Consulta Popular y Estrategia Electoral: Petro, Reforma Laboral y el Riesgo de una Reconfiguración Institucional en Colombia
Por un analista político y económico especializado en América Latina
La reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, una de las piezas centrales de su agenda de transformación social, fue archivada por el Congreso colombiano en 2024. Lejos de aceptar esta decisión legislativa como un cierre definitivo, el presidente ha optado por reactivar su propuesta a través de una consulta popular. Este mecanismo, que en Colombia está regulado por la Ley 134 de 1994 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, permite al presidente someter una decisión política al «constituyente primario», es decir, a la ciudadanía.
Lo que parece una simple consulta sobre una política laboral, se perfila como una estrategia de mayor alcance: alinear las bases sociales del petrismo, polarizar el debate público, y posicionar candidatos al Congreso que en 2026 le permitan al mandatario obtener una mayoría parlamentaria que allane el camino para una posible reforma constitucional en 2030, incluyendo la reelección presidencial.
El marco legal: lo que exige la ley para que la consulta sea vinculante
Según lo estipulado por la ley colombiana, para que una consulta popular tenga efectos legales debe cumplir dos condiciones: primero, debe ser aprobada por la Corte Constitucional; segundo, debe ser votada por al menos el 33.3% del censo electoral vigente, lo que representa más de 13.654.457 votos. Además, la ley exige que no coincida con ningún otro evento electoral nacional, como elecciones presidenciales o legislativas, lo cual restringe su convocatoria a una fecha exclusiva y con un alto costo logístico y financiero.
Diferentes analistas políticos y medios como El Espectador, El Tiempo y El País América han coincidido en que lograr tal nivel de participación en una consulta aislada es altamente improbable. Ninguna consulta popular en Colombia ha alcanzado ese umbral. A pesar de eso, la insistencia del gobierno en avanzar con esta herramienta demuestra que la intención no es necesariamente ganar la consulta, sino generar una plataforma de movilización y polarización electoral para fortalecer su base política.
Las 12 preguntas: diseñadas para decir «sí»
La propuesta de consulta incluye 12 preguntas, muchas de ellas redactadas de forma binaria y con fuerte carga emocional. Se plantea al votante si está de acuerdo con el derecho al trabajo digno, con la reducción de la jornada laboral, con el fortalecimiento de los sindicatos, con evitar despidos sin justa causa, y con una serie de condiciones que apelan al sentido común del electorado.
La estrategia es clara: las preguntas están diseñadas para recibir un «sí» rotundo por parte de un electorado poco informado sobre las complejidades técnicas y económicas de la reforma. Esta técnica de consulta, ya utilizada en países como Venezuela y Bolivia, permite presentar un proyecto de transformación estructural como una cuestión moral o emocional.
La ANDI, Fenalco y la SAC han advertido que muchas de estas medidas, de implementarse sin estudio técnico ni consenso institucional, podrían generar rigideces en el mercado laboral, incremento de la informalidad y disminución de la inversión. Sin embargo, en el discurso oficial, estas advertencias son presentadas como «resistencia del establecimiento» frente a los derechos de los trabajadores.
Consulta como antesala electoral: la estrategia de 2026
Como lo ha señalado La W Radio en entrevistas con congresistas de oposición, el verdadero objetivo de Petro no es ganar la consulta popular, sino activar su base electoral y preparar el terreno para las elecciones legislativas de 2026. En una democracia con sistema presidencialista pero fuerte dependencia legislativa, controlar el Congreso es crucial.
El petrismo ha comprendido que sin mayoría parlamentaria no podrá ejecutar su programa de reformas estructurales, ni mucho menos proponer cambios a la Constitución de 1991. Por ello, la consulta se convierte en un ejercicio de pedagogía política, de confrontación de clases, y de construcción de una narrativa de exclusión, en la que Petro aparece como el único defensor del «pueblo trabajador».
La estrategia recuerda las tácticas empleadas por el Socialismo del Siglo XXI en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela: desgastar al Congreso, promover mecanismos plebiscitarios, y fortalecer el liderazgo carismático por encima de las instituciones.
Reelección y reforma constitucional: el escenario del 2030
Aunque la reelección está prohibida en Colombia tras la reforma de 2015, diversos analistas han advertido que una mayoría congresional afín podría reabrir el debate. Petro ha negado en público que busque perpetuarse en el poder, pero la estrategia de mediano plazo apunta a crear las condiciones para que, llegado el momento, se proponga una Asamblea Constituyente que reemplace la Carta de 1991.
El escenario no es descabellado. Petro ya ha hablado en sus discursos de «crisis institucional», de «poder judicial capturado por intereses económicos», y de la necesidad de una «nueva Constitución para la paz». Estos son ejes narrativos clásicos del modelo populista latinoamericano, y abren la puerta a reformas profundas, incluyendo la ampliación de periodos presidenciales, la eliminación de órganos de control independientes, y la consolidación de un Ejecutivo fuerte con poder sobre los demás estamentos.
Raíces ideológicas: la Tercera Internacional Socialista y el Foro de São Paulo
Para entender el trasfondo de esta estrategia, es necesario acudir a la historia del socialismo internacional. En particular, la Tercera Internacional Socialista (fundada en 1919) planteó como uno de sus principios que el socialismo podía llegar al poder por vía democrática. Esta idea se consolidó en América Latina en los años 80 y 90, con la creación del Grupo de Río y posteriormente el Foro de São Paulo.
El «Socialismo del Siglo XXI», ideado por Hugo Chávez con apoyo intelectual del uruguayo Eduardo Galeano y el argentino Atilio Borón, adoptó este principio: usar los mecanismos democráticos liberales para desmantelar sus propios fundamentos. Esto incluye cooptar el Congreso, debilitar la separación de poderes, politizar la justicia, y reformar la Constitución bajo el argumento de mayor participación popular.
Petro, con formación en teoría marxista y experiencia en insurgencia revolucionaria, conoce bien esta estrategia. Su paso por el M-19 y su admiración por los procesos de Bolivia y Venezuela dan pistas sobre la hoja de ruta que podría estar siguiendo.
Conclusión: alerta institucional para el sector empresarial y electoral
La consulta popular impulsada por el presidente Petro no es simplemente una consulta sobre derechos laborales. Es un movimiento calculado para reconfigurar el mapa político colombiano, alinear a las bases populares con una narrativa de lucha de clases, y preparar las condiciones para un eventual cambio de régimen institucional.
El sector empresarial, las instituciones democráticas y la sociedad civil deben estar atentos a esta estrategia. La historia reciente de América Latina está llena de ejemplos donde procesos similares llevaron a la erosión del estado de derecho, la destrucción de la seguridad jurídica y la crisis económica.
En un contexto de inestabilidad institucional, el riesgo país se incrementa, la inversión extranjera se reduce y la polarización se vuelve un obstáculo para el desarrollo. La mejor defensa de la democracia es una ciudadanía informada, un empresariado activo y una prensa libre que no permita que el populismo utilice los mecanismos de la democracia para destruirla desde dentro.
No se trata solo de resistir una reforma laboral, sino de impedir que se consolide un discurso de lucha de clases como narrativa nacional. Colombia debe concentrarse en garantizar unas elecciones legislativas en 2026 que permitan un Congreso plural, deliberativo, democrático, pero que no caiga bajo el control hegemónico de una sola corriente política. Solo así se preservará el equilibrio de poderes y la solidez institucional que requiere una democracia moderna.
