derecho a la salud.
El sistema de pensiones también se destaca por enfrentarse a asimetrías e incertidumbres que justifican intervenciones del Gobierno y que requieren un nivel de confianza importante para poder funcionar. La reducción en las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida llevarán a que entre los años 2040 y 2050 la población mayor de 60 años sea superior al resto de grupos etarios.
El 65,4 % de los subsidios en pensiones están focalizados en el quintil más alto de ingresos, además, en 2022 el gasto en pensiones del Gobierno nacional central fue de 2,6 % del PIB. Por ello, la arquitectura del sistema requiere revisión, pero el proyecto de reforma no ha logrado convencer a los actores de su conveniencia.
Infraestructura, ruralidad y tecnología
Por el lado de infraestructura, transporte y logística, el CPC propone una mirada integral en conjunto con el ordenamiento territorial, las apuestas productivas y el desarrollo rural y urbano. Entre 2011 y 2020 la inversión en infraestructura en Colombia representó en promedio el 1,9 % del PIB, y entre 2011 y 2021 el 79 % de la carga movilizada en el país fue transportada por carretera.
La adopción de tecnologías avanzadas en el sector de logística aún es incipiente, con 1 de cada 2 empresas realizando el rastreo y seguimiento de sus pedidos, y menos de un tercio utilizando herramientas de identificación automática y captura de datos, big data y analítica, blockchain, entre otras.
En cuanto a productividad rural, se muestra la enorme heterogeneidad regional en términos de bienestar con diferencias de hasta cinco veces entre el PIB per cápita en Bogotá vs. el de regiones rurales como Vaupés o Guainía. La pobreza extrema aumentó en la ruralidad, pasando de 21,6 % a 23,3 % en 2022, y la cobertura de adecuación de tierras es del 6 % del área potencial, una cifra muy inferior a algunos pares de la región como México (66 %), Chile (44 %), Perú (40 %) o Brasil (18 %) (DNP, 2018).
Por ello, el Consejo enfatiza la necesidad de coordinar inversiones en infraestructura, conectividad, digitalización, educación, distritos de riego y adecuación de tierras, además de avanzar en agendas coordinadas entre sectores público y privado para lograr admisibilidad sanitaria y fitosanitaria y aprovechamiento de oportunidades comerciales. La construcción de confianza se vuelve esencial para lograr hacer las apuestas coordinadas entre actores públicos y privados e implementar visiones sistémicas que han faltado
para el desarrollo del agro.
En lo concerniente a ciencia, tecnología e innovación se resalta que Colombia ocupa el puesto 63 de 132 países en el índice global de innovación, el 96,5 % de los investigadores en el país se encuentran vinculados al sector de educación superior, mientras que en el promedio de la OCDE el 52,4 % de los investigadores trabajan en empresas privadas, y Colombia registró solo 13 patentes otorgadas a residentes por millón de habitantes, frente a un promedio de la OCDE de 1.287.
Energía y financiación empresarial
En materia energética se encuentra que en el año 2022 se registró una disminución de 0,8 años en las reservas probadas de gas natural, en contraste con los niveles registrados en el año 2021. El Plan Energético Nacional 2022-2025 plantea cuatro escenarios de oferta de gas natural de acuerdo con las reservas, los recursos contingentes y los recursos prospectivos del país.
En cada uno de estos escenarios, se observa un aumento en la dependencia de importaciones para satisfacer la demanda local. Los últimos datos de la UPME muestran que cerca del 46,74 % de la energía consumida por la economía fue utilizada de forma ineficiente, mientras que las pérdidas de energía representaron el 19,4 % de la demanda.
Para este campo, las recomendaciones del CPC se enfocan en proteger la institucionalidad que permita tener esta visión sistémica, en particular con relación a los energéticos de transición como el gas.
Finalmente, en financiación empresarial se propone una visión sistémica entre la oferta de instrumentos, las políticas que los respaldan y, sobre todo, la demanda de empresas y hogares. El 70 % de las empresas con registro mercantil en Bogotá y Cundinamarca tienen un único dueño, lo que ilustra una baja tendencia a buscar herramientas patrimoniales en la financiación empresarial. Solo el 29 % manifiesta financiarse con préstamos bancarios.
La Nota Económica
Más allá de ideologías, las políticas de inclusión deben ser implementadas, se concluyó en el Foro académico internacional ‘Caminar hacia Universidades Inclusivas’ en Bogotá
