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La Asociación Colombiana de Minería asegura que el proyecto de ley para proteger el paisaje cultural cafetero es inconstitucional y ni siquiera tuvo consulta previa.

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Categoría: Análisis
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Proyecto de Ley 248 del Senado: Una Amenaza Inconstitucional que Pone en Riesgo la Economía y la Transición Energética en Colombia

En un giro alarmante, el Proyecto de Ley 248 de 2024 del Senado, anteriormente aprobado en la Cámara de Representantes como el PL 258 de 2022, está generando serias preocupaciones en diversos sectores del país. Este proyecto de ley, que modifica el Código de Minas, ha incorporado una disposición que prohíbe las actividades mineras en la zona cafetera, afectando a los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Esta modificación no solo es inconstitucional, sino que también pone en riesgo la economía y la seguridad jurídica de estas regiones.

Inconstitucionalidad y Omisión de Trámites Legales

La Corte Constitucional ha sido clara: cualquier modificación al Código de Minas requiere una consulta previa con las comunidades afectadas. Esta exigencia, establecida en la Sentencia C-366 de 2011, no ha sido respetada en el trámite del PL 248 de 2024. Las comunidades indígenas y étnicas de los departamentos afectados no han sido consultadas, lo que viola flagrantemente sus derechos constitucionales.

Impacto Económico Devastador

La prohibición de actividades mineras en la zona cafetera afecta directamente a 51 municipios, poniendo en grave riesgo su estabilidad económica. Los departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío dependen en gran medida de las industrias agrícola y minera. Estas actividades no solo generan empleo y desarrollo, sino que también atraen inversión extranjera, vital para el crecimiento económico regional.

Declaraciones de Expertos y Líderes de Opinión

Juan Camilo Nariño, Presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), ha señalado: «Esto es uno más de esos casos en los cuales se está legislando para prohibir la minería en una parte del territorio nacional sin considerar el sustento jurídico y legal de estas medidas. Este proyecto de ley se escuda en la protección del paisaje cultural cafetero, algo que todos queremos, pero sin cumplir con los procedimientos legales necesarios.»

Nariño subraya la importancia de la minería para la transición energética del país: «Colombia necesita los minerales para la transición energética, incluyendo cobre, oro, molibdeno y muchos otros. Este proyecto de ley restringe las oportunidades de desarrollo y empleo en los departamentos afectados. Cada vez que surge un proyecto de ley que restringe una actividad como esta, se eliminan posibilidades de empleo y desarrollo profesional para muchos jóvenes.»

La Voz de los Medios

La reconocida periodista Darcy Quinn de Caracol Radio advirtió recientemente sobre las graves implicaciones de este proyecto de ley. Quinn destacó que la medida constituye una nueva restricción a actividades industriales legales en la zona, exacerbando la percepción de inseguridad jurídica en el país. “Este proyecto de ley debe ser revisado en esta segunda ponencia en el Senado para evitar prohibir totalmente las actividades mineras legales en estos departamentos,” subrayó.

Importancia de la Minería Responsable

La pequeña y mediana minería es crucial para la transición energética, proporcionando minerales esenciales como oro, plata y cobre. En Colombia, el 97.5% de los títulos mineros corresponden a la pequeña y mediana minería, no a la megaminería. Prohibir estas actividades en la zona cafetera no solo afectaría a la economía local, sino que también obstaculizaría los esfuerzos nacionales hacia una transición energética sostenible.

Llamado a la Acción

Hacemos un llamado al Senado y al Gobierno Nacional para que revisen con detenimiento el Proyecto de Ley 248 de 2024. Es imperativo que se respeten los procedimientos legales y se realicen las consultas previas necesarias con las comunidades afectadas. La transparencia y la justicia deben prevalecer en este proceso legislativo para garantizar la seguridad jurídica y el desarrollo económico sostenible de Colombia.

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