Tendencias en sostenibilidad de las empresas colombianas, según encuesta
Una encuesta realizada por la compañía PAR servicios revela que, aún en medio de la crisis sanitaria y social, la mayoría de las empresas colombianas no pierden de vista la meta de la sostenibilidad, con los propósitos de heredarle un medio ambiente viable a las siguientes generaciones y generar bienestar social a las personas de su influjo, todo esto, procurando mantenerse productivas.
El sondeo fue realizado entre 350 empresas proveedoras de los sectores de construcción, transporte, comercio, servicios, turismo, agroindustria y minería, encontrando que mientras el 78 % de los encuestados cuentan con políticas relacionadas con la gestión ambiental, el 64 %, maneja políticas de no discriminación, el 57 % de estas defienden la equidad de género y tan solo el 48 % tienen en cuenta darle prioridad a los proveedores locales a la hora de comprar sus insumos.
Según María Carolina Gast, gerente de Asuntos Corporativos de PAR Servicios, “aunque el momento histórico por el que atravesamos ha cambiado las prioridades de las empresas para ponerse en “modo supervivencia”, es innegable que desde hace algunos años, en el país viene creciendo la cultura de la sostenibilidad en el ámbito empresarial e industrial”.
“Esto viene ocurriendo en todo tipo de organizaciones, que sin importar su tamaño o su tiempo en el mercado, han comenzado a inclinarse por las buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. Temas como la transparencia en los procesos de contratación, y en todos los procesos de operación, minimizan las brechas que abren paso a la corrupción y a las malas prácticas empresariales”, concluye María Carolina Gast.
Para medir el impacto sobre otras prácticas sostenibles que se aplican en Colombia, la encuesta encontró que el 63% de las empresas consultadas sí contemplan políticas en pro de la protección de los derechos humanos, el 64% analizan e identifican los riesgos de trabajo infantil en su cadena de suministro, el 82% cuentan con declaraciones y procesos anticorrupción, y el 84% de estas siguen prácticas de comercio justo.
¿Para qué ser sostenible?
Aparte de estas políticas y prácticas, en concepto de la gerente de Asuntos Corporativos de PAR Servicios, “entrar en el camino de la sostenibilidad garantiza oportunidades de crecimiento y empoderamiento de los empleados y la implementación de una serie de prácticas al interior de las empresas que las llevan a ser más productivas, a mantenerse vigentes y a optimizar recursos, por ejemplo, con estrategias de economía circular que permiten darle valor a lo que antes se iba a la basura”.
Ahora, si bien es cierto que las grandes empresas comienzan a evaluar a sus proveedores bajo los criterios de sostenibilidad, este realmente no es un requisito en Colombia, sin embargo el hecho de tener un informe de sostenibilidad con estándares del Gobal Reporting Initiative (GRI, por sus siglas en inglés), o certificaciones verdes como las de Fair Trade y las de Pacto Global, les abre las puertas a los proveedores hacia nuevos mercados que exigen cada vez más este tipo de sellos de prácticas verdes y operaciones sostenibles.
Esta tendencia, que crece en Colombia, tiene una faceta más y es la de blindar las operaciones empresariales en contra de las brechas que pueden impactar su reputación, su operación y su productividad. Es por esta razón que los proveedores en el país, también han visto las ventajas que les ofrece el hecho de apostarle a la sostenibilidad, y muchos de ellos han comenzado a gestionar los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).
Aunque estas prácticas hacen parte de una tendencia en ascenso, la verdad es que los proveedores que deciden dar inicio a documentar estas prácticas, se hacen cada vez más valiosos para grandes compradores que buscan garantizar que toda su operación está blindada, por ejemplo, contra el trabajo infantil. Así mismo, muchos grandes compradores quieren asegurarse de que las cadenas de abastecimiento de sus proveedores tienen políticas, procesos o declaraciones que promueven el respeto por los derechos humanos, o que son empresas que cumplen con la ley y tienen a todos sus empleados afiliados al sistema de seguridad social.
Con la adopción de estas prácticas, ya de manera interna, los proveedores pueden ser más productivos, e incluso lograr el acceso a beneficios tributarios como tasas de interés preferenciales.
En este sentido, la encuesta quiso establecer hasta dónde llegan estas prácticas en el país y halló que el 65 % de los consultados no se han adherido a la iniciativa pacto Global de las Naciones Unidas, el 80 % de ellos tampoco sigue los lineamientos del estándar GRI y el 93 % no conoce la cantidad de agua reciclada o reutilizada durante sus procesos, mientras que el 79% sí cuenta con políticas relacionadas con el reciclaje y la reutilización de materiales.
Finalmente, y en el marco de la contratación pública, es importante destacar que la entidad Colombia Compra Eficiente también está alineada con esta tendencia, y a través de su Guía de Compras Públicas Sostenibles con el Ambiente y la Guía de Compras Públicas Socialmente Responsables, establece las pautas para que las instituciones del Estado puedan orientarse en la toma de sus decisiones a la hora de gestionar sus compras.
