Colombia ante una encrucijada histórica: advertencia sobre una estrategia para la concentración del poder y la desintegración institucional

1. INTRODUCCIÓN: EL ORIGEN IDEOLÓGICO Y ESTRATÉGICO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

Desde mediados del siglo XIX, con la fundación de la Primera Internacional Socialista en 1864 por Karl Marx y Friedrich Engels, la izquierda internacional estructuró una visión del mundo que buscaba transformar radicalmente las sociedades capitalistas mediante la abolición de la propiedad privada, el control de los medios de producción por parte del Estado y la eliminación de las jerarquías burguesas. Esta visión inicial promovía una revolución obrera internacional, con la esperanza de crear un sistema igualitario en el que el proletariado reemplazara a las clases dominantes.

La Segunda Internacional, surgida en 1889, mantuvo esta postura, pero fue con la Tercera Internacional, también conocida como la Komintern (1919), cuando la estrategia cambió drásticamente. Lenin comprendió que, tras la Primera Guerra Mundial, los pueblos europeos estaban agotados y que el sistema democrático liberal podía ser infiltrado desde dentro. Así nació una doctrina que combinaba participación democrática con manipulación institucional: se accede al poder por las urnas y, desde allí, se desmantelan las democracias liberales.

En América Latina, esta visión se actualizó con el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, conceptualizado por Heinz Dieterich y adoptado por Hugo Chávez. Esta doctrina retoma la estrategia leninista: participar en elecciones democráticas para luego cooptar las instituciones, imponer una hegemonía cultural, judicial, política y económica, y perpetuarse en el poder. A esta estrategia se han sumado partidos y personajes del espectro político colombiano como sectores del Partido Verde, cuya exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, participó activamente en los foros del Foro de São Paulo, organización que ha promovido modelos autoritarios bajo un manto de justicia social.

1A. EL FORO DE SÃO PAULO Y EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI EN COLOMBIA

El Foro de São Paulo fue fundado en 1990 por el Partido de los Trabajadores de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, con el apoyo del Partido Comunista Cubano. Su propósito fue reagrupar a las fuerzas de izquierda latinoamericanas tras la caída del Muro de Berlín y la crisis del modelo soviético. Con el tiempo, se convirtió en una plataforma para articular una agenda común de la izquierda regional: deslegitimar el modelo económico liberal, promover reformas constitucionales para el poder indefinido, y consolidar un bloque ideológico con vínculos estrechos con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El “Socialismo del Siglo XXI” ha sido el marco ideológico de esta articulación. En Colombia, actores como Gustavo Petro, el Pacto Histórico, sectores del Polo Democrático, el movimiento MAIS, y figuras destacadas del Partido Verde como Claudia López, han compartido espacios, ideas y propuestas en el marco del Foro de São Paulo y sus encuentros internacionales. No es casualidad que los discursos de justicia social, refundación nacional y desmantelamiento institucional coincidan con los que impulsaron Chávez, Morales o Correa.

Los principios compartidos por estos actores incluyen:

• La crítica sistemática al modelo democrático liberal.
• La promoción de reformas constitucionales que habiliten gobiernos autoritarios bajo una fachada democrática.
• La persecución judicial y mediática de opositores.
• El uso estratégico de los movimientos sociales como brazo de presión política.

1B. LA CAPTURA DEL ESTADO Y LA NORMALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL PODER

Uno de los elementos más preocupantes del actual momento institucional colombiano es la normalización de la corrupción y la infiltración de intereses ilegítimos en las más altas esferas del poder público. La Fiscalía General de la Nación, uno de los órganos fundamentales de control y justicia, está hoy en manos de una funcionaria que fue asesora del exministro de Defensa Iván Velásquez durante su trabajo en la CICIG de Guatemala. Esta misma funcionaria tiene actualmente una orden de captura en dicho país por presuntos actos de corrupción relacionados con la manipulación de la justicia. ¿Cómo es posible que una persona con este historial esté al frente del órgano que debe garantizar la legalidad en Colombia?

A ello se suma que muchos de los protagonistas de escándalos recientes en el Gobierno actual son exmilitantes del grupo guerrillero M-19, hoy ocupando cargos de gran relevancia en la administración pública. Casos emblemáticos incluyen:

• Carlos Ramón González, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), exmiembro del grupo guerrillero M-19, señalado por corrupción y vínculos con mafias locales.
• Gloria Inés Ramírez, exministra de Trabajo, con un historial ligado al activismo de extrema izquierda.
• Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo, también con pasado político en la izquierda radical, exsenador y figura clave del Partido Verde, cercano a los postulados del Foro de São Paulo y firme defensor del proyecto de “paz total”, cuya gestión ha estado salpicada por cuestionamientos a nombramientos sin méritos, improvisación y respaldo a estructuras de poder paralelas dentro de los sindicatos afines al gobierno.

Pero el hecho más grave, simbólica y políticamente, ocurrió el pasado fin de semana en Medellín: el presidente Gustavo Petro compareció ante el público acompañado por reconocidos delincuentes que fueron trasladados desde centros penitenciarios por orden presidencial únicamente para asistir a su evento político, bajo el discurso de “paz total”. Estas personas, con antecedentes graves, no habían sido excarceladas legalmente, sino movilizadas de forma excepcional, y fueron presentadas como líderes sociales. Luego del evento, regresaron a prisión. Este acto, sin precedentes, ignora por completo el dolor de las víctimas y envía un mensaje institucional profundamente alarmante: en Colombia, delinquir no solo puede ser perdonado, sino también legitimado públicamente.

Esto no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón de legitimación de estructuras paralelas al Estado, donde se privilegia a quienes violaron la ley, se persigue a quienes defienden la institucionalidad y se condiciona el ejercicio del poder a una lógica clientelista, vengativa y profundamente autoritaria.

2. LA CONSTITUYENTE COMO HERRAMIENTA PARA LA CONCENTRACIÓN DEL PODER

El uso de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido la piedra angular del Socialismo del Siglo XXI para rediseñar los sistemas institucionales según sus intereses. Históricamente, las constituciones nacen del consenso de fuerzas democráticas. Pero en este nuevo modelo, la constituyente se utiliza como un mecanismo para destruir el orden anterior y construir un régimen autoritario con apariencia de legalidad.

La Revolución Francesa (1789), fundamento de las democracias modernas, instauró la división de poderes como garantía contra el absolutismo. Montesquieu lo dejó claro en «El espíritu de las leyes»: sin separación de poderes, no hay libertad. Sin embargo, los regímenes populistas del Socialismo del Siglo XXI eliminan estos contrapesos mediante reformas constitucionales que subordinan el poder judicial al ejecutivo, disuelven los parlamentos opositores y reescriben las reglas del juego político para permitir la reelección indefinida.

En Venezuela, Chávez logró esto en 1999. En Bolivia, Evo Morales impulsó su reforma en 2009. En Ecuador, Correa en 2008. Todos se valieron de la Asamblea Constituyente como instrumento para instaurar regímenes personalistas. En todos los casos, los tribunales terminaron siendo subordinados, los órganos de control fueron copados, la prensa fue censurada y la oposición perseguida.

En Colombia, las propuestas reiteradas por el presidente Petro para convocar una “Asamblea del Pueblo Constituyente” desconocen los mecanismos legales establecidos por la Constitución de 1991. Se trata de un intento de cambiar las reglas democráticas para imponer una visión ideológica y perpetuarse en el poder con base en el precedente regional de otros regímenes autoritarios.

Todo esto es parte de una hoja de ruta que no puede ser ignorada. La historia reciente de América Latina demuestra que cuando se cede ante estos intentos de refundación ideológica, el precio es la libertad, la estabilidad y el futuro mismo de las naciones.

6. CONCLUSIÓN: DEFENDER LA DEMOCRACIA NO ES UNA OPCIÓN, ES UNA URGENCIA

La democracia no muere por golpes de Estado, sino por inacción ciudadana. Mientras los ciudadanos viven su día a día, otros diseñan, ejecutan y consolidan planes para capturar el poder y transformar el país en un modelo autoritario, sustentado en el miedo, la represión, la mentira y el resentimiento.

Colombia tiene aún instituciones, medios y ciudadanos dispuestos a actuar. Pero cada día que se posterga la reacción, el riesgo aumenta.

Este documento es una advertencia, una reflexión y un llamado: no se trata de política, se trata de patria. La defensa de la democracia no puede estar sujeta a simpatías ideológicas. Está en juego la libertad, el orden institucional, la economía nacional, la seguridad jurídica y el futuro de las generaciones por venir.

La historia juzgará con dureza a quienes vieron el peligro y decidieron callar. Es tiempo de despertar, de alzar la voz, de defender sin miedo los principios democráticos. Porque la democracia, cuando se pierde, rara vez se recupera sin dolor, sin exilio y sin sangre.