“Cuando concertamos el Decreto 0581 con el Gobierno anterior, logramos, en buena medida, salvaguardar la actividad de un sector que genera empleo formal y flexible para miles de colombianos. Sin embargo, en el desarrollo de la norma quedaron aspectos que requerían mayor claridad y precisión, particularmente frente a la interpretación de la tercerización y la intermediación laboral, cuyas confusiones han generado incertidumbre e impactos en el mercado laboral”.
El gremio insiste en diferenciar las prácticas ilegales de las modalidades legítimas de contratación que contribuyen a la generación de empleo formal en Colombia.
Ante la discusión sobre el futuro del Decreto 0581 de 2026, relacionado con la tercerización y la intermediación laboral ilegal, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET) considera fundamental que cualquier decisión regulatoria garantice claridad jurídica, protección efectiva de los derechos de los trabajadores y reconocimiento de las modalidades de contratación previstas en la legislación colombiana.
ACOSET reitera que la lucha contra la intermediación laboral ilegal es un propósito necesario para el país. Sin embargo, su tratamiento debe partir de una distinción precisa entre las prácticas que vulneran los derechos laborales y el ejercicio legítimo de figuras empresariales que, dentro del marco legal, contribuyen a la formalización y al acceso al empleo.
La tercerización no es ilegal por sí misma, ni la actividad de las Empresas de Servicios Temporales está prohibida. Estas empresas cumplen una función legalmente reconocida en el mercado laboral colombiano, bajo las condiciones establecidas en la Ley 50 de 1990 y demás normas aplicables.
En ese sentido, el gremio considera indispensable que la regulación permita identificar las conductas que efectivamente configuran intermediación o tercerización laboral ilegal, sin generar interpretaciones que desconozcan la naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Temporales ni confundan su actividad autorizada con prácticas contrarias a la ley.
ACOSET también destaca la importancia de precisar los criterios de actuación de los inspectores del trabajo, de manera que los procesos de inspección, vigilancia y control se desarrollen con criterios objetivos, uniformes y ajustados al ordenamiento jurídico, con garantías para los trabajadores y seguridad jurídica para las empresas.
Frente a la evolución de esta discusión normativa, el gremio considera oportuno avanzar en una revisión técnica y jurídica que permita contar con reglas claras, coherentes con la legislación laboral y orientadas a prevenir los abusos, fortalecer la formalización y preservar las modalidades legítimas de generación de empleo.
“Colombia necesita combatir con decisión la intermediación laboral ilegal, pero también garantizar que las empresas que actúan dentro de la ley puedan continuar generando empleo formal. La protección de los trabajadores y la seguridad jurídica no son objetivos opuestos: deben avanzar de manera conjunta”, señaló Miguel Pérez García, presidente de ACOSET.
ACOSET mantiene su disposición a participar en los espacios de diálogo técnico e institucional con el Gobierno nacional, el Ministerio del Trabajo y los demás actores del mundo laboral, con el propósito de aportar su conocimiento sectorial a la construcción de una regulación clara.
El compromiso del gremio es contribuir a un mercado laboral en el que la legalidad, la protección de los derechos de los trabajadores y la generación de oportunidades de empleo formal sean garantizados.