Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia con una economía que no está en recesión, pero sí una combinación difícil de factores reduce su margen de maniobra. El déficit fiscal es elevado, la deuda pública en niveles históricos, la inflación muy por encima de la meta del banco central y la inversión privada débil. Además, la prima de riesgo soberano se ha deteriorado y las tasas de colocación de deuda pública en pesos se ubican entre 12 % y 14 % en distintos plazos.
El reto del cuatrienio será ejecutar un ajuste fiscal creíble sin provocar una contracción económica ni debilitar la protección social. Lo difícil es que varias metas son simultáneas y potencialmente contradictorias, entre ellas reducir el déficit, aliviar la carga tributaria empresarial, sostener el gasto social, reactivar la inversión, controlar la inflación y recuperar la confianza de los mercados.
El peso de las finanzas públicas
A nuestro entender, el frente fiscal es el más urgente. En 2025, el déficit total del Gobierno Nacional Central ascendió a cerca del 6,4% del PIB y el déficit primario, antes del pago de intereses, llegó a 3,5 % del PIB, uno de los niveles más altos de las últimas décadas por fuera de episodios de crisis. La deuda neta del Gobierno se ubicó alrededor de 58,5 % del PIB y los intereses se llevan casi un tercio de lo que se recauda en impuestos.
En este sentido, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advierte que, si no se materializan recortes efectivos, el déficit primario de 2026 podría alcanzar 3,7 % del PIB, frente al 2,1 % proyectado por el Gobierno, con un faltante estimado de aproximadamente 32,1 billones de pesos. Por su parte, ANIF ha planteado un ajuste del orden de tres puntos del PIB, equivalentes a unos 53 billones de pesos, de los cuales cerca de 2,1 puntos deberían provenir de recortes en el gasto y 0,6 puntos de mayores ingresos por fiscalización y crecimiento económico. Más allá de la cifra exacta, no hay duda de que el desafío es mayúsculo (de la misma magnitud que la incompetencia de la administración anterior).
Aquí la dificultad es que una parte importante del presupuesto corresponde a transferencias, pensiones, salud, nómina pública y compromisos constitucionales o legales que no pueden modificarse mediante decisiones administrativas. Una reducción del número de ministerios puede contribuir al ajuste, pero no alcanza para cerrar una brecha de esa dimensión. El ajuste tendrá que tocar transferencias territoriales, subsidios, beneficios tributarios y el control efectivo de la evasión y la elusión fiscal. Eso augura batallas duras con el Congreso.
Austeridad y crecimiento, al mismo tiempo
El PIB colombiano creció 2,6 % en 2025 y el Gobierno proyecta una expansión similar para 2026, cifra positiva pero insuficiente para elevar el ingreso por habitante y mejorar la productividad. Además, el crecimiento reciente ha dependido en buena medida del consumo de los hogares y del gasto público, mientras que la inversión privada sigue de capa caída.
Así las cosas el gobierno debe malabarear en dos frentes antagonistas. Un ajuste demasiado brusco puede reducir el consumo, la inversión pública y el empleo. Una consolidación insuficiente, en cambio, mantiene elevada la prima de riesgo y encarece aún más el crédito. El desafío está en cambiar la composición del gasto antes que reducirlo mecánicamente, puesto que un recorte de la inversión en infraestructura, educación o transición energética puede mejorar las cuentas en el corto plazo, pero deteriora el crecimiento potencial en el mediano plazo.
Inflación persistente y crédito caro
Para junio de este año la inflación estuvo cercana al 6,1 %, con una meta del Banco de la República de 3% y una tasa de política monetaria ubicada en 12 %. Las presiones provienen de los alimentos, los precios regulados, la indexación de contratos y los posibles choques climáticos y energéticos.
El asunto es que la política fiscal, de la cual se tuvo un pésimo manejo en la administración Petro, influye sobre la inflación de manera indirecta. Un impulso fiscal en una economía con demanda interna activa puede obligar al banco central a mantener las tasas elevadas durante más tiempo. Esto, como es de esperar termina encareciendo el crédito para hogares y empresas. De ahí que la independencia del Banco de la República sea un elemento determinante para recuperar la credibilidad del país ante los mercados internacionales.
Inversión, confianza y empleo formal
Recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros será uno de los retos más importantes del cuatrienio. La prima de riesgo soberano de Colombia ha tenido un comportamiento menos favorable que el de otros países grandes de América Latina, y las tasas de colocación de títulos públicos en pesos se ubican entre 12 % y 14 % en distintos plazos. La percepción de inestabilidad regulatoria y la incertidumbre sobre contratos en minería, petróleo y gas han frenado decisiones de inversión en los últimos años.
Aquí una reducción de impuestos corporativos puede contribuir a mejorar los incentivos, pero la contraparte es que tiene un costo fiscal inmediato y debe complementarse con simplificación regulatoria, reducción de tiempos para licencias, protección de contratos y mejor infraestructura logística. El avance, si es que se da, llegará con la evolución de la inversión fija y la inversión extranjera directa.
En el plano laboral, el desempleo se ubicó en torno a 8,8 % en abril de 2026, pero la informalidad rondaba 55% de la población ocupada y buena parte de los ocupados va por los lados de la administración pública y los contratos por prestación de servicios. Entonces, para el nuevo Gobierno, el objetivo debe ser generar empleo formal y reducir los costos no salariales y facilitar la formalización sin debilitar los derechos de los trabajadores.
Ecopetrol, petróleo y transición energética
El sector energético le presenta al nuevo gobierno una tensión estructural. Colombia necesita mantener ingresos fiscales y suministro energético, pero enfrenta el agotamiento de reservas. Las reservas probadas alcanzarían aproximadamente para 7,4 años de petróleo y 5,9 años de gas natural. Ecopetrol es una fuente relevante de dividendos para la Nación, con 5,1 billones de pesos contemplados en el presupuesto de 2026, de modo que una caída de sus utilidades reduce directamente los ingresos públicos.
El nuevo gobierno tendrá que definir si reanuda o amplía la exploración de petróleo y gas, qué papel tendrá Ecopetrol en renovables e hidrógeno y cómo protege la seguridad energética sin que la transición destruya ingresos antes de que existan fuentes sustitutas. Andesco ha identificado como prioritarios la seguridad energética, el abastecimiento de gas, la sostenibilidad financiera del sector y la estabilidad regulatoria. El reto es lograr construir una política de transición ordenada, sin sustituir una dependencia por otra.
Gasto social y riesgos climáticos
La sostenibilidad fiscal depende también de la reforma del gasto social. En el presupuesto de 2026, las pensiones representaban aproximadamente 87,4 billones de pesos y el aseguramiento en salud 51,3 billones. La principal oportunidad de ahorro puede estar en corregir problemas de gestión, intermediación y duplicidad de subsidios, antes que en reducir la cobertura.
En este campo, el Banco de la República ha advertido que el aumento previsto de las transferencias del Sistema General de Participaciones, que llegará a 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación a partir de 2027, puede reducir la eficacia de cualquier reforma tributaria si no se acompaña de una redefinición de competencias entre el Gobierno central y las entidades territoriales. Esto, teniendo en cuenta el énfasis del nuevo presidente por el contacto con las regiones, será de vital importancia.
Por el lado del clima, el fenómeno de El Niño puede reducir la generación hidroeléctrica, elevar el costo de la electricidad y presionar la inflación, al tiempo que afecta la producción agropecuaria y los ingresos rurales. De hecho, el Marco Fiscal de Mediano Plazo lo identifica como uno de los principales factores de incertidumbre para el crecimiento y la tasa de cambio. Ante esto la premura es total, pues no hay mucho tiempo para ajustar lo que la incompetencia de la administración Petro dejó.
La economía política del ajuste
Ahora bien, el límite más complejo del programa económico será político. Un ajuste de la magnitud requerida requiere aprobar reformas en un Congreso fragmentado, sin mayorías claras y con una oposición fanática que solo intentará bloquear las iniciativas gubernamentales. El CARF ha señalado que el retorno a una trayectoria fiscal sostenible exige medidas permanentes de ingresos y gastos, y que las operaciones temporales de deuda o los aplazamientos presupuestales no resuelven el problema de fondo.
Una reforma fiscal políticamente viable tendrá que preservar la protección de los hogares más vulnerables. La austeridad que descuide ese principio puede convertirse en fuente de conflictividad social y erosionar el respaldo político al programa económico.
Así las cosas, el principal reto económico de De la Espriella consistirá en convertir una agenda de ajuste en una consolidación fiscal creíble, gradual y políticamente viable, que preserve la inversión, controle la inflación y evite que la reducción del Estado debilite el crecimiento potencial.
La señal de éxito o fracaso la pondrá la evolución del balance primario, la trayectoria de la deuda y la capacidad del sector privado para retomar su papel como motor del crecimiento. Colombia hereda una economía con estabilidad financiera todavía preservada, aunque con un margen de maniobra mucho más estrecho.
Aquí la ortodoxia fiscal y la recuperación de la confianza serán condiciones necesarias, mas no suficientes, para que el cuatrienio que comienza abra un ciclo de crecimiento más sólido y sostenible.
Fotografía vía FLIP
