Por Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad
Colombia está viviendo una paradoja preocupante: si bien en marzo del presente año el DANE informó que la tasa de desempleo cayó a 9,2 %, con un descenso de más de un punto frente a 2025 (10,3 %), la tasa de informalidad sigue manteniéndose por encima de un crítico 55 %. Esto significa que más de la mitad de las personas ocupadas no acceden a ningún mecanismo de protección social en salud, pensión o riesgos laborales.
Y esto solo representa una cosa: precarización laboral. Una persona que no cuenta con una ARL o afiliación al sistema de salud o al sistema de pensiones, está desprotegida frente a un accidente, enfermedad o invalidez, o a tener una vejez digna. Y un sistema que no prioriza el cuidado de la vida es un sistema que falla.
El reciente dinamismo de la ocupación (ojo, no necesariamente empleo) se explica, en gran medida, por un aumento de la contratación pública. Y esto es otro síntoma de alerta estructural, puesto que un mercado que depende del gobierno para generar puestos de trabajo es insostenible a nivel fiscal. Además, la autoocupación (“rebusque”) crece y el mismo DANE advierte que la agricultura, el transporte y la construcción sufrieron las mayores pérdidas de trabajo formal, con datos agravantes por disparidad de género que deja a las mujeres con una ocupación de solo 47,3 % frente al 71,2 % de los hombres.
Esto podría representar brechas a nivel fiscal, limitar la planificación de políticas públicas, aumentar la desigualdad social y de inestabilidad económica. Se genera, además, un bucle, pues al haber menos ingresos nacionales hay menos recursos para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
La informalidad se convierte en esa brecha que no permite acceder a condiciones de trabajo dignas y equitativas, en los cuales se garanticen derechos laborales, empleo productivo, protección social y dialogo social, conforme a lo establecido por la OIT. ¿Qué hacer, entonces?, ¿cómo combatir esa informalidad que nos permita construir trabajo decente en Colombia? Para revertir esta tendencia hay algunos ejes clave de acción:
Fomentar la creación de un sistema empresarial más robusto, facilitando que pequeñas y medianas empresas puedan encontrar oportunidades de desarrollo, crecimiento y permanencia en el mercado.
Reducir barreras y costos tributarios para la formalización. Debemos crear esquemas flexibles que faciliten a los emprendimientos y pequeñas empresas crecer. Se pueden simplificar trámites y crear sistemas tributarios progresivos para las mipymes. A esto se suma facilitar el acceso a crédito para que estas empresas puedan invertir en mejorar las condiciones de trabajo.
Acceso a educación y formación para el trabajo. Está demostrado que a menor nivel educativo, mayores niveles de informalidad. Las políticas y planes de acceso a formación deben ser claras y robustas, para toda la población.
Reconocer la formalización laboral como inversión. Esto permitirá acceder a los beneficios de pertenecer al Sistema de Seguridad Social, para la construcción y consolidación de una cultura de prevención, de cuidado y de protección de los trabajadores, lo que aumenta la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones.
Si bien es loable que más colombianos tengan fuentes de ingreso, lo importante es hacerlo en condiciones de trabajo decentes, equitativas, dignas y seguras. La formalización laboral es la única vía.
