$25 billones a escala Richter
El Gobierno nacional estudia una medida que sacudiría la estabilidad del mercado financiero local. Como ya se sabe, el borrador de decreto del Ministerio de Trabajo propone acelerar el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones en un plazo casi que inmediato.
Pero más allá de la incertidumbre jurídica y de los vicios que puede tener esta medida, las consecuencias económicas ya se están viendo.
El debate legal
La Ley 2381 de 2024, que reformó el sistema pensional, estableció un procedimiento claro para el traslado de recursos entre regímenes. Según esa norma, los ahorros individuales deben permanecer invertidos hasta que el afiliado se pensione efectivamente, momento en el que los recursos serían transferidos al Banco de la República.
Pero no se contaba con la voracidad del Gobierno. El borrador de decreto pretende adelantar el traslado masivo de recursos hacia Colpensiones. Para los expertos jurídicos, eso lleva a preguntarse si el decreto puede modificar el espíritu de una ley aprobada por el Congreso de la República.
En el fondo del debate está qué esos recursos son ahorros de los trabajadores, no liquidez para la caja del Gobierno.
Efectos en el mercado de deuda pública
Ahora bien, los impactos más inmediatos se sentirán en el mercado de capitales. Y es que hay que entender que las AFP no tienen esos $25 billones en bóvedas, sino invertidos en TES (los títulos de deuda pública de Colombia) y otros activos financieros.
Entonces, un traslado acelerado obligaría a las administradoras a liquidar posiciones en un periodo muy corto. Una venta masiva de bonos en un mercado con capacidad limitada de absorción podría generar caídas en los precios de los TES, un aumento en las tasas de interés y mayor volatilidad en el sistema financiero.
En pocas palabras, cuando hay mucho de algo ese algo tiende a valer muy poco. En el caso de los TES, el valer muy poco significa tener que pagar tasas de interés más altas.
Liquidez fiscal hoy, costos mañana
Desde una perspectiva fiscal, adelantar estos recursos permitiría cubrir obligaciones actuales del sistema público de pensiones y aliviar la presión sobre el presupuesto nacional en el corto plazo.
Sin embargo, utilizar recursos vinculados al ahorro futuro de los trabajadores gastar en obligaciones de hoy generará costos económicos en el mediano y largo plazo, más aún si erosiona la confianza de los inversionistas locales e internacionales.
Las reglas de juego institucionales son un componente determinante de la percepción de riesgo país. Los cambios regulatorios inesperados tienden a traducirse en mayores primas de riesgo, lo que encarece el financiamiento tanto soberano como corporativo.
Lo que deben monitorear las empresas
Ante un escenario de posible volatilidad financiera y mayor incertidumbre regulatoria, las compañías deberían prestar atención a tres variables críticas.
La primera es la estructura de endeudamiento. Las empresas con créditos atados a tasas variables enfrentarán presiones al alza si las tasas de los TES continúan subiendo. Vale la pena pensar en cambiar hacia tasas fijas.
La segunda es la gestión de liquidez. El costo del financiamiento puede incrementarse rápidamente, fortalecer la posición de caja y asegurar líneas de crédito preventivas reduce la exposición a choques operativos.
La tercera son los indicadores de riesgo país. El comportamiento del tipo de cambio y de los TES a 10 años, que ya se están deteriorando, será una señal temprana de la percepción del mercado. Estas variables deben reflejarse en ajustes al costo de capital y en la evaluación de nuevas inversiones.
Más allá del alcance inmediato del decreto, lo que está en juego es la interacción entre política fiscal, estabilidad financiera y confianza institucional.
