Los ahorros por más de 316 mil millones de pesos en beneficios a ciudadanía y el empresariado

Suprimidas 436 barreras que dificultaban el desempeño empresarial en sectores como turismo, agro, salud, transporte y comercio exterior, entre otros.

Entre agosto de 2018 y mayo de 2022 más de 450 entidades del Estado simplificaron o eliminaron trámites, suprimieron barreras e hicieron mejoras regulatorias que le generaron un ahorro a los colombianos superior a los 316 mil millones de pesos.

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, destacó estos y otros resultados durante un evento en el que se hizo un balance del trabajo realizado, y se reconoció el valioso aporte de siete alcaldías, dos gobernaciones y un hospital.

Estado Simple, Colombia Ágil es la estrategia del gobierno enfocada en la oferta institucional dirigida a ciudadanos y empresarios, y tuvo cuatro líneas de acción: trámites, barreras, normas obsoletas y normas de alto impacto.

De las acciones de racionalización adelantadas en el marco de la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, un 54 por ciento correspondieron a entes territoriales, con beneficio directo para habitantes de municipios y departamentos. “Así comprobamos una vez más que el Gobierno central y las regiones podemos trabajar juntos por propósitos comunes”, destacó el Jefe de Estado.

En efecto, 217 alcaldías, 28 gobernaciones, 7 corporaciones autónomas, más instituciones de salud, universidades, institutos y otras entidades de 250 municipios en 31 de los 32 departamentos del país han aportado intervenciones para facilitar el cumplimiento de obligaciones y el acceso a servicios de los ciudadanos en su zona de influencia.

En el nivel nacional participaron los 18 ministerios, 9 superintendencias, cuatro departamentos administrativos, 9 agencias y cinco unidades administrativas especiales, así como otros institutos y empresas del Estado.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, destacó el impacto positivo de la estrategia en la reducción de costos para la operación formal de las empresas en Colombia, particularmente con acciones asociadas a creación de empresas, productos financieros, registros de turismo, trámites de comercio exterior y propiedad industrial o registro de marca.

“Así le aportamos a la meta de garantizar un ambiente de negocios propicio para el emprendimiento y el fortalecimiento de la libre competencia. Colombia necesita empresas que dediquen la menor cantidad posible de tiempo, dinero y personal a atender requerimientos del Estado, de manera que puedan dedicar más recursos a lo que saben y hacen mejor: generar empleo y riqueza mediante la producción de bienes, servicios y tecnología”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de Función Pública, Nerio José Alvis Barranco, señaló que “una de las grandes apuestas de Función Pública ha sido la de hacer más cercana la relación entre la ciudadanía y el Estado. Esto lo ha logrado a través de la mejora de la oferta institucional y su simplificación, lo que garantiza el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de la ciudadanía. Este trabajo se ha visto reflejado en una mayor confianza en lo público y la generación de ahorros para las personas en tiempo y dinero al momento de interactuar con el Estado».

El jefe de Estado explicó que uno de los propósitos de su gobierno fue reducir la abrumadora carga de trámites burocráticos con especial énfasis en estos que afectan a los empresarios y emprendedores, por lo que una combinación de estrategias que incluyeron la aplicación de nuevas tecnologías, el impulso a las ventanillas únicas para concentrar procedimientos en un solo canal y la simplificación normativa, entre otras, fueron las acciones implementadas para impulsar la competitividad del país.

También destacó el alto componente participativo de la estrategia que, desde sus comienzos, contó con mecanismos para interactuar con gremios, expertos, academia y ciudadanos con el fin de recoger sus inquietudes y experiencia, y así priorizar los temas que más impactaban su vida diaria o actividad económica.

Cifras clave

Las acciones de simplificación, racionalización y estandarización de toda la oferta institucional existente, es decir trámites dirigidos a ciudadanía y empresas durante el periodo de gobierno, abarcó 3.364 acciones de racionalización a trámites, mediante intervenciones tecnológicas, administrativas o normativas de las entidades involucradas.

De acuerdo con cálculos del Departamento Administrativo de la Función Pública, líder de esta política, este resultado les ahorró a los colombianos 316 mil 881 millones de pesos, representados en ahorro de tiempo, tránsito de la prespecialidad a sistemas en línea, eliminación o reducción de tarifas, disminución de requisitos, menos fotocopias, menos papeleo y aumento de canales o puntos de atención.

Al mismo tiempo, se suprimieron 436 barreras que, por disposiciones legales, procedimientos engorrosos o desaprovechamiento de recursos complicaban de manera innecesaria la actividad de las empresas o las gestiones individuales de los ciudadanos.

El ejercicio de mejora regulatoria incluyó identificar y derogar normas obsoletas, es decir aquellas cuya aplicación es imposible a la luz de la realidad social, económica, cultural, política o tecnológica del país por cambios legales, reemplazos, desaparición de su objeto o cumplimiento de vigencias temporales.

También se centró en ajustar normas de alto impacto por los costos que generan, la gente que afectan, la frecuencia de su aplicación, el impacto sobre el mercado. Las intervenciones de mejora regulatoria, sumadas, llegan a 880. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo calculó que en barreras y mejora regulatoria el ahorro ascendió a 70 mil 386 millones de pesos.

Las acciones de digitalización de la oferta fueron relevantes para la estrategia durante la cuarentena, cuando los servicios no presenciales implementados hasta el momento permitieron a entidades que ya los tenían seguir atendiendo al público y, al mismo tiempo, comenzaron o se aceleraron los procesos en otras instituciones oficiales, tanto nacionales como regionales, para prestar servicios en línea o telefónicamente, o adaptar actividades de comercio exterior y transporte aéreo, entre otras, a la excepcional situación.

Así se mantuvieron, entre otros logros destacados, el acceso a la administración de justicia mediante tecnologías de la información y las comunicaciones, las audiencias y diligencias virtuales en la SuperSociedades, los mecanismos extraordinarios de financiación empresarial y la digitalización mediante plataformas o aplicaciones de la atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.