El presupuesto General de la Nación para 2027 enfrentó dos versiones distintas. La primera, presentada por el gobierno Petro en julio de 2026, con una cifra cercana a los 575,6 billones de pesos, equivalentes a un 27 % del PIB. La segunda, radicada por el gobierno de Abelardo de la Espriella el 27 de agosto, llegó a 635 billones, un 29,9 % del PIB. La diferencia de casi 60 billones entre ambas cifras generó reacciones entre los que llevamos meses mencionando la fragilidad de las cuentas públicas.
Para varios analistas, el salto de 575 a 635 billones es más a una corrección contable y sinceramiento de cuentas que a un incremento del gasto. Los 575 billones nunca reflejaron las obligaciones reales del Estado porque dejó por fuera elementos como el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cercano a 9,6 billones de pesos, pasivos pensionales, de salud y de universidades públicas que no estaban incorporados en el proyecto original. Una hábil jugada del anterior ministro de Hacienda a quien, afortunadamente, no le alcanzó el tiempo para destruir más cosas.
A esto, claro, se debe sumar el impacto fiscal del terremoto, que también quedó reflejado en la nueva versión.
Analistas y expertos coinciden en que el gobierno saliente dejó al fisco en la cuerda floja. Las cifras se ajustaron año tras año sin corresponder a la realidad del gasto y el país terminó con compromisos pendientes en 2027 equivalentes a varias veces la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. También señalan que los subsidios a los combustibles superaron a los desembolsados durante el gobierno Duque.
Frente a ese diagnóstico, el nuevo gobierno arrancó su gestión con un recorte de 17 billones de pesos y anunció la intención de recortar otros 40 billones adicionales. La administración De la Espriella presentó su propuesta como un ‘presupuesto de la verdad’, una cifra que, según explica el gobierno, busca sincerar las cuentas antes que maquillarlas.
Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ya había alertado sobre las inconsistencias del proyecto original. Según sus cálculos, el gasto primario superaba en cerca de 20,7 billones de pesos lo permitido por el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que iba a generar un déficit mayor al proyectado por el gobierno saliente y la necesidad de ajustes tanto en ingresos como en gastos. De hecho, el Comité estimó que el déficit de 2027 podría superar el 8 % del PIB si no se tomaban correctivos y que se requería un plan fiscal creíble para contener esa tendencia y reducir el costo dela deuda.
En la misma dirección apuntaron algunos centros de pensamiento. Anif planteó que se podrían necesitar entre cuatro y ocho años para ordenar las finanzas públicas. Además, mencionan que, de mantenerse la trayectoria actual, sin medidas adicionales de reducción de gasto o nuevos ingresos, la deuda pública podría acercarse al 66 % del PIB. Esto es un problema cuando la mayor parte de los recursos adicionales del nuevo presupuesto debe destinarse a funcionamiento y al servicio de la deuda y no a inversión.
En este sentido, en la versión inicial del presupuesto, el servicio de la deuda ascendía a cerca de 118 billones de pesos, una cifra que en varios análisis superaba lo asignado a educación o a salud. En la nueva propuesta, la distribución queda en 62 % para funcionamiento (unos 392 billones), 24 % para servicio de la deuda (155 billones) y 14 % para inversión (87 billones).
Así las cosas, si bien la cifra de 635 billones representa un reconocimiento más transparente de la herencia fiscal, eso no resuelve el problema de fondo. El país sigue necesitando un plan de ajuste que evite que la deuda pública se vuelva insostenible.
El Congreso tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto de 2027. Las cifras y los diagnósticos aún pueden ajustarse durante el debate legislativo.
