Un columnista se quejó en estos días de que el precio de un servicio estaba muy alto e hizo llamados a la regulación. No sería la primera vez que se regula el precio de un bien o servicio ofrecido, ya sea porque se considera muy barato o muy caro. No obstante, esas regulaciones suelen tener efectos inesperados que muchas veces terminan causando más perjuicio que beneficio. Regular un precio muchas veces implica atacar un síntoma, ignorando la enfermedad. Es una salida fácil y directa a un problema que puede ser más difícil de analizar. Pero por eso muchas veces no es una política correcta. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es un muy buen ejemplo de una regulación de precios con efectos muy negativos.
Una motivación usual para regular precios es una consideración de que los precios que se perciben en el mercado no son “justos”. Escribo este término entre comillas porque no es clara la concepción de justicia. Al fin y al cabo, si alguien paga un precio, alguien más lo recibe. ¿En cuál de las dos patas de la transacción está la injusticia? Si la hubiera en la parte de la compra porque “no es justo pagar un precio tan alto”, ¿no sería injusto con la parte de la venta si se limita este precio? Además, determinar “el precio justo” implicaría algún tipo de análisis a nivel centralizado en la economía que no solo debería tener en cuenta cómo debería cambiar esta noción de justicia en función de los vaivenes de la economía, sino que además debería garantizar que se cumpliera este precio. Esto es bastante complicado, aún en países donde el Estado funciona mucho mejor. No en vano, cuando se determina precio por decreto, suele aparecer un mercado negro donde no se hace caso a ese precio. Y esto deja de lado el efecto que puede tener sobre la provisión o sobre la demanda del bien o servicio en cuestión.
El FEPC es un ejemplo en donde se trató de fijar un precio por decreto. En este caso el objetivo del fondo era desvincular el precio de los combustibles del precio de petróleo, acumulando la diferencia entre un precio de referencia y el precio del petróleo que se le reconoce a Ecopetrol cuando vende el producto para refinar. Este ahorro se usaría cuando el precio del petróleo subiera, con el fin de pagarle la diferencia a Ecopetrol. No obstante, no se acumuló lo suficiente y ahora el gobierno le debe considerables recursos a Ecopetrol, que están afectando el funcionamiento de esta empresa.
A causa de este fondo en este momento tenemos un subsidio a una actividad que contamina, que es regresivo y que beneficia a actividades ilegales, como la producción de la cocaína. No obstante, desmontarlo tiene costos importantes. Así el subsidio sea regresivo, hay familias cuyos presupuestos se verán afectados con un precio más alto de combustibles. Por otro lado, la inflación puede subir, y puede subir de manera que tenga un efecto mayor sobre hogares de menores ingresos, sobretodo en una coyuntura donde la inflación está en niveles no observados en este siglo. Esta es una de las razones por las que se ha dicho que el precio del ACPM no aumentaría, para que el precio de los alimentos no suba tanto teniendo en cuenta que gran parte del transporte de alimentos en Colombia se hace en camiones. Sin embargo, en este caso se seguiría subsidiando una actividad que contamina y esto es inconsistente con una política ambiental más global.
El Estado está en mejor posición para cubrir riesgos que muchos hogares no pueden hacer por su cuenta, y la materialización de estos riesgos muchas veces se manifiesta en fluctuaciones de precios. No obstante, cubrir estos riesgos por medio de fijar precios no es buena idea. Esto no solo se aplica al precio de los combustibles. También se aplica al salario y a las tarifas de energía. Pensar en un esquema de protección social que permita palear cualquier tipo de situación que pueda afectar el bienestar de los hogares más necesitados es más complicado que determinar un precio, pero puede ser más fácil de administrar y, sobretodo, generar menos efectos negativos.
