La trampa del arriendo: cómo los rentistas de capital agravan la crisis económica en Colombia
En medio de una economía que aún no se recupera del todo tras la pandemia, miles de pequeños y medianos empresarios en Colombia enfrentan un enemigo silencioso pero determinante: el precio del arriendo.
A pesar de los profundos cambios económicos vividos en los últimos cinco años —desde la desaceleración global hasta la inflación local, el desempleo estructural y la caída del consumo— muchos propietarios de inmuebles comerciales siguen cobrando cánones de arrendamiento como si nada hubiera cambiado desde 2019. Lejos de ajustar las condiciones, han trasladado el impacto económico completamente a los arrendatarios, quienes hoy enfrentan cargas fijas desproporcionadas en un mercado cada vez más frágil.
Este fenómeno, similar al que han documentado entidades como el Harvard Joint Center for Housing Studies y el Urban Institute en países como Estados Unidos, tiene en Colombia un efecto aún más grave: acelera el cierre de negocios, la destrucción de empleos formales y el crecimiento de la pobreza urbana.
Los arrendadores, en muchos casos rentistas de capital con amplios portafolios de propiedades, han optado por proteger su rentabilidad inmediata sin considerar el entorno económico ni el equilibrio social. Esta actitud no solo pone en riesgo el tejido empresarial local —especialmente en sectores como gastronomía, comercio cultural y emprendimientos independientes— sino que contribuye directamente al estancamiento económico del país.
En lugar de asumir parte del ajuste, muchos propietarios insisten en cánones inamovibles que ahogan a sus arrendatarios. El resultado es un ecosistema de negocios cada vez más precario, donde emprender se convierte en una apuesta suicida y donde los puestos de trabajo desaparecen a la misma velocidad con la que crecen los avisos de “se arrienda”.
Colombia necesita urgentemente un debate serio sobre la responsabilidad compartida entre propietarios e inquilinos, así como incentivos o regulaciones que permitan una relación más justa y sostenible. Hacemos un llamado a gremios como FENALCO, ACOPI, la ANDI, y a las cámaras de comercio del país para construir un frente común de solución que defienda la supervivencia del comercio, proteja el empleo y promueva el desarrollo económico local. Ignorar este desequilibrio solo seguirá profundizando la crisis, debilitando el tejido empresarial que Colombia necesita para levantarse.
