Los impuestos generan distorsiones en las decisiones de personas y empresas. En particular, un impuesto a una actividad usualmente hace que se haga menos de esa actividad. La propuesta de reforma tributaria en discusión en el Congreso actualmente tiene esa premisa incorporada: incluye impuestos a comida no saludable, con el fin de desincentivar su consumo. No obstante, la propuesta de reforma olvida este hecho al lidiar con los impuestos a las empresas: al quitar exenciones y dejar las tarifas a la renta en niveles altos está desincentivando que haya empresas del sector formal.
La propuesta de reforma tributaria tiene algunos componentes muy positivos. Igualar las tarifas para ingresos de personas independiente de la fuente de estos ingresos puede ser positivo en neto. En este momento las personas de más altos ingresos pagan un porcentaje menor de impuestos que otras personas con ingresos considerablemente menores debido a que sus ingresos no vienen mayoritariamente del trabajo o a que aprovechan que la tasa por concepto de ingresos no laborales es menor. Hay costos de igualar todas las tarifas (hay fuentes de ingresos por las que se pagan impuestos en otras instancias antes de que lleguen a los bolsillos de las personas), pero considero que los beneficios los compensan: simplifica el estatuto tributario, que facilita la verificación de su cumplimiento; disminuye el incentivo para aprovechar posiciones privilegiadas con el fin de pagar menos impuestos; aumenta la progresividad del estatuto, entre otros.
Con respecto al tratamiento de las empresas, es notorio que por un lado se es consciente de las distorsiones causadas por los impuestos, pero esta misma idea se deja de lado en otro aspecto. Al mandar la señal de que se quieren quitar exenciones sectoriales se disminuye una potencial fuente de mala asignación de recursos. Idealmente se quisiera que las empresas más productivas puedan tener acceso a más recursos. Al tener exenciones tributarias por sectores, se canalizan recursos a sectores que no son los más productivos y esto tiene efecto negativo sobre el crecimiento. Quitar estas exenciones es positivo.
No obstante, los impuestos para las empresas siguen siendo muy altos. Igualar las tasas hacia arriba puede ser más costoso que tener exenciones. En particular, en una economía como la colombiana donde un porcentaje considerable de la producción ocurre en el sector informal, mantener las tasas altas para las empresas es un incentivo a que esta informalidad siga siendo alta.
En aspectos tributarios la manera de dar los mensajes es particularmente relevante. A nadie le gusta pagar impuestos y es difícil caer en cuenta de las personas que ganan menos, porque siempre va a haber alguien que gana más y que uno considera que debería pagar impuestos antes que uno. La actual propuesta maneja bien este mensaje, pero ignora que un problema en Colombia es que el Estado no cuenta con información oportuna de los balances financieros de los hogares, porque una minoría declara impuestos. Si un gobierno puede romper con el costo político de lograr que más personas declaren impuestos, sin que tengan que pagar nada adicional en impuestos, es éste el momento. Tal vez así en la siguiente reforma tributaria los impuestos se puedan usar más para redistribuir y no para evitar crecimiento económico y formalización.
