Por: Rodolfo Colalongo y Santiago Mariani*.
Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) acaban de celebrarse en la Argentina. La principal conclusión de esta faena, que tuvo lugar antes de las elecciones de noviembre en la que se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso, es que la democracia goza de buena salud en este pequeño rincón del planeta. ¿Acaso con este dato se reafirma una hipótesis que es a su vez una paradoja por su curiosidad y complejidad? El considerable nivel de desarrollo político de la Argentina convive en paralelo con un creciente subdesarrollo económico.
Argentina arrastra, como lo han explicado diversos estudios, el problema de un «empate» histórico entre modelos económicos en pugna que ninguna de las partes que se disputa el poder y se alterna en el gobierno, logra finalmente imponer. Esa indefinición en el rumbo nacional que genera un movimiento pendular permanente en las reglas de juego económicas no ha sido un condicionante para que su sociedad pueda ir reconstruyendo y fortaleciendo, desde 1983, reglas de juego democráticas. Esas dos variables se distancian desde entonces para dar forma a un caso incógnito de extraña convivencia entre desarrollo político-institucional y subdesarrollo macroeconómico.
La dinámica se viene confirmando aún con las tempestades que se fueron presentando en el camino. A la crisis hiperinflacionaria de 1989 le siguió un colapso del sistema económico en 2001 pero ni esos dos episodios traumáticos ni los más recientes que azotan a la Argentina con la pandemia parecieran, hasta el momento, afectar este patrón curioso y complejo en el que navegan una economía en ruinas con una alternancia política bastante sólida. La premisa según la cual el permanente rumbo económico errático no hace derrapar la convivencia democrática sigue, por ahora, incólume.
Las PASO dejan herida a la coalición gobernante Frente de Todos de cara a las elecciones de noviembre. El cataclismo pone en tensión a los grupos que forman a esta coalición y hace prever una merma de curules con la consecuente pérdida de mayorías en ambas cámaras. Las posibilidades de reelegirse en el cargo en 2023 se debilitan para Alberto Fernández, pero el baldazo de agua fría y el frente de tormenta que atraviesa no le hacen confundir los tantos. En su alocución al cierre de las PASO, con una visible angustia en el rostro, se dirigió a los militantes de su fuerza política para señalar y recordar la valoración de la democracia, la importancia de escuchar al pueblo y la aceptación de los resultados. A ello le agregó que acataban el mensaje expresado en las urnas.
La estabilidad y continuidad institucional no es puesta en duda por el gobierno ante la adversidad, como tampoco sucedió cuando Mauricio Macri tuvo que entregar pacíficamente el poder en 2019 después de ser derrotado electoralmente. Es decir, ningún actor central en este juego amenaza, cuando los vientos de la derrota soplan, con patear el tablero ni intenta movilizar sus partidarios en las calles en contra del sistema. Los perdedores se reafirman en la importancia de respetar las reglas de juego y la valoración de la democracia. El asunto aparece como algo cada vez más extraño en parte del vecindario.
El caso de Argentina desmiente muchas simplificaciones que desde algunos sectores se ensayan con algo de liviandad. Venezuela o Cuba están muy lejos como modelo en una democracia en la que la alternancia y la aceptación de la derrota en las urnas forman parte central del juego. Tampoco hay en esta dinámica, como algunos insisten, maquinarias políticas descomunales ni reparto de recursos que aseguren de manera automática una victoria electoral al peronismo. La ciudadanía hace tronar su escarmiento en las urnas cuando se siente insatisfecha y desairada. Cualquier sueño hegemónico se desvanece ante la actitud de unos votantes que en el 70% de los casos van optando entre las opciones que ofrecen estas coaliciones leales al juego democrático.
El devenir político institucional de la democracia argentina, que se sostiene y confirma a pesar de su fragilidad económica, parece ir a contramarcha de una creciente ola en la que se celebran elecciones competitivas, pero en la que sus jugadores cuestionan y buscan torcer las reglas de juego cuando soplan vientos adversos o incluso mientras detentan un poder considerable.
En Brasil, Jair Bolsonaro olfatea un revés en las urnas. Ante la probable derrota que lo sacaría de la presidencia convocó a una marcha por el día de la independencia incitando a los miembros de su fuerza política a rodear la corte suprema en rechazo a las investigaciones que están llevando a cabo en contra de su gobierno. Luego, llamó a las fuerzas armadas a actuar en caso de perder efectivamente las próximas elecciones. Y, como si esto fuera poco, ya adelantó que no reconocería las elecciones si perdía, una estrategia casi calcada a la ya utilizada por Trump en las elecciones presidenciales de los EE.UU. La institucionalidad en Brasil pareciera estar cada vez más cercada por los impulsos autoritarios de su propio presidente.
En Perú, que ha sido el país de la región que registró el mayor crecimiento económico entre 2004 y 2014, su democracia se sostiene con dificultad. El principal grupo de oposición liderado por Keiko Fujimori volvió a perder en una elección ajustada. Al igual que en 2016 no ha podido procesar la derrota en las urnas y montó una campaña de denuncia a un supuesto fraude sin haber podido presentar una sola prueba. La oposición ensaya nuevamente un juego desleal desde el Congreso que amenaza peligrosamente con volver a forzar la institucionalidad para producir una vacancia presidencial de cuño antidemocrático.
Ortega fortalece su control con mano de hierro en Nicaragua, encarcelando y persiguiendo a cualquier posibilidad que pudiera conformar una alternativa competitiva en las urnas. En EL Salvador, Nayib Bukele, logró el poder absoluto en la Asamblea General gracias al contundente triunfo en las elecciones legislativas. Desde esa posición de ventaja pasó a retiro a todos (5) los miembros de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia para nombrar a los reemplazos que luego lo habilitaron para presentarse a una nueva reelección. El futuro político institucional se vislumbra sombrío ante los embates de Bukele.
A esta lista inicial que sobresale por el tenor de la amenaza que encarnan para la vitalidad del juego democrático podrían sumarse otros como Guaido y Maduro en Venezuela o Añez y Morales en Bolivia. Se trata de gobernantes u opositores que al llegar a la presidencia o acumular una mayoría en el poder legislativo se embarcan en desmontar el entramado que limita su accionar. El objetivo es derribar paso a paso lo que encuentran para reemplazarlo por mecanismos e instituciones que puedan quedar bajo su arbitrio y control.
Colombia y Chile aparecen como dos excepciones a esta regla antidemocrática y, más bien, son casos de búsquedas de más democracia en donde las fuerzas políticas decidieron canalizar las demandas sociales a través de su entramado institucional. Lo que en principio pareció el inicio del fin democrático en estos países andinos, termina transformado en un factor de solidez política-democrática.
El contexto se muestra desalentador. Las democracias en nuestra región parecieran estar cada vez más arrinconadas por fuerzas políticas que buscan desarticularlas desde adentro. Son pocos los casos donde sus jugadores suben la apuesta por su supervivencia y juegan lealmente cuando tienen margen para hacer cambios o cuando las adversidades y derrotas tocan las puertas a sus proyectos de poder.
La variante antidemocrática amenaza la salud de nuestras democracias y no se encuentra una salida inmunizadora. El virus avanza y su carga viral aumenta. Es que nuestra especie pareciera responder solo cuando los peligros nos golpean con toda su contundencia. Quizá tengamos que sufrir retrocesos y vicios antidemocráticos para generar una reacción ciudadana que movilice las defensas contra estas cepas tiránicas que nos acechan.
*Docente de la Universidad del Pacifico (Perú) y analista político en diversos medios regionales.
