La independencia entre las ramas y los órganos del Poder Público están plasmados en el artículo 113 de la Carta Magna.
La Academia de la Gestión Pública (AGP) realizará el próximo 28 de febrero un foro virtual cuyo tema central es la independencia de poderes, con invitados de renombre nacional.
La Academia (AGP) es un centro de investigación independiente que promueve debates y estudios sobre temas determinantes para Colombia, como lo es la elección de altos dignatarios, entre ellos el fiscal.
El tema que se abordará en el foro será“Independencia de poderes: garantía democrática” en el que, con autoridades de diferentes corrientes ideológicas, se harán reflexiones sobre la elección de fiscal y otros altos dignatarios del Estado.
Los invitados al foroserán la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez; la senadora y exconstituyente, Aida Avella; los exconsejeros de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez y Alberto Yepes, el relator de asuntos constitucionales del Consejo de Estado, Pedro Barrera y la directora de la AGP, Sandra Avellaneda.
En este debate se reflexionará acerca del método de elección del fiscal y de otras altas dignidades como son el procurador general de la Nación, el contralor general de la República y los contralores territoriales, magistrados, personeros, entre otros y cómo impacta la forma de elección, la independencia de estas autoridades.
Más allá del debate sobre los tiempos que se ha tomado históricamente la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal de la terna que propone el Presidente, la AGP plantea un debate relacionado con la independencia de poderes y la imparcialidad de las autoridades, lo cual, tiene relación directa con el hecho de que, según la encuesta Invamer-Gallup, ninguna de las tres ramas del poder público supera el 35% de favorabilidad y los órganos de control no llegan al 40%.
Repensar el método de elección
Estos bajos índices de credibilidad y confianza en la institucionalidad, específicamente, en la justicia y en los órganos de control, refleja la necesidad de repensar el método de elección de contralores, procurador, defensor del pueblo, personeros, fiscal y magistrados de altas cortes, para revestirla de meritocracia, ya que estas elecciones están marcadas por prácticas antimeritocráticas distantes del principio de elección objetiva, tales como:
- Las entrevistas y la evaluación de las hojas de vida sin criterios medibles, concretos y objetivos, previamente establecidos y publicados.
- La elección a cargo o con determinación de actores políticos.
- Altas cortes con funciones electorales.
- Las prácticas de lobby que adelantan los diferentes aspirantes ante los despachos de quienes tienen la última palabra en la elección, lo cual pone en riesgo principios esenciales del Estado social de derecho y de la democracia, como la separación de poderes (modelo de frenos y contrapesos), así como la independencia y autonomía.
Para la directora de la Academia y Juan Diego Vargas, Investigados de la Academia “Es un contrasentido que los jefes de órganos de control, que, por mandato constitucional, son entidades independientes, sean elegidos por la Rama Legislativa y que el fiscal general, jefe del organismo de investigación, que pertenece a la Rama Judicial, sea elegido por la Corte Suprema de Justicia, de terna presentada por el Presidente, cabeza de la Rama Ejecutiva; más aún cuando la Fiscalía tiene, entre sus labores, investigar delitos contra la administración pública y otros, cuyos sujetos activo pueden ser funcionarios del Gobierno Nacional”
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