La transición hacia la eliminación del plástico de un solo uso no ha sido lineal, pero hay actores que marcan el rumbo.
Colombia está atravesando un momento crucial en su historia ambiental. A un año de la entrada en vigor de la Ley 2232 de 2022, que establece la prohibición progresiva de los plásticos de un solo uso, el país avanza entre retos y oportunidades hacia un modelo más sostenible y circular. En medio de este escenario, empresas como Atica están liderando el camino, demostrando que la gestión responsable de los residuos es posible, rentable y necesaria.
Un año de transición: luces y sombras
La Ley 2232, recientemente reglamentada por la Resolución 0308 de 2024, ha generado una reconfiguración profunda en los modelos de producción, consumo y reciclaje. Esta transformación normativa se articula con otras regulaciones clave como la Resolución 1407 de 2018 (planes de gestión de envases y empaques) y la Ley 2232 de 2022 (criterios de ecodiseño y contenido reciclado), consolidando un ecosistema regulatorio robusto.
Sin embargo, la transición no ha sido uniforme. A pesar de que algunas empresas se han adaptado con innovación y compromiso, otras enfrentan barreras técnicas, financieras y regulatorias. Entre los principales desafíos se encuentran:
- Falta de sustitutos viables a gran escala: especialmente en sectores como alimentos, salud y eventos.
- Desinformación en la cadena: aún hay confusión sobre qué productos están prohibidos y cómo deben ser reemplazados.
- Caída de precios del plástico reciclable: hasta un 40 % menos, debido a la sobreoferta y la baja demanda industrial.
- Incertidumbre normativa y fiscalización débil: la escasa articulación entre autoridades limita la efectividad de la ley.
El pasado 24 de junio, la Plaza de Bolívar en Bogotá amaneció cubierta de materiales reciclables como parte de una protesta simbólica liderada por la Asociación Nacional de Recicladores, en cabeza de Nora Padilla. Con esta acción, los recicladores denunciaron el abandono estatal, la caída del 30 % en los precios del material reciclado y la imposición de rutas de recolección que les restan autonomía.
“Esto no es basura, esto es reciclaje, pero con los precios que tenemos hoy en día pareciera que se quiere considerar basura», declaró Padilla. El caso del PET es alarmante: su precio apenas alcanza los 1.500 pesos por kilo, una cifra que no compensa el esfuerzo de recolección.
Este panorama evidencia que, pese a los avances en la regulación, la implementación de la Ley 2232 aún enfrenta desafíos estructurales. La caída en el valor del material reciclado y las tensiones en la cadena operativa muestran la necesidad de fortalecer los eslabones productivos, logísticos y sociales del sistema de reciclaje.
Atica: liderazgo en la transformación circular
En medio de este panorama, Atica se posiciona como un actor clave en la transición ecológica. La empresa, especializada en gestión ambiental y valorización de residuos, procesa más de 11.000 toneladas de plástico reciclado al año, representando cerca del 5 % del total nacional. Sus cuatro plantas ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla permiten una cobertura estratégica del territorio.
«Vemos un panorama positivo, aunque los avances en el cumplimiento de los objetivos consignados en la norma sean lentos, vamos logrando pequeños pasos significativos en materia de divulgación de la importancia del cumplimiento de estas metas en todo el territorio nacional» menciona leydy Pulido Comercial Nacional posconsumo Atica.
Actualmente, Atica trabaja en un modelo de certificación de materia prima 100 % reciclado posconsumo nacional, para garantizar trazabilidad y cumplimiento normativo.
Ventajas de cumplir con la Ley 2232
Pese a los retos, cumplir con la Ley 2232 ofrece beneficios tangibles para las empresas:
- Evitar sanciones (hasta 5.000 salarios mínimos)
- Mejor posicionamiento de marca en mercados internacionales y licitaciones
- Impulso a la innovación en procesos productivos y logísticos
- Acceso a incentivos tributarios y certificaciones ambientales
- Dinamización del mercado del plástico reciclado, generando empleo e innovación
“La prohibición de ciertos plásticos de un solo uso impulsa la demanda de materiales reciclados, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de empaques sostenibles, mobiliario, piezas industriales y productos innovadores. Esta transformación dinamiza el mercado del plástico reciclado, fomenta la creación de empleo y fortalece el ecosistema de recicladores, empresas transformadoras y negocios verdes.”
Metas y acciones clave hacia 2030
Las normativas actuales establecen metas ambiciosas:
- Botellas PET: 50 % de contenido reciclado en 2025, 90 % en 2030
- HDPE (envases rígidos): 30 % en 2030
- Plásticos para construcción: 80 % en 2025, 90 % en 2030
Además, acciones como “Acción 100” y “Acción 110” buscan que los productores recuperen y reutilicen todo el plástico que ponen en el mercado, certificando su trazabilidad mediante organismos acreditados por ONAC.
Fechas clave de implementación
- 2024 (2 años de entrada en vigor): Prohibición de bolsas de punto de pago, pitillos, mezcladores y otros productos de bajo valor reciclable.
- 2030 (8 años): Eliminación de vajillas plásticas, botellas personales de plástico y empaques para líquidos no preenvasados.
- Diciembre 2024: Actualización obligatoria de Planes de Gestión Ambiental para productores activos antes de diciembre de 2022.
Una oportunidad para transformar el país
La aplicación de la Ley 2232 de 2022 no solo implica restricciones, sino también una oportunidad histórica para el crecimiento de nuevas industrias verdes, la dignificación del reciclaje y la innovación ambiental.
Colombia tiene todo el potencial para convertirse en un referente en economía circular en América Latina, pero esto solo será posible si se articulan esfuerzos públicos, privados y comunitarios. Empresas como Atica, con su compromiso y capacidad técnica, muestran que sí es posible transformar los residuos en recursos y los desafíos en oportunidades.