Consejo Gremial y Partido Conservador presentan proyecto de ley para devolverle a Colombia la estabilidad que necesitan las grandes inversiones
El Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones garantizaría durante 30 años las reglas con las que se decide una inversión productiva de gran escala, sin congelar las leyes ni limitar la capacidad del Estado para regular.
El Consejo Gremial Nacional y el Partido Conservador construyeron un proyecto de ley que crea un Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones para proyectos productivos de gran escala. La iniciativa fue radicada hoy en la Cámara de Representantes por toda la bancada del Partido Conservador.
El proyecto llega en un momento crítico: entre 2022 y 2025, la inversión extranjera en Colombia cayó 33 %. Pasó de US$17.182 millones a US$11.469 millones, por debajo del nivel de antes de la pandemia, y en el primer semestre de 2026 cayó otro 12%.
“Colombia ha perdido inversión porque no ofrece reglas estables. Este proyecto garantiza que las reglas con las que se decide una gran inversión se respeten durante 30 años. Estabilidad no es inmovilidad: el Estado sigue regulando, pero respeta las reglas con las que se decidió invertir”, afirmó Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional.
Lo que propone, en tres claves:
- Reglas garantizadas por 30 años. El Estado reconocerá desde el inicio qué reglas tributarias, aduaneras y regulatorias fueron determinantes para cada inversión. Si cambian, el proyecto tendrá derecho al restablecimiento de sus condiciones o a la reparación del perjuicio. Además, protege contra la expropiación sin indemnización y prevé un arbitraje internacional acotado.
- Para cualquier sector. Podrán acogerse inversiones productivas, nuevas o de ampliación, desde 300.000 salarios mínimos (unos $525.000 millones en 2026), con hasta 8 años para ejecutarlas, prorrogables por 4 más. El acceso no tendrá costo.
- Rápido y transparente. Habrá una ventanilla única en el Ministerio de Comercio, con respuesta en 60 días hábiles; si no responde a tiempo y se cumplen los requisitos, opera el silencio positivo. También habrá un registro público de proyectos y un informe anual al Congreso.
El proyecto de ley radicado no congela las leyes, no garantiza rentabilidades y no reemplaza licencias ni permisos. Las normas laborales, ambientales, de salud y de orden público quedan por fuera, y el beneficio se pierde por fraude, por corrupción o por no ejecutar la inversión. Además, el régimen propuesto es complementario al RUGE de la Ley de Rescate Fiscal: el RUGE reduce la carga tributaria y este proyecto asegura las reglas de juego. Hoy Colombia no cuenta con ningún instrumento de estabilidad para las grandes inversiones; esta iniciativa busca devolverle al país la capacidad de competir por el capital de largo plazo que genera empleo, infraestructura y crecimiento.
