Por: David Pérez-Reyna
En el momento de escribir esta columna se acordó un aumento en el salario mínimo de 10,07%, cifra propuesta por el presidente Iván Duque. El presidente afirmó que “se logró un pacto con justicia social”. A pesar de ser el aumento real más alto desde por lo menos 1985, hubo líderes pidiendo aumentos aún más altos. Más allá de que más del 45% de los trabajadores colombianos más pobres no se van a ver beneficiados por este aumento, que la discusión del aumento del salario mínimo siga acaparando titulares cada fin de año, es otra muestra de que es más fácil atacar síntomas con un decreto, que enfermedades que generan esos síntomas, que no siempre se solucionan firmando una ley. Más aún, atacar los síntomas puede estar agravando la enfermedad. En este caso la enfermedad es la baja productividad de la economía colombiana, que genera bajos ingresos, y que no se pueden mejorar con un decreto que aumente salarios.
Las empresas tienen más poder de mercado que muchos empleados. Por lo tanto, se justifica que haya alguna intervención en el mercado laboral para que aumente el bienestar. Pero esta intervención no debería ser un salario mínimo. Aumentos en el salario mínimo causan disminuciones en el empleo. Más aún, más del 45% de los trabajadores colombianos tienen un ingreso menor a un salario mínimo. Por definición, estos son trabajadores que no tienen un contrato formal, y por lo tanto un aumento en el salario mínimo no los va a beneficiar necesariamente. De hecho, un aumento en el salario mínimo puede causar más perjuicio para estos trabajadores, en el sentido en que hace más costoso para una empresa contratar más trabajo, y los puede alejar de la posibilidad de tener un trabajo formal. Teniendo en cuenta que son los trabajadores con ingresos más bajos, una política que pueda perjudicarlos a ellos y a los desempleados no puede ser “pacto de justicia social”.
Un síntoma grave del mercado laboral en Colombia es que los salarios son bajos. Pero atacar este síntoma con un decreto que aumente el salario mínimo es, en el mejor de los casos, ser poco original. Esta misma política se lleva implementando varias décadas en Colombia y los ingresos de muchos colombianos siguen siendo bajos. Por otro lado, denota pereza intelectual quedarse en atacar el síntoma, sin preocuparse por atacar la enfermedad: la baja productividad que causa que los salarios sean bajos. Peor aún, atacar el síntoma agrava la enfermedad: castiga a muchos trabajadores al sector informal, y eso disminuye aún más la productividad. Colombia tiene exceso de empresas pequeñas. Esto es consistente con una mala distribución de recursos, y aumentos grandes en el salario mínimo agravan esta mala distribución: más del 85% de trabajadores con ingresos de un salario mínimo están en empresas pequeñas.
Es imprescindible que haya políticas públicas que quiten trabas que eviten que aumenten los ingresos de los colombianos. Pero argumentar que un aumento en el salario mínimo ayuda a aumentar los ingresos de los trabajadores más pobres es ser deshonesto intelectualmente. Las intervenciones en el mercado laboral para contrarrestar el poder de mercado de las empresas deben ser diferentes para evitar perjudicar a los trabajadores con ingresos más bajos. Para empezar, tener un ingreso por debajo de un salario mínimo no debería impedir tener pensión. Si se quiere tener una política de seguridad social que cubra a todos los trabajadores y no deje de lado al más de 45% más pobre, una renta básica garantizada funcionaría mejor. Y si se quiere que aumente el ingreso de los colombianos, las políticas deberían estar enfocadas en quitar trabas que impidan que aumente la productividad. Ahí está la enfermedad que debemos atacar.
