- Innovación soberana y pragmatismo ante la realidad global
Por: Pablo Cardenas Rey – Experto en asuntos regulatorios cauce.co
En un país donde el instinto jurídico suele anteponerse a la realidad, cada novedad tecnológica despierta un reflejo condicionado: el prurito regulador. Es como si la innovación no pudiera germinar sin la bendición previa de una ley.
El inicio de cada ciclo político ofrece una ventana de oportunidad para acelerar la transformación económica de Colombia en sintonía con el resto del mundo. Con una agenda centrada en la inclusión financiera y la tecnología, el país tiene la oportunidad histórica de construir un modelo adaptado a su realidad productiva, en lugar de trasplantar regulaciones extranjeras diseñadas para economías distintas —mientras se aferra, paradójicamente, a atavismos del banco central como los reportes cambiarios en papel carbonizado.
Por eso conviene examinar con saludable escepticismo el reciente análisis de Asobancaria sobre las monedas estables (stablecoins). Coincidimos en el diagnóstico: son una herramienta formidable para abaratar el envío de remesas y agilizar las transacciones comerciales. Que gremios tradicionales como Asobancaria o la ANIF inviten a poner la lupa sobre el tema confirma su trascendencia.
El desacuerdo radica en la medicina propuesta. Asobancaria sugiere que, para desplegar todo su potencial, las stablecoins exigen un nuevo andamiaje normativo. La ironía es que dicho potencial ya se está desplegando a ritmo acelerado en la calle, precisamente sin la irrupción de regulación específica.
Resulta llamativo que la receta gremial consista en importar marcos normativos de mercados distantes y, simultáneamente, someter las operaciones a la Circular DCIP 83 del Banco de la República: un manual cambiario intrincado, extenso y casi arqueológico. Es combinar lo peor de dos mundos: emular regulaciones inflexibles de economías desarrolladas mientras se refuerzan los dogmas de control que solo Colombia preserva con celo de museo.
El ejemplo recurrente en la discusión es MiCA (Markets in Crypto-Assets), el marco de la Unión Europea. Pero ese ropaje legal se diseñó para un bloque de 27 naciones profundamente bancarizadas donde cerca del 10% de los adultos posee criptoactivos (según la encuesta del BCE de noviembre de 2024) y donde los volúmenes on-chain superan el billón (1012) de dólares anuales, con un claro dominio transaccional de las monedas estables, según los datos de Chainalysis.
MiCA fija requisitos draconianos para definir cuándo un token es «significativo», exigiendo umbrales de hasta 10 millones de usuarios o 200 millones de euros en transacciones diarias. Importar semejante rasero a un mercado emergente como el colombiano es ignorar las proporciones: los grandes emisores globales difícilmente reestructurarán sus reservas para cumplir con las exigencias locales de una economía de menor escala.
Copiar esa arquitectura reflejaría una extraña mezcla de vanidad y miopía. Exigir que los gigantes de la liquidez internacional mantengan encajes o estructuras especiales en la banca local no los adaptará a Colombia; simplemente aislará al país. Las stablecoins deben entenderse desde la neutralidad tecnológica: no como simples divisas de cambio, sino como rieles digitales de transferencia de valor, aplicables a pagos, remesas y liquidaciones corporativas.
Insistir en la hiperregulación entraña otro riesgo: erigir, sin quererlo, un mercado cautivo diseñado para beneficiar a instrumentos vinculados al peso emitidos por la banca tradicional. El resultado no sería el control, sino el aislamiento de los ciudadanos de la liquidez global y la migración masiva de más de cinco millones de usuarios hacia canales informales o transacciones P2P fuera del radar estatal.
En lugar de precipitar un monumento normativo que nacerá obsoleto —en momentos en que la propia Europa revisa las costuras de MiCA—, la postura sensata es dejar que el escenario internacional decante. El freno a la competitividad no reside en las stablecoins, sino en la obstinación de amarrar lo digital a los moldes del siglo XX. Es momento de contener la vocación reguladora y dejar que la tecnología demuestre su utilidad.
Los frentes que exigían atención prioritaria, como la fiscalización tributaria y la prevención del lavado de activos, llevan años consolidándose. La Fiscalía y la Policía han refinado sus capacidades técnicas, mientras que la DIAN adoptó el marco CARF para la transparencia de activos digitales.
El verdadero cuello de botella no es tecnológico: es el régimen cambiario del Banco de la República. En lugar de enredarnos en debates conceptuales sobre si un token es o no una divisa, la conversación urgente debe centrarse en desmantelar el anacronismo de las declaraciones cambiarias y sus severas sanciones.
Aunque el control de cambios busca alimentar las estadísticas de la balanza de pagos, la obligación de clasificar cada giro mediante numerales cambiarios traslada una pesada carga burocrática a las empresas. Exigir este diligenciamiento sobrecarga las tesorerías, traba el comercio transfronterizo de las PYMES y ahuyenta la inversión. En la era de la banca digital, obligar a registrar cada transacción con fines de archivo estadístico es una traba obsoleta.
Pares regionales como México, Perú y Brasil, junto a las economías de la OCDE, demuestran que las necesidades de información de un banco central pueden satisfacerse mediante la consolidación automatizada de datos bancarios e integración de APIs, sin exigir planillas individuales por cada operación. Perpetuar este esquema sacrifica la agilidad del empresariado colombiano a cambio de una comodidad estadística que hoy se resuelve con software.
Antes de apresurarnos a normar lo nuevo, convendría desatar los nudos de lo viejo. La innovación no pide riendas; pide pista.
