El Decreto 0572 de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, modifica la retención en la fuente para el año gravable 2025. En últimas, es una reforma tributaria camuflada.

¿Qué establece el Decreto 0572 de 2025?

El decreto ajusta las tarifas de retención y autorretención en la fuente. Esto significa que algunos contribuyentes, especialmente empresas en sectores como minería, energía, construcción, servicios públicos, agricultura, y transporte, deberán pagar impuestos anticipadamente sobre ingresos proyectados para 2026 durante el 2025.

Entre los puntos clave que trae el decreto están los siguientes:

• Aumento de tarifas: las tarifas de autorretención oscilan entre 3.5% y 4.5% para sectores específicos como extracción de gas natural, minería de oro y otros metales preciosos, generación de energía eléctrica, tratamiento de aguas y construcción.
• Pagos anticipados: se busca recaudar impuestos de manera anticipada, reduciendo el anticipo requerido en 2026, pero afectando la liquidez de las empresas en 2025.
• Alcance: aplica a pagos o abonos por prestación de servicios a partir de 2 UVT (en lugar de 4 UVT, como estaba anteriormente).
• Vigencia: las medidas entran en vigor de manera gradual a partir del 1 de junio de 2025.

La cínica justificación del Ministerio para defender este decreto es, por una parte, ‘suavizar el recaudo tributario’. Es decir, bajo la óptica del poco técnico ministro de Hacienda, la medida busca distribuir los pagos de manera más equilibrada durante 2025 para evitar anticipos elevados en 2026. Curioso que esto se haga justo cuando el otro año hay elecciones.

En la misma vía, otra razón que se da para la expedición del decreto es la previsibilidad fiscal: mejorar la planificación financiera tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes.

Resulta curioso que un Gobierno que se caracteriza por su improvisación en todos los frentes y el desprecio por el sector privado, esté preocupado por la planificación financiera de las empresas. La realidad va por otro lado.

Implicaciones para las empresas

Al exigir pagos anticipados de impuestos, las empresas, especialmente las pequeñas y microempresas, enfrentan una reducción significativa en su flujo de caja. Esto puede obligarlas a endeudarse para cumplir con estas obligaciones tributarias, según críticas de expertos como José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, y Lisandro Junco, exdirector de la DIAN.

De hecho, algunos analistas y expertos describieron la medida como una «expropiación al flujo de caja». El problema es que esa presión sobre la situación financiera actual afectará su capacidad operativa tanto de lo que queda de este año como del siguiente.

Esto, sin mencionar que se perjudicará la inversión (que ya de por sí está en el piso). Las empresas se verán forzadas a posponer este tipo de decisiones para destinar recursos al pago de estos anticipos.

Sectores más afectados y riesgos macroeconómicos

Los sectores minero-energético, hidrocarburos, agricultura, transporte y construcción enfrentan tarifas más altas, lo que podría incrementar sus costos operativos y reducir su competitividad. Las pequeñas empresas, con márgenes más ajustados, son particularmente vulnerables, ya que podrían no contar con los recursos para cumplir con estas obligaciones sin comprometer su estabilidad financiera.

Expertos como José Manuel Restrepo calificaron el decreto como una «reforma tributaria encubierta» que «jineteará» recursos de 2026 para cubrir necesidades fiscales inmediatas en 2025. Esto, como es apenas obvio, generará un déficit fiscal mayor en 2026 debido a la reducción de ingresos futuros y la poca diligencia de la administración actual para recortar gastos.

Por su parte, Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, señaló que las tarifas elevadas, especialmente para el sector minero-energético, podrían llevar a una acumulación de cartera morosa en la DIAN, ya que muchas empresas no tendrán capacidad de pago. Una vuelta de tuerca más para un sector que está totalmente asfixiado por el Gobierno.

Otra de las voces que se expresó con preocupación fue la de José Ignacio López, presidente de Anif, quien advirtió sobre problemas de liquidez y estabilidad económica a largo plazo.

Por si fuera poco, la presión financiera sobre las empresas podría traducirse en una reducción de empleos. La ecuación es bastante simple: si las empresas no pueden pagar, deberán recortar gastos, y uno de los principales serán las nóminas. Así, se incrementará el desempleo y la informalidad. Así las cosas, el Decreto 0572 de 2025, no es más que otro de los atropellos de un Gobierno desesperado por conseguir recursos que despilfarró en los últimos años. En este punto es claro que al Gobierno no le interesa el bienestar de los colombianos, sino el beneficio de un puñado de particulares que dicta normas desde palacios y ministerios.