Fiel a su ADN opositor, el presidente de la república llamó, sutilmente, a que “el pueblo saliera a las calles”. Como al gobernante le quedó grande gobernar, opta por lo único que sabe hacer: sabotear, tender cortinas de humo, entorpecer y, en general, perjudicar a todo el país.
Resulta ridículo que desde el Gobierno se propulse un paro nacional que perjudicará a todos los colombianos. La excusa es el apoyo a la ‘Consulta Popular’, la realidad es la necesidad que tiene el Gobierno de obtener plata para prender su maquinaria electoral. Puro humo enmascarado de defensa del pueblo.
Las consecuencias
Las preocupaciones expresadas por gremios como Fenalco y Anif subrayan el significativo golpe que estas movilizaciones representan para la ya desafiada economía nacional.
Según estimaciones de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el paro convocado para el 28 y 29 de mayo por el Gobierno y los sindicatos podría generar cercanas a los 270.000 millones de pesos.
Sin embargo, la realidad es que el número es difícil de precisas con exactitud. Para José Ignacio López, presidente de Anif, el costo de un día de paro podría llegar a los 20.000 millones de pesos, pero puede multiplicarse por diez si se presentan bloqueos y actos vandálicos generalizados. El temor al vandalismo y los bloqueos lleva a que muchas empresas y negocios opten por no abrir sus puertas, amplificando las pérdidas económicas.
Los más perjudicados, según Fenalco, serán los pequeños comerciantes, como panaderos, tenderos y dueños de cafeterías, cuya subsistencia depende de su actividad diaria. La incertidumbre generada por la convocatoria afecta la confianza de los empresarios y desincentiva la productividad. Los comerciantes están preocupados no solo por las pérdidas directas, sino también por el clima de inseguridad y polarización que genera esta medida.
La verdad detrás de las manifestaciones
Además de los costos económicos directos, el paro busca supuestamente presionar al Congreso para la aprobación de las reformas propuestas por el Ejecutivo.
Curiosamente, como suele suceder con estas marchas convocadas por el mismo Gobierno, gran parte de los manifestantes provienen del sector público (funcionarios, contratistas, Minga indígena, etc.), sectores que no serían directamente impactados por la reforma laboral, que está diseñada para el sector privado.
Resulta incoherente convocar un paro en nombre de los trabajadores, mientras existen denuncias de malas prácticas laborales en entidades estatales como el Sena o el doble racero que tienen algunos senadores de la República con sus propios colaboradores.
Además, es grave que funcionarios públicos y sindicatos pretendan coaccionar al poder legislativo.
El costo de estas jornadas va más allá de las cifras: afecta la estabilidad económica, el empleo formal y genera un clima de inseguridad para quienes dependen de su actividad diaria. La discusión sobre los asuntos críticos del país debe darse en escenarios institucionales y sin coacciones.
